Este viernes se desarrolló la audiencia; sin embargo, el proceso está restringido para la Prensa por decisión del Juez B Séptimo Penal, Sergio Samayoa Mena, quien justifica tener una sala reducida.
La audiencia de primera declaración de Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, se desarrolló bajo reserva, siempre por decisión del juez Samayoa Mena.
La exfiscal enfrenta proceso por el delito de abuso de autoridad, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad que dirige José Rafael Curruchiche la acusa de haber presentado denuncias falsas en contra de Lesther Castellanos, quien era juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.
Mientras se efectuaba este viernes la audiencia, afuera de Torre de Tribunales activistas y amigos de Laparra pidieron la libertad de la exfiscal, que dirigió investigaciones de corrupción en Quetzaltenango, pero su liberación no está en discusión en el debate.
Laparra fue capturada el miércoles 23 de febrero y la audiencia de primera declaración fue suspendida en varias ocasiones.
Después de haber cumplido más de tres meses en prisión, fue enviada a juicio el 7 de junio último en momentos en que sectores señalaban irregularidades en el proceso.
El pasado viernes 5 de agosto, la defensa de Laparra pidió al Juzgado Séptimo Penal retirar a la Fundación contra el Terrorismo como querellante del proceso, pero su petición fue rechazada.
La Fundación contra el Terrorismo con esa resolución del Juzgado continuará siendo querellante. Los representantes son Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz.
Al permanecer como querellantes tienen permitido acceso al proceso, a los expedientes, y en las audiencias puedes dirigir interrogatorios a testigos y la señalada.
Asimismo, a la fundación no se le aplica la reserva y tiene acceso total al proceso.
Laparra forma parte de un grupo de fiscales anticorrupción que fueron movidos de su cargo, señalados ante los tribunales o salieron al exilio durante la gestión de la fiscal General María Consuelo Porras en el gobierno de Alejandro Giammattei.
La ofensiva contra sus propios fiscales fue condenada por organizaciones y países de todo el mundo. De hecho, Estados Unidos incluyó a Porras en la lista Engel de personajes corruptos de la región.
“No hubo principio de igualdad”
La abogada de Laparra, Claudia González, explicó a Prensa Libre y Guatevisión que de nuevo se solicitó al juez Mena que permitiera el ingreso de los medios a lo que se negó aduciendo razones de covid-19; sin embargo, señaló que Castellanos y Falla permanecieron durante toda la audiencia sin mascarilla.
Denunció que, a su criterio, no hubo principio de igualdad por parte del juez ya que a la defensa le fueron rechazados varios medios de prueba bajo distintos argumentos, en tanto que a la parte acusadora le fueron aceptados sin reparos.
Explicó que entre los medios que les fueron rechazados está la declaración de un testigo para determinar los efectos de la criminalización contra Laparra, además de una sentencia en la que el supuesto juez afectado dejó de conocer un expediente, informes psicológicos, un reporte de análisis de la criminalización que se efectuó con la exfiscal por medio de las redes sociales, entre otras pruebas que tampoco fueron aceptadas.
Agregó que por el lado de los querellantes fueron aceptadas todas las pruebas, entre ellos unos comunicados de prensa que, a su criterio, no tienen relación con el caso.
González dijo que espera que en el comienzo del debate no se vede el acceso a los medios de comunicación.