Si bien la ley dice que la policía se puede apoyar de la institución castrense cuando las circunstancias lo ameriten o no se cuente con las capacidades para atender un problema, de momento ni el Mingob ni el Ministerio de la Defensa (Mindef) han explicado qué motivó la cooperación entre ambas instituciones.
No obstante, la estrategia de requerir la asistencia al Ejército para combatir la delincuencia común no es nueva. Distintos gobiernos invertido recursos para que los soldados, en conjunto con la PNC, patrullen las calles, pero a la fecha no hay evidencia que la participación de militares tenga un impacto positivo en la seguridad ciudadana, explica Francisco Jiménez, exministro de gobernación e investigador del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).
“No hay estudios ni evidencia empírica. El primer impacto de un puesto de control tiene que ver con el control territorial. En los primeros días de implementación es posible que se genere una mejora en la percepción ciudadana de la seguridad, pero si se prolonga puede cambiar a una incomodidad por el tráfico que genera”, dijo Jiménez.
El experto advierte que la seguridad ciudadana es competencia de la PNC y que al Ejército solo le compete apoyar o “subsidiar” esta tarea cuando le es requerido.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
Desde inicios de febrero, el Ejército de Guatemala se sumó a las acciones contempladas en la Operación de Seguridad y Control I y II en conjunto con la PNC, según un comunicado de prensa del gobierno. Este plan contempla instalar puestos de control combinados en distintos puntos de la zona 18 de la ciudad capital y del municipio de San Pedro Ayumpuc. Rubén Tellez, vocero del Ejército, explicó que el rol de las fuerzas castrenses consiste en proveer seguridad perimetral al puesto y evitar cualquier hostilidad. Para el efecto, destinaron más de 200 soldados en las zonas 1, 3 y 18 de la ciudad capital y también en Escuintla. El Decreto 40-2000 del Congreso de la República establece que el Ejército puede apoyar a las fuerzas civiles para combatir el crimen organizado y delincuencia común cuando estas se vean superadas en sus capacidades. Se consultó con el portavoz de la PNC, Edwin Monroy, si identificaron algún riesgo que ameritara el acompañamiento de los soldados, pero al cierre de esta nota no brindó ninguna respuesta.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Anualmente, el Mindef invierte millones de quetzales para apoyar las tareas de seguridad ciudadana, pese a las dudas y poca o nula evidencia que hay sobre su impacto en la seguridad interna. Solo para este año, hay un presupuesto vigente de Q29 millones 455 mil 360 para estas tareas dentro del programa 17 denominado "seguridad interior y exterior", según consta en el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas (Sicoin). Este año, como parte de los patrullajes combinados, el gobierno destaca 16 detenciones por diversos delitos, 26 incautaciones de marihuana y una munición ilegal; un vehículo y seis motocicletas incautadas y un arma artesanal y un teléfono celular incautado, entre otras acciones. No obstante, según el portavoz del Ejército, las fuerzas castrenses solo se encargan de proveer seguridad a los policías ante algún riesgo, pero no participan en identificación de ciudadanos o capturas de personas ya que esto lo hace la PNC. Asimismo, asegura que los soldados están entrenados para reaccionar en caso se presente alguna situación que ponga en peligro la vida.
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Ciertamente, la Constitución Política de la República establece en el artículo 244 que el Ejército es una institución que, además de mantener la “independencia, soberanía y el honor de Guatemala”, puede destinarse a tareas de “seguridad interior y exterior”. De igual forma, el decreto 40-200 dice que puede apoyar a las fuerzas civiles cuando estas lo estimen necesario. No obstante, sus facultades en tareas de seguridad ciudadana son limitadas. Oswaldo Samayoa, de Centro de Estudios de Guatemala, recuerda que en los Acuerdos de Paz quedó plasmado que la institución castrense tendría como misión principal la defensa de la soberanía e integridad del territorio y “su participación en otros campos (como la seguridad ciudadana) se limitará a tareas de cooperación”. En ese sentido, la Ley de la PNC establece que la seguridad pública es “un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin se crea la PNC”. “El Ejército no tiene entrenamiento para la seguridad ciudadana. Un militar cuenta con fusiles que no puede usar en un mercado, por ejemplo, porque su equipo no es el adecuado. El agente de la PNC puede usar la fuerza contra cualquier ciudadano que esté cometiendo un delito, pero el militar no tiene esas funciones, el militar puede defender la soberanía porque está preparado para una guerra”, dijo Samayoa. Por su parte, Francisco Jiménez, exministro de gobernación, coincide con que la participación del Ejército en la seguridad ciudadana debe ser “una tarea subsidiaria a la función policial, no una tarea central”. “El ejército no puede sustituir tareas que tengan que ver con la seguridad preventiva, la investigación criminal o la inteligencia policial”, dijo Jiménez. De tal cuenta, la identificación, detención o acciones contra un ciudadano que esté delinquiendo o represente una amenaza no pueden ser asumidas por un soldado, ya que es competencia de la PNC, explican ambos expertos.
