En la primavera de 2021, Linda Brandmiller trabajaba en un estadio de San Antonio convertido en albergue de emergencia para niños migrantes. Miles de niños dormían en catres mientras el gobierno de Biden lidiaba con una cifra sin precedentes de menores que cruzaban a Estados Unidos sin sus padres.
El trabajo de Brandmiller consistía en ayudar a verificar a los patrocinadores y la habían capacitado para identificar posibles casos de trata. Durante su primera semana, le llamaron la atención dos casos: un hombre le dijo que iba a patrocinar a tres niños para emplearlos en una constructora. Otro, que vivía en Florida, estaba tratando de patrocinar a dos niños que tendrían que trabajar para llegar al norte.
De inmediato se puso en contacto con los supervisores que trabajaban con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia federal responsable de estos niños. “Esto es urgente”, escribió en un correo electrónico analizado por The New York Times.
Pero en unos días, se dio cuenta de que al hombre de Florida le iban a entregar a uno de los niños. Escribió otro correo electrónico, esta vez solicitando la “atención inmediata” de un supervisor y agregó que el gobierno ya había enviado a un niño de 14 años con el mismo patrocinador.
Brandmiller también le envió un correo electrónico al director del albergue. Unos días después, se le retiró el acceso al edificio durante su hora de almuerzo. Nunca le dijeron por qué la habían despedido.
En los últimos dos años, más de 250 mil niños migrantes han llegado solos a Estados Unidos. Miles de niños han acabado en trabajos penosos en todo el país (en el turno de noche en los rastros, cambiando tejados, operando maquinaria en fábricas) que, como demostró una investigación reciente del Times, infringen las leyes de trabajo infantil. Después de la publicación del artículo en febrero, la Casa Blanca anunció cambios en las políticas públicas y sanciones estrictas contra las empresas que contrataran menores de edad.
Pero en todo momento hubo indicios del crecimiento explosivo de esta mano de obra, así como advertencias que el gobierno de Biden ignoró o pasó por alto, según ha descubierto el Times.
Una y otra vez, funcionarios veteranos y contratistas externos informaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso en informes que llegaron al secretario Xavier Becerra, de que los niños parecían estar en peligro. El Departamento del Trabajo publicó comunicados de prensa en los que señalaba un aumento del trabajo infantil. A altos funcionarios de la Casa Blanca se les mostraron pruebas de explotación, como grupos de niños inmigrantes que habían sido encontrados trabajando con equipo industrial o productos químicos cáusticos.
Mientras el gobierno se apresuraba a desalojar los albergues que estaban saturados, los niños eran liberados con poco apoyo en manos de patrocinadores que esperaban que aceptaran trabajos agotadores y peligrosos.
En entrevistas con el Times, los funcionarios expresaron su preocupación por los niños migrantes, pero evadieron la responsabilidad de no protegerlos.
Las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos afirmaron que esta agencia investigaba lo suficiente a los patrocinadores, pero que no podía controlar lo que les ocurría a los niños después de ser entregados a sus patrocinadores. Señalaron que la supervisión de los lugares de trabajo correspondía al Departamento del Trabajo.
Fuentes del Departamento del Trabajo afirmaron que los inspectores se habían centrado más en el trabajo infantil y que compartían detalles sobre los trabajadores con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero afirmaron que este no era un organismo de asistencia social.
Por su parte, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que, si bien los dos departamentos habían ofrecido información sobre el trabajo infantil migrante, los informes no se marcaban como urgentes y no dejaban clara la magnitud del problema. Robyn M. Patterson, vocera de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el gobierno estaba aumentando el escrutinio de los empleadores y revisando su proceso de investigación de patrocinadores.
“Es inaceptable que las empresas estén empleando menores y este gobierno continuará trabajando para fortalecer el sistema a fin de investigar estas violaciones y hacer que los responsables rindan cuentas”, decía el comunicado.
Pero la Casa Blanca se negó a hacer comentarios sobre por qué no reaccionó antes a las señales reiteradas de que los niños migrantes estaban siendo explotados de manera generalizada.
“Si yo lo vi, ellos también podrían haberlo hecho”, dijo Brandmiller, quien también es abogada de inmigración. “Hubo tantas oportunidades de atar esos cabos y nadie lo hizo”. Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia no tenía registro de las inquietudes de Brandmiller. La empresa que gestionaba el albergue de emergencia declinó hacer comentarios.
Brandmiller comentó que seguía preocupada por Antonio Díaz Méndez, el niño de 14 años.
Antonio vive en Florida City, Florida, lejos de su familia en Guatemala. En una entrevista el verano pasado, estaba sentado en el porche enmohecido de una casa abarrotada de otros niños inmigrantes. Dijo que trabajaba largas jornadas en un almacén de refrigeración, empacando verduras para distribución nacional y que hacía meses que no veía a su patrocinador.
Extrañaba a su abuela y a veces pasaba días sin hablar con nadie. Quería ir a la escuela, pero se sentía atrapado porque necesitaba ganar dinero para pagar sus deudas, mantenerse y ayudar a sus hermanos.
Dijo que nadie había ido a ver cómo estaba.
‘Esto es mentira’
Poco después de que el presidente Joe Biden llegó a la presidencia, el creciente número de niños inmigrantes provocó tensiones entre el nuevo gobierno y los funcionarios veteranos.
El presidente había prometido atenerse a una ley de 2008 contra el tráfico de personas que obliga al gobierno federal a aceptar a los niños que viajan solos desde la mayoría de los países y les permite permanecer en Estados Unidos durante el proceso de solicitud de estatus legal, que dura varios años.
Pero la ley no preveía que una pandemia causara estragos en las economías de los países centroamericanos. Los padres, sumidos en una pobreza cada vez mayor, empezaron a enviar a sus hijos a Estados Unidos para que ganaran dinero, como parte de un fenómeno que algunos defensores de los inmigrantes denominan “separación familiar voluntaria”.
En 2021, mientras las imágenes de niños que dormían bajo mantas de aluminio en centros abarrotados acaparaban los titulares, Susan E. Rice, directora de políticas internas de la Casa Blanca, dijo a su personal que la situación era frustrante, según cinco personas que trabajaban con ella. Rice se desahogó en una nota que garabateó sobre un memorando en el que se detallaba la postura de los defensores, que creían que el cierre de la frontera durante la pandemia estaba obligando a los padres a enviar a menores no acompañados, a los cuales a veces se denomina por sus siglas en inglés UC (“Unaccompanied Children”).
“Esto es mentira”, escribió Rice, según una copia del memorando revisado por el Times. “¡Lo que está ocasionando la separación ‘voluntaria’ es nuestra generosidad con los UCs!”.
En un comunicado, Patterson, la vocera de la Casa Blanca, declaró que cualquier sugerencia de que Rice se sentía limitada por las exigencias de la ley era falsa y que estaba “orgullosa de hacer lo correcto y de tratar a los niños con dignidad y respeto”.
Según la ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos es responsable de investigar a los patrocinadores para asegurarse de que velarán por el bienestar de los niños y los protegerán de la trata o la explotación. Pero a medida que los albergues se iban llenando de niños, el departamento empezó a relajar algunas restricciones en la investigación y a instar a los gestores de casos a acelerar el proceso.
Funcionarios que ya llevaban varios años en el departamento se quejaron de que los cambios ponían en peligro a los niños. Los asistentes de la Casa Blanca y los funcionarios del gobierno se exasperaron, pues creían que estos servidores públicos se aferraban a protocolos que mantenían a los niños en refugios cuando lo mejor para ellos era estar en un hogar con un adulto.
“Era una locura”, afirmó Vivian Graubard, asesora de la Casa Blanca que trabajó con Rice en asuntos relacionados con niños migrantes.
Al menos cinco servidores públicos del departamento presentaron quejas y dijeron que fueron despedidos por decir que les preocupaba la seguridad de los niños.
Jallyn Sualog era la funcionaria de carrera más veterana de la división del Departamento de Salud y Servicios Humanos responsable de los niños migrantes no acompañados cuando Biden asumió el cargo. Había ayudado a crear el programa tras la aprobación de la ley de 2008 y, como demócrata de toda la vida, había celebrado la victoria de Biden.
Pero poco después, comenzó a enterarse de que los niños eran entregados a adultos que habían mentido sobre sus identidades o que planeaban explotarlos.
Advirtió a sus jefes en un correo electrónico de 2021: “Si no se sigue haciendo nada, se producirá una catástrofe”. Siguió enviando correos electrónicos sobre situaciones que describió como “críticas” y que “ponían en peligro a los niños”.
Preocupada porque nadie la escuchaba, Sualog presentó una denuncia en otoño de 2021 ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el organismo de control interno de la agencia, y solicitó la protección de los denunciantes. También dio el inusual paso de hablar con miembros del Congreso sobre sus preocupaciones.
“Solo me faltó salir a protestar a las calles, hice todo lo que pude para advertirles”, afirmó Sualog. “Sencillamente, no quisieron escuchar”, concluyó.
A fines de 2021, fue retirada de su cargo. Presentó una queja ante la oficina federal responsable de hacer cumplir las reglas de protección de los denunciantes, con el argumento de que había sido víctima de represalias ilegales.
En otoño pasado, la Oficina del Inspector General dio a conocer un informe sobre el caso de Sualog y varios descensos de categoría y despidos en la agencia que “podrían equivaler a intimidación de denunciantes”.
Sualog llegó a un acuerdo con la agencia, que acordó pagar sus costas legales, y renunció el mes pasado.
Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos declinó hacer comentarios sobre la denuncia de Sualog, pero afirmó que la agencia no toma represalias contra los denunciantes. Aunque algunos empleados no estaban de acuerdo con la estrategia del gobierno, dijo el portavoz, se necesitaban cambios significativos para hacer frente al aumento de niños migrantes no acompañados.
Mientras los empleados veteranos se marchaban, otros seguían activando las alarmas. En enero, poco antes de que se publicara la investigación del Times, un grupo de trabajadores envió otro memorando a sus jefes del Departamento de Salud y Servicios Humanos en el que afirmaban que el sistema había permitido entregas poco seguras de niños. “Estamos quitándole lo humano a ‘Salud y Servicios Humanos’”, escribieron.
Tendencias preocupantes
Algunas de las advertencias más insistentes de que los niños estaban siendo canalizados hacia trabajos peligrosos provenían de fuera del gobierno. El Departamento de Salud y Servicios Humanos entrega a la mayoría de los niños a sus patrocinadores sin ningún tipo de seguimiento, pero contrata a organizaciones para que proporcionen a miles de los niños de mayor riesgo servicios de apoyo durante varios meses.
La primavera pasada, Matt Haygood, director sénior de servicios infantiles del Comité Estadounidense para los Refugiados y los Inmigrantes, una de las organizaciones más grandes de este tipo, envió un correo electrónico con el asunto: “Preocupaciones de trata” a varios funcionarios del departamento.
“Hemos identificado algunas tendencias preocupantes en el área metropolitana de Chicago”, escribió, como camionetas que recogen a los niños a horas inusuales, lo cual sugiere que se les lleva a trabajar a fábricas. Haygood le pedía al departamento que considerara incluir a este barrio a una lista de vigilancia, de modo que los posibles patrocinadores fueran investigados con mayor detalle.
Un empleado del departamento contestó que más de 200 niños, la mayoría originarios de Guatemala, habían sido entregados recientemente en el barrio y confirmó que muchos de esos casos habían sido marcados como sospechosos: los adultos patrocinaban a varios niños y los menores trabajaban en lugar de asistir a la escuela.
“Ciertamente, hay muchas otras señales de alerta relativas al tráfico de personas”, escribió el empleado del departamento. Haygood esperaba que la agencia añadiera más salvaguardias para los niños liberados en la zona, Little Village, pero el departamento consideró que no eran necesarias.
En respuesta al Times, un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que este ya había instaurado protecciones para los niños que eran entregados en algunas calles de la ciudad y que en ese momento consideró que ampliar esas medidas era una extralimitación.
Otras organizaciones de servicios sociales afirmaron que también habían detectado una serie de casos sospechosos, por ejemplo, en Nashville, Tennessee, y Dallas.
“Estamos esperando la comparecencia ante el Congreso que plantee la pregunta: ‘¿Cómo fue que les pasó esto a todos estos niños?’”, comentó Haygood. En los últimos dos meses, líderes en el Congreso de ambos partidos han cuestionado por qué tantos niños migrantes terminaron en trabajos de explotación y hay dos audiencias de supervisión programadas para el martes en la Cámara de Representantes.
Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia era consciente de que algunos niños migrantes trabajaban muchas horas porque enfrentaban una intensa presión para ganar dinero, pero que la responsabilidad legal de la agencia sobre los niños termina una vez que son puestos en libertad. Aun así, aseguró que el departamento está trabajando para proporcionar unos meses de seguimiento de casos a todos los niños migrantes no acompañados.
Por ahora, la mayoría de los niños entregados a patrocinadores cuentan con poca asistencia, fuera de una línea de atención telefónica del departamento. Según documentos internos obtenidos por el Times, las denuncias de trata a esa línea de atención telefónica aumentaron alrededor de un 1300 por ciento en los últimos cinco años.
En una llamada del año pasado, un niño que vivía en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que su patrocinador le había encontrado un trabajo en un restaurante y le dijo que “necesitaba trabajar para comer”. En otra, un menor contó que su patrocinador nunca lo inscribió en una escuela después de que un albergue en El Paso, Texas, se lo entregó, y lo obligaba a pagar la renta y la comida.
Un vocero del departamento dijo que la agencia pide a las autoridades locales que vayan a ver a los niños que pudieran estar en peligro.
Señales de alarma
En la Casa Blanca, Rice estaba en el centro de la crisis de los niños migrantes. Mientras presionaba para sacar a los niños de los refugios con mayor rapidez, empezaron a surgir pistas sobre lo que les ocurría al salir.
En el verano de 2021, antes de llegar al momento más álgido de la crisis en la frontera, los responsables del Departamento de Salud y Servicios Humanos redactaron un memorando en el que detallaban su preocupación por el aumento de informes que indicaban que los niños trabajaban con sus patrocinadores, un indicio de posible tráfico ilegal de mano de obra. El equipo de Rice recibió el memorando, y también se informó a Rice de lo que decía, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.
Andrew J. Bates, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, rebatió esa afirmación, con el argumento de que Rice “no vio el memorando y no se le hizo partícipe de su contenido”.
Más o menos al mismo tiempo, el equipo de Rice fue informado de la preocupación por un gran grupo de niños que habían sido liberados en una ciudad de Alabama, según seis empleados actuales y anteriores. La situación fue objeto de frecuentes actualizaciones, ya que el departamento envió a gestores de casos a la ciudad para comprobar el estado de los niños y se coordinó con el Departamento del Trabajo y con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para averiguar si trabajaban en plantas avícolas.
Un exasesor de alto nivel de la Casa Blanca recordó haber pensado en aquel momento que lo que estaba sucediendo era preocupante y que sugería que otros casos podrían estarse pasando por alto.
Un vocero de la Casa Blanca negó que altos funcionarios hubieran sido informados de la situación.
Unos meses después, el personal de Rice se enteró de que el departamento no podía establecer contacto con un número cada vez mayor de niños apenas un mes después de su salida de los albergues, según un ex alto funcionario de la Casa Blanca.
Pero la Casa Blanca trató en gran medida estos sucesos como hechos aislados, no como indicios de un problema creciente.
Tyler Moran, quien era asesora sénior de Biden en materia de migración en aquel momento, comentó que dependía de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijera cómo sopesar la información, como el memorando de los directivos preocupados del departamento y las llamadas sin respuesta a los niños. Los empleados de la agencia, afirmó, no habían señalado que hubiera una crisis de trabajo infantil más grande. “La Casa Blanca dejaba en manos de las agencias la tarea de hacernos saber cuándo de verdad estábamos ante un problema”, comentó Moran.
El Departamento del Trabajo estaba enviando sus propias señales. En 2022, los investigadores comenzaron a dar a conocer indicios de trabajo infantil migrante en lugares de trabajo industriales, incluidas varias fábricas de autopartes del sur. El departamento emitió comunicados de prensa que advertían de un aumento de las violaciones relacionadas con el trabajo infantil.
El verano pasado, los investigadores laborales realizaron un operativo importante en una empresa de limpieza con el que descubrieron que más de cien niños, en su mayoría hispanos, estaban trabajando en el turno de la noche limpiando plantas empacadoras de carne de todo el país. Muchos de los niños habían pasado por el sistema de albergues para migrantes y habían sido entregados a patrocinadores.
A medida que los investigadores descubrían que cada vez había más niños migrantes trabajando para la empresa de limpieza en todo el país, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informó al equipo de Rice sobre la situación con cierta regularidad a lo largo de varios meses, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.
El Departamento del Trabajo también incluyó detalles sobre la empresa de limpieza y las fábricas de autopartes en informes semanales a nivel de gabinete. “La situación era: ‘Tenemos problemas aquí’”, dijo Martin J. Walsh, secretario de Trabajo hasta el mes pasado. “Enviábamos informes a la Casa Blanca, para que supieran que estábamos trabajando en ello”, agregó.
Cuando el Departamento del Trabajo actualizó su tablero público en diciembre, mostró un aumento del 69 por ciento en las violaciones de las leyes de trabajo infantil desde el año 2018.
Un vocero del Departamento del Trabajo afirmó que la Casa Blanca sabía del aumento del trabajo infantil porque fue de conocimiento público. Pero Bates, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, dijo que los funcionarios de ese organismo no supieron del aumento del trabajo infantil sino hasta el informe de febrero del Times.
