En esta tierra de volcanes políticos activos retumbando y eructando explosiones de tensión social ardiente, la población sigue con su bussines as usual. No se percatan del peligro de quedar petrificados como en los tiempos de Pompeya, dentro de un sistema de judicial colapsado, en donde los paradigmas jurídicos del derecho de presunción de inocencia se tergiversan a conveniencia de presiones espurias perversas, sujetas al volcán ideológico que más eructe.

Si no, diga usted por qué una jueza como Yassmin Barrios, con un legado mediático ampliamente difundido y un récord histórico tan cuestionado por su ilegal y pésimo desempeño durante el juicio de Ríos Montt, es ahora —oh, ironía— la jueza a cargo del juicio Zepur Zarco, contra varios oficiales del Ejército. Pero en esta ocasión, a sabiendas de que sería descalificada para llevar este juicio, la jueza Barrios se excusó en forma escrita ante la Cámara Penal actual; sin embargo, de forma inexplicable y violando todos los preceptos pertinentes, la Cámara Penal no acepta la excusa y la confirma en la conducción del juicio.

Son tantas las violaciones al debido proceso que por falta de espacio solo enumero algunas:

Violación al derecho de defensa, al presentar videoconferencias de 2012 “como anticipo de prueba”, contraviniendo el artículo 317, debido a que el MP no presentó un documento por el cual comprueba que los testigos no pudieron estar presentes. Las testigos llegan con las caras tapadas a la audiencia, pero la defensa no puede cuestionar a los testigos, dando por hecho que dijeron la verdad. ¿Dónde se ha visto semejante aberración? ¿Que la defensa no pueda cuestionar a testigos?

Violación al procedimiento establecido, al perderse la cadena de Custodia, que es el mecanismo que tiene el ente investigador para asegurar que la prueba no sea modificada, cambiada o extraviada. Esta responsabilidad fue delegada por el MP en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, contraviniendo que fuese el Inacif la entidad encargada por ley para respaldar estas pruebas. ¿Cómo puede darse esa responsabilidad a una ONG cuyo director es el hijo de un conocido exguerrillero? ¿Hay duda razonable de que las pruebas se hayan manipulado?

Peritajes espurios pagados por una ONG dirigida por Olga Paz y Paz, hermana de la exfiscal Claudia Paz y Paz. Ambas iniciaron en el 2012 la persecución penal contra los militares, incluyendo el caso Sepur Zarco. Su organización quitó a la ONG de Rosalina Tuyuc, quien era la que venía haciendo las investigaciones con la ODHA, y metieron a la Fundación de Antropología Forense desde entonces.

Otro de los colmos se relaciona con Miguel Ángel Caal, uno de los testigos protegidos principales que resulta ser señalado por la señora Matilde Sub, una de las víctimas que en prueba anticipada declara: “Que este comisionado, ahora “testigo” ¡la violó! ¿Cómo puede ser que utilicen a un testigo acusado del mismo delito por el cual el juicio se lleva a cabo? Digno de Ripley…

El circo no se acaba. Otro testigo propuesto por el MP es el comisionado Agustín Chen, quien es acusado por Domingo Tzub, otro testigo, que lo señala de haberse llevado a su papá y que “ya nunca tuvo noticias de él”. El comisionado Agustín Chen, para colmo de los colmos, aparece en los testimonios de la Comisión del Esclarecimiento Histórico como una persona “acusada de la desaparición forzada de cinco campesinos…” (¿?)

El circo continúa: Según declaración testimonial de su exesposo Santiago Seb, Dominga Coc y sus dos hijas fueron detenidas el 24 de junio de 1982. Sin embargo, en el asiento de cédula registrado en El Estor aparece el acta de defunción, que falleció el 4 de junio de 1982.

Lo peor. Hay 36 millones de quetzales esperando por resarcimientos….

alfredkalt@gmial.com