Autoridades de 10 países se reunieron este fin de semana en Palenque, Chiapas, México, convocados por el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, movidos por la grave crisis migratoria que atraviesa la región, desde Venezuela hasta la frontera sur de EE. UU., con la idea de alcanzar consensos de posibles soluciones.
Los países firmaron una declaración de 14 puntos que pueden dividirse en dos vertientes, la primera la necesidad de fomentar acciones para que los países alcancen un nivel de desarrollo y bienestar que eviten que sus ciudadanos migren de forma irregular.
La otra, la necesidad de abordar el tema con una perspectiva humanitaria y con respeto a los derechos humanos. En el punto tres de la declaración, incluso, los países instan a levantar “las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región, en tanto son contrarias a derecho internacional y tienen graves repercusiones”.
En el pasado también se han producido reuniones, cumbres y pronunciamientos conjuntos de los países cada vez que la migración irregular alcanza niveles de crisis.
En 2014, a raíz del incremento de menores de edad no acompañados que estaban llegando a la frontera sur de EE. UU., hubo reuniones entre autoridades de este país, México, así como de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El entonces vicepresidente de EE. UU. —ahora presidente—, Joe Biden, visitó Guatemala. A raíz de esa crisis surgió el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Este planteaba ambiciosos objetivos e inversiones multimillonarias, pero nueve años después la situación socioeconómica en Guatemala no ha cambiado.
En 2019, de nuevo, los presidentes del estos tres países centroamericanos sostuvieron una serie de reuniones con autoridades mexicanas para concretar el Plan de Desarrollo Integral, cuyo objetivo era alcanzar el desarrollo sostenible de los países para “mejorar la calidad de vida de la población”.
A la fecha, el Plan sigue vigente, pero no se conocen resultados palpables.
Pocas esperanzas
El acuerdo, el cual también dice que se elaborará un “plan de acción para el desarrollo, basado en los objetivos prioritarios y entendiendo las realidades de cada país”, se alcanzó un día después de que EE. UU. oficializara que las detenciones en la frontera sur, en el año fiscal 2023, superaron los dos millones.
Los analistas consideran que hay pocas expectativas de que estos acuerdos se materialicen.
“Se dan reuniones de manera recurrente, pero no se ven materializados los resultados en el fenómeno que, se supone, pretenden atender, que es la migración irregular y las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos de las personas que van en la ruta migratoria”, expuso Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies).
Advirtió que, si el acuerdo no se materializa en políticas que beneficien a las comunidades expulsoras de migrantes no se obtendrán resultados distintos “porque estamos haciendo lo mismo”. Los países se reúnen al más alto nivel, pero “no se percibe más allá de hacer una carta de buenos deseos”, añadió.
Para el analista, la coyuntura migratoria actual no es una crisis, sino un problema estructural que tiene su solución, principalmente, en mejorar las condiciones de vida de las personas; sin embargo, lamentó que “a muy pocos les interesa” hacerlo porque “las remesas tienen a muchos muy cómodos por los altos niveles de consumo que hay en el país”.
Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), agregó que el “tendón de Aquiles” de este acuerdo, como otros, puede ser la falta de los recursos desde los estados para hacerlo viable. “Si un plan no tiene el brazo del financiamiento tiende a diluirse y a que no se concrete”, adelantó.
A su consideración, Guatemala también debe revisar su matriz económica para analizar cuánto se requiere cambiar de un modelo que “hoy solo beneficia a unos pocos y va en detrimento de otros”.
Subrayó que los países de origen de la migración tienen que ofrecer mejores condiciones de vida y gestionar de manera humanitaria los flujos, pero que EE. UU. e incluso Canadá tienen que proporcionar más opciones para migrar de forma regular.
Derechos humanos
Aracely Martínez, directora de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle, coincidió en que, en el pasado ha habido otras cumbres de jefes de Estado y comunicados similares que se han quedado en buenas intenciones.
No obstante, destacó el enfoque en derechos humano del pronunciamiento y consideró que este puede ser un punto de partida para generar una plataforma para que los países de la región puedan instalar una plataforma de negociación con EE. UU.
El objetivo debería ser un “lobby regional que gestione la migración segura y ordenada” algo que siempre se ha solicitado por parte de la sociedad civil.
Estos cabildeos deben hacerse como región ya que, como países en solitario, hay poco peso para negociar con EE. UU., dijo Martínez. Debe haber un consenso y poner sobre la mesa beneficios migratorios, como el TPS o más permisos legales de trabajo, añadió.
Sin embargo, la gran duda es si Washington estaría dispuesto a negociar o a dejar de hacer presión para que se implementen medidas coercitivas en contra de los migrantes. De hecho, EE. UU. no firmó la declaración y no participó en la cumbre.
Dabroy recordó que EE. UU. es quien “dobla el brazo” de los gobiernos al amenazar con medidas económicas, de seguridad o de cualquier índole y que “estas acciones de carácter restrictivo se dan en función de las presiones” de esta potencia mundial.
Si EE. UU. quiere que los países implemente medidas coercitivas, estos lo hacen porque “la capacidad de negociación —entre los países— es asimétrica”, detalló.
Ausencia
En la cumbre fue notoria la ausencia de Guatemala y Nicaragua como países expulsores de migrantes, en contraparte Honduras fue representado por la presidenta Xiomara Castro y El Salvador por su vicepresidente Félix Ulloa.
Por esa razón, Guatemala no firmó la declaración. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que solo hubo presencia de representantes del gobierno electo.
La Cancillería guatemalteca no respondió si hubo representación nacional, mientras que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que “se tuvieron las comunicaciones respectivas entre gobiernos, por medio del canal correspondiente”.
El analista político Renzo Rosal calificó la ausencia de “grave” e injustificable, aunque la administración de Alejandro Giammattei vaya de salida. “Si al presidente o al canciller no le gusta sentarse con Nicolás Maduro o Gustavo Petro, mala suerte. No es un tema de simpatías, sino de Estado”, remarcó.
