Por medio de teléfonos celulares y de la documentación periodística se difundió el operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) el primer sábado. La acción policial fue calificada de violenta debido al uso constante de gas lacrimógeno, agresiones contra manifestantes y capturas arbitrarias.
En las redes sociales surgió la pregunta de si las fuerzas de seguridad pueden y cómo deben actuar durante una manifestación.
El Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS), a través de un comunicado, señaló que el pasado 21 de noviembre las Fuerzas Especiales Policiales de la PNC hicieron uso excesivo de la fuerza, atentaron contra la integridad personal y la libertad, y pusieron en grave riesgo la vida de quienes participaron en una protesta pacífica que se desarrolló en la Plaza de la Constitución.
Horas antes de que se registrara la carga policial, con lanzamiento de bombas lacrimógenas y detenciones no justificadas de manifestantes se produjo un incendio en un ala del edificio del Congreso, ubicado en la 9a. avenida y 9a. calle de la zona 1, donde, luego de ingresar por una ventana a las instalaciones, individuos que se identificaron como estudiantes quemaron mobiliario, documentación, y causaron destrozos en la oficina de la Dirección Legislativa.
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El FOSS criticó que la PNC pudo evitar el daño que se ocasionó al edificio del Congreso, porque estuvo presente en todo momento, y en lugar de actuar de forma preventiva se retiró del área.
“El incumplimiento de deberes que cometió esa unidad policial fue usado como pretexto por las Fuerzas Especiales de la PNC para que abusaran de su autoridad y desobedecieran el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad al procurador de los Derechos Humanos, en cuanto a resguardar el derecho a la reunión pacífica y manifestación pública, garantizado en el artículo 33 de la Constitución”, señaló la entidad en un comunicado.
El 21 de noviembre las fuerzas de seguridad actuaron de forma represiva. Sin embargo, exactamente una semana después sus acciones fueron muy diferentes, pese a que un grupo de personas secuestró un autobús, lo trasladó a inmediaciones del Palacio Nacional de la Cultura y le prendió fuego en el Paseo de la Sexta y 6a. calle. El grupo de violentos arremetió con palos y piedras a los agentes que estaban de forma preventiva en el lugar y desarmados, y se enfrentó a los antidisturbios. Estos hechos ocurrieron luego de que se había llevado a cabo una segunda protesta pacífica en la Plaza de la Constitución.
La oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos verificó la situación de los agentes heridos en el “hospitalito” de la institución policial, y constató que 36 fueron atendidos con diferentes cuadros clínicos relacionados con las agresiones, como crisis de ansiedad, escoriaciones, fracturas, alteración emocional y politraumatismo. Veintinueve fueron dados de alta ese mismo día y siete más quedaron ingresados.
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El abogado Oswaldo Samayoa considera que se observa una falta de profesionalidad en la PNC, y lo atribuye a que se tiró a la “basura” todo el proceso que se estaba llevando a cabo en ese sentido.
Además, a criterio del jurista, es una institución sujeta a manipulación por parte de los políticos y ciertas prácticas que se buscó erradicar vulneran los derechos humanos de la población.
“Podemos observar cómo el 21 hubo uso excesivo de la fuerza y se saltaron todos los protocolos. -En cambio- lo que vimos el 28 es una Policía manipulada frente a la presencia de -una misión de- la Organización de Estados Americanos, pero también unaclara intención autoritaria por parte de algún funcionario, como el ministro de Gobernación, para quitarle lo poco que le queda de expresión a las personas y que es la Plaza”, puntualizó.
La Policía informó que está facultada para restablecer el orden público en manifestaciones con base en el artículo 9 de la Ley de la PNC. Además, tienen una orden general (11-2019) que establece los lineamientos para el uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial y también tienen vigentes protocolos de actuación policial en manifestaciones.
Para el abogado César Calderón es un tema polémico, porque la PNC tiene una orden constitucional para actuar, y cuando se producen disturbios la Policía, en cualquier lugar del mundo, actúa reprimiendo por el buen resguardo jurídico titulado de la persona, de la vida, de la salud y de la propiedad privada, entre otros.
“La Policía actúa ante la amenaza de los bochincheros, tiene carta libre para hacerlo. Porque si no ponen orden la autoridad, que son ellos, ¿quién lo va a hacer?”, señaló.
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Por otro lado, Calderón también hizo ver que existe el abuso de autoridad y se da cuando la PNC actúa más allá de los límites de su deber, por lo que cada caso debe examinarse de forma individual.
A su vez, Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, opinó que el modelo policial puede intervenir cuando está presenciando un acto ilícito y debe hacerlo sin afectar los derechos de las personas, lo cual no sucedió hace más de 15 días, porque agentes agredieron a la población civil que estaban manifestando de forma pacífica en la Plaza de la Constitución.