Sin embargo, persiste el acalorado debate sobre la que es considerada la ley de inmigración más severa en Estados Unidos.
Las autoridades del estado de Arizona anticiparon una posible apelación, mientras el gobierno federal expresó satisfacción por el fallo y México consideró que la decisión fue un primer paso positivo.
El fallo de Bolton fue una importante victoria para el gobierno del presidente Barack Obama y otros opositores de la medida, aunque la situación podría resolverse en definitiva hasta la posible intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Entre las porciones de la ley que fueron bloqueadas está la que requería a los policías solicitar la licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad si tenían razones para sospechar que una persona ingresó sin documentos al país. Esos controles de inmigración debían realizarse por los agentes mientras hacían cumplir otras leyes u ordenanzas.
Otras disposiciones de la ley, muchas de ellas de procedimiento o revisiones ligeras a la vigente ley de inmigración de Arizona, entraron en vigencia el jueves.
La gobernadora Jan Brewer dijo el miércoles recién pasado que el estado podría tratar de revertir la decisión sobre la llamada ley SB1070.
El fallo “es un bache en el camino; vamos a avanzar y estoy segura de que tras consultar con nuestros abogados, vamos a apelar”, dijo Brewer en declaraciones a The Associated Press.
“Hemos sabido todo el tiempo que (la inmigración) es responsabilidad de las autoridades federales y ellos no han hecho su trabajo como es debido, así que vamos a ayudarles”, insistió.
El Departamento de Justicia federal, que impugnó la constitucionalidad de la ley al igual que otras organizaciones e individuos, dijo que la juez actuó correctamente al bloquear la mayoría de las partes más polémicas de la legislación.
“Los estados pueden desempeñar y desempeñan un papel en cooperar con el gobierno federal a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero deben hacerlo dentro del marco de nuestra Constitución”, dijo la portavoz del departamento, Hannah August, en una declaración.
La secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, dijo que el fallo era el “primer paso en la dirección correcta”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Espinosa agregó que el gobierno mexicano dará seguimiento al proceso judicial “hasta que se produzca la declaración de inconstitucionalidad de la ley SB1070”.
La secretaria agradeció a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú que se sumaron a una moción presentada por México en la corte estadounidense.
Brewer firmó en abril la ley, que reavivó el debate nacional sobre la inmigración meses antes de las elecciones de noviembre.
Asimismo, la medida ha inspirado leyes similares en otras partes, motivó un boicot contra Arizona y llevó a numerosos inmigrantes ilegales a salir de ese estado.
El fallo se produjo justo cuando la policía realizaba preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras los activistas planeaban grandes manifestaciones en contra.
Al menos un grupo de activistas pensaba despojarse de sus documentos de identificación en Arizona antes de bloquear el acceso a las oficinas federales, en un abierto desafío a la policía para que les pidiera sus documentos.
En Phoenix, el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, anunció su 17ta batida contra la delincuencia y la inmigración ilegal, sin considerar el fallo de la juez Bolton.
“No esperamos. Nos limitamos a actuar”, dijo Arpaio, conocido por su posición dura. “Si existe una nueva ley, la haremos cumplir”.
Impúlso a reforma migratoria
Activistas y líderes comunitarios de Arizona se concentrarán hoy en Phoenix y otras ciudades del estado para exigir una reforma migratoria de inmediato, tras lograr el bloqueo de partes de una polémica ley contra los indocumentados.
Se han convocado para este jueves protestas y vigilias de oración, en el marco de una nueva militancia.
La comunidad inmigrante celebra el dictamen del miércoles de la jueza federal Susan Bolton, que bloqueó las partes más polémicas de la ley SB1070 contra los indocumentados.
