“La imposición de acuerdos con terceros países seguros y el acuerdo recientemente anunciado con Guatemala, están destinados al fracaso”, precisó el MPI en un análisis efectuado sobre la coyuntura migratoria, en el cual hace un repaso sobre los precarios indicadores económicos, políticos y de seguridad que tiene el país al igual que sus vecinos del Triángulo Norte de Centroamérica.
En cambio, el Instituto sugiere trabajar con México, Canadá y el alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en procesos regionales que mejoren la capacidad para atender un número creciente de casos de asilo, así como admitir como refugiados a aquellos con reclamos válidos.
El MPI también subraya la importancia de restaurar la cooperación hacia los países del Triángulo Norte que se traducían en programas de ayuda que combatían la violencia, el cambio climático y consecuentemente mejoraban los niveles de vida de ciertas comunidades y que fueron suspendidos “justo cuando comenzaban a dar resultados”.
A criterio del Instituto, “las formas en que las cambiantes condiciones demográficas y económicas, la sequía, la violencia y la corrupción política se entrelazan” se convierten en motores de la migración.
Contrario a lo que podría esperarse, el aumento sin precedentes de la migración desde Centroamérica, especialmente del Triángulo Norte ha ido de la mano con los cambios radicales de las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Trump.
“Paradójicamente, esta transformación sólo ha profundizado la crisis. La rápida sucesión de medidas cada vez más punitivas que se ofrecen como soluciones rápidas ha tenido el efecto contrario al deseado”, dice el informe del Instituto, que cita una publicación del medio Vice News, en la cual se afirma que los coyotes dicen a las personas que ahora es el momento de migrar porque las condiciones pueden empeorar.
El informe destaca que este año fiscal las detenciones de personas no autorizadas que cruzaron la línea fronteriza podría acercarse a un millón, el doble del 2018 y el triple del 2017.
Medidas de asilo
Una de las conclusiones del análisis se centra en la necesidad de mejorar la política de asilo estadounidense puesto que el retraso en la atención de casos hace que los migrantes esperen años luego de ser arrestados en la frontera para su audiencia en la corte, lo que se convierte en un atractivo para los centroamericanos.
En tal sentido, sugiere convertir el sistema de asilo en eficaz para aquellos solicitantes que huyen de reales amenazas y diferenciarlos de los migrantes económicos puesto que el sistema actual toma demasiado tiempo para decidir si estos tienen derecho a asilo u otras formas de protección.
“Estas prácticas ayudan a explicar por qué más de la mitad de los inmigrantes detenidos durante los primeros nueve meses del año fiscal 2019 han emigrado en familias”, apunta el Instituto.
En estudio revela cómo los migrantes desde el Triángulo Norte detenidos en la frontera sur de EE. UU. superaron a los mexicanos que para el 2008 representaban el 70 por ciento del total de arrestos. En los años siguientes los mexicanos indocumentados detenidos fueron disminuyendo al punto que para el 2019 son el tercer grupo de aprendidos, detrás de Guatemala y Honduras, y aún por encima de El Salvador.
Asimismo, da a conocer que las unidades familiares originarias de Guatemala que se entregan a las autoridades de la Patrulla Fronteriza han sido las más numerosas este año y representan más del 40 por ciento del total de capturas que suman más de 688 mil.
Razón de la migración
El análisis del Instituto también dedica un pasaje importante a las razones teóricas que empujan la migración y que tienen que ver con una combinación demográfica, económica, climática, de seguridad y factores políticos, sobre todo de Guatemala y Honduras.
Destaca, por ejemplo, que Guatemala con sus 17 millones de habitantes representa el 53% del total de la población del Triángulo Norte, lo cual puede explicar la tendencia de la migración; además tiene la tasa de fecundidad más alta de la región (2.8%) y una población elevada de menores de 15 años (40%).
A esa explosión demográfica de Guatemala se suma un ingreso per cápita muy bajo, US$8 mil, igual que El Salvador, mayor que Honduras (US$5 mil), pero muy por debajo de México que suma US$18 mil y EE. UU., US$60 mil.
En una encuesta dada a conocer en el 2017, migrantes guatemaltecos deportados respondieron que en EE. UU. ganaban 13 veces más de lo que percibían en Guatemala antes de viajar al norte.
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Otras de las razones que aborda el estudio es el cambio climático. En ese sentido, afirma que las sequías “de años” han acentuado las dificultades económicas, sobre todo a pobladores del Corredor Seco que abarca una importante extensión del territorio guatemalteco, además de El Salvador y Honduras.
El análisis destaca que la sequía más severa, ocurrida en 2014 y 2015 coincidió con el incremento de la migración hacia EE. UU. y aunque la severidad del fenómeno climático disminuyó en los dos años siguientes, para el 2018 de nuevo se registró una canícula que en algunas áreas causó hasta 62 días sin lluvia. Se calcula que en el Corredor Seco vive 1.3 millones de guatemaltecos, 4.1 millones de hondureños y 50 mil salvadoreños.
“Con las pérdidas de los alimentos básicos en toda la región, causadas por la sequía, muchas familias que subsisten de la agricultura no tienen suficiente para comer o vender, y el costo de los alimentos aumenta y genera inseguridad alimentaria generalizada”, puntualiza el MPI, que estima que es Guatemala el país donde se padecen más los efectos de este fenómeno natural.
El Instituto también señala como causas de la migración la violencia y la inestabilidad política en la región, y en este segundo aspecto señala que en los tres países se han emprendido acciones contra la corrupción, pero particularmente en Guatemala y Honduras, políticos han hecho esfuerzos por estancarlas, y cita como ejemplo que el gobierno de Jimmy Morales se negó a extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), misión de la ONU, que junto con el Ministerio Público, encarceló a cerca de 200 funcionarios del gobierno actual y de anteriores.
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No obstante, el estudio destaca que en el caso de El Salvador parece estar en condiciones de enjuiciar a los corruptos y menciona que el presidente Nayib Bukele ofreció instalar una institución similar a la Cicig para investigar casos de corrupción.
“Demografía, la economía, la sequía, la violencia y la corrupción política se entrelazan en gran parte como impulsores de la emigración de los países”, subraya el análisis, que cita una encuesta efectuada a migrantes en la cual se refirieron a una mezcla de estas respuestas cuando se les consultó sobre su motivación para migrar.
Finalmente, también señala los factores de atracción de EE. UU., entre ellos, el empleo la reunificación familiar.
Acciones contradictorias
Respecto al estudio, el exvicecanciller Erick Maldonado expuso que este es una más de las voces sensatas que se han pronunciado en contra de la firma del acuerdo migratorio firmado entre EE. UU. y Guatemala.
Precisó que “el problema no sería el alto número de hondureños ni salvadoreños que vendrían a Guatemala, sino la incapacidad institucional del estado de Guatemala de dar una respuesta” a estas personas.
Respecto al recorte de ayuda económica de EE. UU. hacia el Triángulo Norte, Maldonado calificó de contradictorio el hecho de que mientras se le ponen más cargas a Guatemala con la firma del acuerdo, se le recorte la cooperación cuyo fin es para que haya más capacidad institucional.
Por esas razones, el analista precisó que el convenio se firmó bajo la sombrilla de la “diplomacia de la imposición” ya que solo benefició a EE. UU. mientras el estado de Guatemala actuó “de forma excesivamente pasiva”.
“No fue una negociación adecuada del convenio puesto que está claro que solo uno de los estados es el beneficiario, mientras Estados Unidos recibió derechos y beneficios a Guatemala se le impusieron solo cargas y obligaciones”, apuntó.
El exvicencaciller indicó que el Estado de Guatemala debe deberá volver a ganarse la confianza de los cooperantes quienes, en tres años y medio, han sido testigos del debilitamiento de la lucha contra la corrupción y de una política exterior incoherente que hablaba de soberanía, pero que en 48 horas se doblegó ante las amenazas de EE. UU. y firmó el acuerdo de tercer país seguro.
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