“Otto Pérez designó como operador y enlace al empresario y piloto Guillermo Lozano Bauer, que fue también piloto de Pérez Molina durante la campaña –presidencial- y después de ella”, dijo la fiscal general Thelma Aldana, al comenzar a revelar la trama que habría permitido otorgar sin licitación el usufructo de 348 mil metros cuadrados en la Portuaria Quetzal, a la empresa Terminal de Contenedores Barcelona (TCB).
Según Aldana, Lozano Bauer, era muy cercano al presidente y recomendó a Allan Marroquín Castillo como interventor de la Portuaria Quetzal, con el objeto de tomar el control de la portuaria nacional. El nombramiento se efectuó el 24 de enero de 2012.
Roxana Baldetti habría dado la recomendación, el 9 de marzo de ese mismo año, para que Julio Sandoval asumiera con subinterventor y representante legal de la portuaria.
“Los nombramientos son importantes para dar lugar a le negociación ilícita y si vemos el caso La Línea el patrón es similar, igual que en Lago de Amatitlán, que es ubicar en puestos determinantes a personas que iban a ayudar en ese fin”, explicó Aldana.
Con autorización de Pérez Molina, en los primeros meses de 2012, Lozano y Marroquín habrían contactado a TCB, sosteniendo reuniones en Colombia y Valencia, España, de acuerdo al MP.
TCB también se apoyó en el argentino Mauricio José Garín, a través de su representante local Juan José Suárez. A partir de allí se comenzó la negociación de una comisión que finalmente se pactó en US$24.5 millones (unos Q190 millones).
Monzón, el hombre de confianza
En 2013 Lozano Bauer sale del país y Pérez Molina nombra a Juan Carlos Monzón como el sustituto, en las negociaciones con TCB.
“Recibió el reporte de lozano Bauer, como si se tratara de la sustitución de un funcionario público por otro, y Lozano puso en contacto a Monzón con Marroquín”, aseguró Aldana.
A través de registros de visitas de Casa Presidencial, se logró determinar que Suárez se reunión con Pérez Molina, Marroquín y Monzón, en donde se presentó formalmente al entonces secretario privado de la Vicepresidencia, como el vocero de la Presidencia, en la negociación de la comisión por el usufructo.
La comisión
Los US$24.5 millones se podían pagar en efectivo y en un paquete accionario de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en las negociaciones iniciales, sin embargo Monzón, por instrucción de Pérez Molina, negoció que el pago de la comisión fuera pagado en efectivo, petición que finalmente fue aceptada.
TCQ propuso abonos hasta 2016, para cancelar la comisión, sin embargo Pérez Molina y Baldetti habrían insistido en que la deuda se debía cancelar dentro del mandato, es decir, “nada adeudado hasta 2016, y el limite debía ser octubre de 2015”, explicó Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El acuerdo era pagar US$24.5 millones, de los que se debía descontar US$500 mil gastos, US$5 millones para los operadores argentinos y US$5 millones más para el primer equipo gestor del negocio.
En Cancún, Monzón habría sostenido una reunión con Suárez y el argentino Mauricio Garin, donde se estableció el cronograma de pagos, pactando que serían US$10 millones en el segundo semestre de 2013, un pago igual en los primeros meses de 2014 y el restante entre abril y octubre de 2015.
Según Velásquez, los acontecimientos del 16 de abril y manifestaciones civiles posteriores, desestabilizaron el cronograma de pagos.
“Sin embargo se tiene conocimiento que hubo intentos, no sabemos si fructuosos o no, para que ese pago se completara aun cuando Pérez Molina y Baldetti están privados de libertad”, dijo Velásquez.
Otto Pérez Molina intervino en la entrega de terrenos, promovió reuniones con la banca privada e internacional para facilitar los préstamos que la empresa obtuvo para ejecutar el proyecto, según la Cicig.
“Requirió de personas bajo su dependencia, para facilitar la ejecución del contrato, inclusive cuando fue cambiado el operador, realizó la reunión directa para afirmar que Monzón continuaba siendo el operador del proyecto”, aseveró Velásquez.
