Hechos como el ocurrido en la aldea Sacoj Chiquito, zona 6 de Mixco, donde fueron ultimadas cuatro personas mientras dormían, muestran que la violencia persiste a pesar de que este flagelo social ha ido disminuyendo en los últimos 10 años.
Walter Menchú, analista del Cien, dice que durante este año se han registrado, en promedio, más de 250 homicidios al mes, y para noviembre podrían ser 260 y en diciembre, 270, porque son los meses con mayor movimiento comercial y económico, lo que sumaría 2 mil 980 muertes violentas en todo el país al finalizar el año. Aun así, representaría una baja respecto del 2022, cuando cerró con 3 mil.
Estas cifras también incidirían en que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se reduzca de 17.3 en el 2022, a 16.9 este año, pero la percepción de inseguridad no es la misma.
Época
Los picos de muertes por violencia varían dependiendo del mes o temporada, como Semana Santa o fin de año. En octubre último hubo 280 hechos criminales y 247 en septiembre, según la PNC.
Daniel Núñez, investigador del Observatorio de la Violencia, expone que desde abril pasado también se han registrado “más homicidios de los que esperaban” y hasta octubre documentaron 2 mil 457.
“Es probable que el año termine con algo menos de homicidios que el año pasado, pero quizá más del límite superior que esperábamos, de 2 mil 869”, indica.
“Esto es importante, porque significa que aunque la tendencia de largo plazo a la baja que hemos visto desde el 2009 se mantiene, el aumento podría ser más pronunciado en los próximos meses y la tendencia, comenzar a revertirse”, concluye.
Más peligro
Las autoridades policiales reconocen que noviembre y diciembre son los meses de mayor riesgo por actividad comercial y disponibilidad de efectivo. También refieren que los asaltos a peatones en la vía pública se incrementan por la tarde y noche en la capital.
Analistas en temas de seguridad consideran que si bien los índices de homicidios no superarán a los del 2022, o en el peor de los casos sería igual, el reacomodo del próximo gobierno y la reacción de estructuras criminales pueden propiciar que la violencia se incremente y se movilice a otros departamentos.
“Por lo general, en un cambio de gobierno aumenta la violencia. Esto se debe a que las estructuras criminales quieren demostrar su poder y reaccionan ante las nuevas políticas que establece las autoridades para el combate al crimen organizado”, añade Menchú.
El analista destaca que las confrontaciones comienzan cuando los alcaldes que asumen por primera vez toman posesión y adecúan sus políticas o preferencias hacia ciertos grupos delictivos que operan, en especial, en las zonas fronterizas.
Factores
Mario Mérida, exviceministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, hace ver que durante el gobierno del presidente Álvaro Colom se comenzó a observar un descenso de homicidios, que para el 2010 era de 42 por cada 100 mil habitantes.
Añade que las cifras continuaron a la baja cuando se estableció el Sistema Nacional de Seguridad, que consiste en promover una mejor coordinación e intercambio entre las instituciones encargadas de la seguridad, como la PNC.
“No quieren hablar de ese sistema porque no saben que fue creado o porque prevalecen diferencias políticas, pero con ese sistema se alinearon las estrategias para detectar las amenazas y prevenirlas. Fue así como las cifras descendieron a 36 homicidios por cada 100 mil habitantes,”, afirma.
Otro de los factores que ha incidido en la reducción de estos hechos, de acuerdo con el exfuncionario, es la experiencia que adquirieron unidades de la PNC para investigar y desarticular estructuras criminales.
“Un tercer factor también corresponde a un subregistro en las estadísticas, pues no se documenta a las personas que fallecen en los hospitales porque no son consideradas como víctimas de la violencia homicida”, remarca.
Asimismo, las comisarías y los serenazgos han tenido un buen desempeño, apunta Mérida, porque han logrado identificar los problemas de las áreas proclives a tener violencia homicida.
“El subregistro de víctimas también se aplica con las extorsiones o el robo de vehículos, porque no todos denuncian. Las víctimas piensan que sus vehículos fueron desmantelados y si denuncian lo hacen solo para que no les den mal uso, pero no confían en que los recuperen”, señala.
El artículo 10 del decreto 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, establece la creación de un Consejo Nacional de Seguridad (CNS), que tiene entre sus funciones aprobar la agenda de riesgos y amenazas, así como presentar a los organismos del Estado su recomendación e informe frente algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad del país.
El CNS está integrado por el presidente y vicepresidente de la República, los ministros de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de la Defensa, así como el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado y el procurador general de la Nación.
