El estado de excepción en el país vecino rige por 30 días, en los cuales se restringen ciertas garantías constitucionales como la libertad de asociación y el derecho a la defensa asistida por el Estado. También se avala la interceptación de llamadas telefónicas sin orden de juez y la permanencia de personas sospechosas en centros de detención hasta por 15 días.
Esta fue la respuesta del Estado ante los 62 homicidios que reportó El Salvador durante el sábado 26 de marzo, la cifra más alta en los últimos 20 años. Y aunque se vendió como una solución para contrarrestar estos crímenes, el temor se instaló, también, en miles de trabajadores ajenos a estas organizaciones criminales.
Habitantes de colonias periféricas han relatado cómo sus familiares han sido detenidos por sospechas criminales, pero sin ningún cargo concreto en su contra.
Guatemala, como país vecino, no es ajeno a esta realidad. Autoridades policiales aseguran que, en las últimas semanas, presuntos pandilleros de origen salvadoreño escaparon del régimen de excepción y han sido sorprendidos en Guatemala.
Algunos fueron capturados por la policía para luego expulsarlos. Algunos tenían órdenes de aprehensión vigentes en su país, o bien, fueron detenidos por cometer algún delito en flagrancia, pero no es el caso de todos.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
Durante abril, la Policía Nacional Civil (PNC) ha reportado la captura en territorio nacional de 12 personas de nacionalidad salvadoreña a quienes se señala de pertenecer a pandillas y algunos de ellos han sido expulsados “por cuentas pendientes con la justicia” o por no cumplir con trámites migratorios, informó la PNC. De estos, cuatro fueron sorprendidos cometiendo algún delito en flagrancia, como portación ilegal de arma de fuego o droga. Cuatro tenían una orden de aprehensión vigente en su país. Otros cuatro fueron detenidos, sin especificar si tenían orden de captura o no, únicamente por sospechas de que pertenecen a una pandilla. Quienes tenían cuentas pendientes con la justicia en El Salvador y quienes eran sospechosos de pertenecer a alguna organización criminal fueron expulsados del país, informó la PNC en un comunicado.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
En las últimas semanas, policías han denunciado que les exigen cuotas diarias de arrestos en seguimiento a la promesa que hizo el presidente salvadoreño Nayib Bukele de capturar a 20 mil miembros de pandillas. Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, aseguró a la BBC que ha recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país. “Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse”, relató Reyes a la BBC. En ese contexto, el ministro de gobernación Napoleón Barrientos sostuvo una reunión con autoridades salvadoreñas para mejorar la coordinación en la persecución de estos grupos criminales. Asimismo, aseguró que se están tomando medidas extraordinarias y dijo que se expulsaría a "salvadoreños que se encuentren en Guatemala de manera irregular". Por su parte, la PNC ha informado que se mantiene en comunicación constante con la policía del país vecino para detectar a pandilleros que crucen la frontera.
Verificamos por Usted: ¿Se puede expulsar a salvadoreños por ser sospechosos de pertenecer a pandillas?
Dudoso
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En principio, se debe aclarar que la PNC, además de estar facultada, también tiene la obligación de capturar a cualquier ciudadano de otro país que tenga alguna orden de aprehensión vigente, explica Gustavo García Fong, analista jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). En estos casos, debe remitirse ante la autoridad migratoria y ser puesto a disposición de los tribunales de su país. En los casos en los que una persona cruza la frontera sin identificarse ante un puesto de control, también puede ser detenida y puesta a disposición de las autoridades migratorias por haber cruzado de manera irregular la frontera, explica Fong. No obstante, si una persona ingresa al territorio nacional, se identifica y su estatus legal está en orden, no existe ningún fundamento legal para detenerla y expulsarla, independiente de cuál sea su apariencia física. “No es admisible jurídicamente detener a un individuo por presumir que pertenece a un grupo criminal, ya sea por su atuendo o apariencia en general. Debe haber la comisión de un hecho delictivo para que sea detenido. No es posible en un estado de derecho detener a alguien por el simple hecho de presumir que puede pertenecer a un grupo criminal”, dice Fong. Úrsula Roldán, analista en temas migratorios, explica que el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) permite el tránsito intrarregional de los nacionales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sin mayor trámite, únicamente mostrar su documento de identificación. El convenio en su artículo VII permite a los países a prohibir el ingreso de extranjeros en sus territorios por razones de seguridad u orden público, pero para que esto se cumpla deben existir órdenes de aprehensión vigentes que demuestren que la persona es requerida por la justicia por la comisión de un hecho delictivo, dice la experta. “Para detener y expulsar a una persona tienen que haber órdenes de aprehensión. No podemos decir que solo porque son jóvenes y están tatuados deben ser devueltos (a su país de origen). Ahí se violaría el CA4”, explica Roldán.
