Jurídicamente, puede estar bien hecho, pero en el fondo existen problemas, ya que como está constituido prácticamente se privatizan los recursos del IGSS, lo cual viola la Constitución Política de la República, opinó el abogado.
Según Monterroso, hay 4 anomalías graves en el contrato:
Una, es que una entidad estatal debe controlar el Comité Técnico del Fideicomiso para tener pleno control de los recursos, y en este caso es la ONG quien lo posee.
Esto implica una privatización de los recursos, ya que quien dispone de los mismos es Asodegua y no el IGSS, indicó.
Además, no contempla la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, por tratarse de fondos públicos.
Monterroso indicó que Asodegua al constituir el fideicomiso cae en simulación de contrato, ya que el verdadero fideicomitente es el IGSS.
El último punto que menciona el abogado, es que si se hubiera querido dar transparencia al fideicomiso y por tratarse de fondos del Seguro Social, esta operación debió haberse hecho de conocimiento general y publicado en el diario oficial.
