A lo largo de las trágicas dictaduras que ha vivido el país, sin duda el componente que más ha contribuido a la entronización de sátrapas es la actitud servil de funcionarios y allegados que no solo se vuelven incapaces de identificar y menos aún de señalar con espíritu crítico los yerros propios, sino que se transforman en acérrimos atacantes de quienes denuncian los desmanes.

Con la era democrática, los aspirantes a tiranuelos no han faltado, pero la regulación constitucional ha restringido sus aspiraciones absolutistas. Aun así afloran los impulsos iracundos, como el reciente exabrupto del presidente Jimmy Morales, quien en su afán de expulsar al jefe de la Cicig incurrió en faltas de fondo y forma que le acarrearon un desgaste severo que ahora busca subsanar con diálogos apresurados que bien pudo haber hecho antes de forma transparente.

La Corte de Constitucionalidad nuevamente sale al paso de los adefesios legales, y así como le enmendó la plana a Jorge Serrano Elías en 1993, ha anulado de pleno derecho la arbitraria orden presidencial, por no cumplir con los requerimientos de ley, gracias a un amparo interpuesto por el recién estrenado procurador de Derechos Humanos, el abogado Jordán Rodas, quien demostró que cuando hay conocimiento y oportuna aplicación de las leyes prevalece el mejor interés de la Nación.

El fallo le dio, además, al mandatario una oportunidad de sentarse a discutir de manera serena y madura las controversias, así como devolver la cordura al país. Sin embargo, poco le ayudan integrantes de su partido, FCN-Nación, que insisten en pedir la expulsión del comisionado, bajo otros pretextos pero con el mismo trasfondo de ira por el señalamiento que el MP y la Cicig hicieron al financiamiento electoral ilícito de esa organización.

A esos bizarros esfuerzos se suma ahora la diputada oficialista y tránsfuga Patricia Sandoval, quien obtuvo la curul por el partido Todos pero pronto se cambió de camisola, traicionó a sus electores y se vistió con los colores del oficialismo, donde muy rápidamente empezó a exponer su carácter abrasivo, al punto de conseguir una orden judicial contra el jefe de bancada, Javier Hernández, por supuesto acoso.

Dicha diputada, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, en un nuevo afán de protagonismo ha tenido la brillante idea de citar al procurador Jordán Rodas, cuyo mayor mérito es haber detenido la impulsiva orden de expulsión dictada por el mandatario Morales, ex secretario general del partido oficialista FCN-Nación.

Los diputados no solo pasan los días sin mayor productividad, sino que aprovechan su presencia en el hemiciclo para velar por sus propios intereses, como ocurrió ayer, cuando en una bochornosa jornada aprovecharon la crisis que afronta el país para procurarse nuevas prebendas. Así que si la congresista tránsfuga osa reclamar algo por esta acción al ombudsman, estará mostrando sus verdaderas prioridades.

En todo caso, el procurador nombrado y juramentado es totalmente independiente de cualquier injerencia política y debe rechazarla con entereza, en nombre del pueblo, del cual es legítimo defensor, y mucho menos se debe tolerar que legisladores oportunistas persistan en sus afanes de entorpecer, en nombre de agendas partidarias, el estado de Derecho y la institucionalidad.