Así lo determinó este 19 de noviembre Cynthia Bashant, jueza federal con sede en California, que bloqueó de esta manera la intención del Gobierno de hacer retroactiva la exigencia de acudir antes a un “tercer país seguro”, como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, a los solicitantes de asilo en la frontera.
Los defensores de los migrantes habían advertido que la retroactividad afectaba a miles de solicitantes que llevaban más de cuatro meses esperando presentar su petición de asilo.
La Administración de Trump anunció el pasado 15 de julio una normativa que impide otorgar asilo a quienes no lo soliciten antes en un “tercer país seguro”.
La medida, que entró en vigor al día siguiente de ser anunciada, también podía ser aplicada a inmigrantes que esperaban en la frontera antes de esa fecha, lo que llevó a las organizaciones Al Otro Lado, Southern Poverty Law Center (SPLC), Center for Constitutional Rights, y American Immigration Council a presentar una acción legal.
“La orden de hoy protegerá las vidas de los solicitantes de asilo que se vieron obligados a soportar dificultades extremas mientras esperaban en ciudades fronterizas peligrosas durante meses su oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos”, dijo en un comunicado Erika Pinheiro, abogada de Al Otro Lado.
La decisión de la magistrada Bashant impide “negar categóricamente” asilo a aquellos solicitantes que deberían haber sido procesados hace meses y que no cumplen con la norma del tercer país seguro, resaltaron los abogados.
Melissa Crow, abogada supervisora del Proyecto de Justicia de Inmigrantes de SPLC, advirtió que “si bien aún queda un largo camino por recorrer, el fallo es importante para los miles de solicitantes de asilo que siguieron las ‘reglas’ y esperaron su turno”.
“Estas personas vulnerables, muchas de las cuales esperaron meses para solicitar asilo, simplemente desean tener la oportunidad de que se escuchen los méritos de sus casos”, agregó Crow.
Los defensores de los migrantes recomendaron a todos aquellos solicitantes de asilo que llegaron a los puertos fronterizos estadounidenses antes del 16 de julio y se anotaron en la lista guardar las pruebas que demuestran que hicieron la petición antes de esa fecha.
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