El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin McAleenan, que se encuentra desde ayer en el país, dijo a periodistas estadounidenses el 26 de julio, día en que se firmó el acuerdo migratorio con Guatemala: “Es la culminación de un esfuerzo prolongado con Guatemala y otros socios en la región, para desarrollar planes y procesos conjuntos para tomar responsabilidad y propiedad compartida del desafío de la migración y los fenómenos de la migración que estamos enfrentando en toda la región”.
Según su explicación, Costa Rica y Panamá son parte de estas conversaciones con EE. UU.
“El miércoles —23 de julio—, recibí a los ministros de Gobierno y de Gobernación, no solo de Guatemala, Honduras y de El Salvador, sino también de Costa Rica y Panamá, aquí en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, para hablar acerca de las oportunidades de una alianza continuada para intentar romper el agarre de las organizaciones de tráfico de personas sobre el flujo de migrantes hacia la frontera de los Estados Unidos”, explicó el funcionario estadounidense.
El secretario no detalló qué tipo de acuerdo o negociación se sigue con ambos.
Colaboración regional
En esa oportunidad, el secretario confirmó que el Acuerdo Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección, que en EE. UU. se denomina Acuerdo de Tercer País Seguro, “es el siguiente paso”, pues es el tercero que se firma por parte del Departamento de Seguridad Nacional desde marzo a la fecha.
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De esos tres acuerdos, dos son con Guatemala —el de asilo y uno operativo que busca luchar contra el tráfico de personas— y un tercero, que es una firma multilateral con los gobiernos de Centroamérica, también para la lucha contra el tráfico de personas.
“Este acuerdo con Guatemala nos permite extender esa colaboración regional y, como lo señaló hoy —26 de julio— el presidente —Donald Trump—, en el Despacho Oval, la intención es continuar haciendo alianzas con los gobiernos regionales, para hacer todo en concierto”, afirmó el secretario de Seguridad Interna de EE. UU.
Además, destacó el acuerdo que se firmó con México, el cual aborda el problema de la migración “desde la perspectiva operativa”.
“País no es inseguro”
Durante esa conversación, Abigail Hauslohner, periodista de The Washington Post, cuestionó al secretario sobre las medidas que Estados Unidos tratará para responder a las inquietudes de los futuros solicitantes de asilo respecto de la inseguridad en Guatemala, a lo que el funcionario respondió que consideraba arriesgado etiquetar a Guatemala como un país inseguro.
“Creo que es arriesgado etiquetar a un país completo como inseguro”, expresó, a lo que agregó: “Eso es con frecuencia pintamos a Centroamérica con una brocha muy ancha. Guatemala ha tenido una reducción significativa en su tasa de asesinatos y en la tasa de crímenes violentos en los últimos cinco años. Anticipamos que eso seguirá así”.
La pregunta de la periodista respondía a la supuesta alerta que el Gobierno de Estados Unidos emitiría respecto del riesgo de que en Guatemala se podría ser víctima de crímenes, robos violentos, narcotráfico, una policía debilitada e infiltrada por el crimen organizado.
La espera para los guatemaltecos
Mientras Guatemala se convirtió en el lugar en donde hondureños y salvadoreños esperarán por una resolución a su solicitud de asilo, los guatemaltecos que viajen de forma irregular a EE. UU. deberán hacerlo en México.
“El gobierno de los Estados Unidos se ha permitido enviar a solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños a Guatemala, hacer que los guatemaltecos esperen en México y deportar a miles de personas que hasta hace poco podrían haber calificado para la protección humanitaria”, señala un reporte de The Washington Post.
En esa publicación se indica que “presionar a México, Guatemala y otras naciones de la región parece ser el camino más rápido de la administración Trump para una aplicación más estricta”.
#EfectoTrumpGT | @PDHgt @JordanRodas envía carta a @DHSMcAleenan para manifestar su preocupación porque el Gobierno de #EEUU continúa separando a los niños migrantes de sus padres y lo exhorta a que se detengan las violaciones de #DerechosHumanos pic.twitter.com/EjMMUBq5ih
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Los acuerdos
A principios de junio, EE. UU. firmó con México un acuerdo que contempla que ese país debía desplegar seis mil efectivos de su recién creada Guardia Nacional en su frontera con Guatemala.
La amenaza de Trump era aplicar aranceles a todos los productos mexicanos. Además, México se comprometió a ampliar el programa Protocolos de Protección a Migrantes, que permite que EE. UU. envíe a su territorio migrantes que ingresaron de forma ilegal, mientras tramitan sus solicitudes de asilo.
México también lidera el Programa de Desarrollo Integral, que ofrece atacar las causas estructurales de la migración y al que ya se adhirieron El Salvador y Honduras. Dicho plan contempla una inversión inicial de US$30 millones.
Este miércoles lanzó el “Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados”. Con este plan se plantea otorgar “intervenciones especializadas que, además de garantizar sus derechos, aborden sus necesidades específicas y les ofrezcan oportunidades y caminos de vida”.
En México el primer programa consiste en plantar más de 200 mil hectáreas en la frontera sur, con el nombre “Sembrando Vida”.
Días después, México anunció la transferencia de US$50 millones a El Salvador para que en ese país también comience el mismo programa y generar empleo a través de la reforestación de 50 mil hectáreas.
El 19 de julio, el ministro de Trabajo de El Salvador anunció la firma de un nuevo convenio de visas temporales para que agricultores salvadoreños viajen a trabajar de manera legal a Estados Unidos, “con salarios justos y respeto a sus derechos humanos”.
#EfectoTrumpGT | ¿Cree usted que Guatemala es un país seguro? https://t.co/DsxuBhaijb
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El 29 de julio, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, acordaron un modelo de cooperación en el que México aportará US$30 millones para financiar programas sociales en Honduras.
EE. UU. y El Salvador firmaron el 21 de julio un acuerdo para la lucha conjunta contra el narcotráfico, las pandillas y la migración.
El documento fue firmado por el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e incluyó la utilización por cinco años más del Centro de Monitoreo antidrogas instalado en el aeropuerto monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Comalapa, El Salvador.
También hay un plan para luchar contra las pandillas, específicamente la MS-13, debido a que hay presencia de esta en 40 de los 50 estados de EE. UU.
Pompeo aseguró que ya hay en marcha una inversión privada de US$350 millones en una planta de gas natural.
México lanzó el 31 de julio el “Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su implementación”.
Con este plan se plantea otorgar “intervenciones especializadas que, además de garantizar sus derechos, aborden sus necesidades específicas y les ofrezcan oportunidades y caminos de vida”, según un comunicado emitido por el Ejecutivo de ese país.
El modelo se anunció como un programa alineado a las directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños y consta de cuatro etapas: Identificación, primera acogida, segunda acogida y egreso o reintegración o acompañamiento hacia la vida independiente de los menores.
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