El requerimiento surgió luego de que Stalling Dávila obtuviera un fallo judicial que cerró el proceso penal en su contra por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica; dicha resolución cobró firmeza luego de que no fuera impugnada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).
El argumento del pleno de magistrados es hacer la consulta ante la CC, sobre “si la opinión consultiva que se resolvió el 8 de octubre de 2019 incluye a la doctora Blanca Aída Stalling Dávila, ya que no se ha presentado su sucesor”, informó el Organismo Judicial.
Además, pidió un dictamen al Departamento de Asesoría Jurídica, Auditoría y Gerencia Financiera del poder Judicial, porque se cuenta con 30 días hábiles para resolver el planteamiento de la abogada.
En 2017 la CC emitió una resolución que bloquearía la intención de volver a la CSJ. Esta resolución se dio cuando Stalling Dávila trató de dejar sin efecto una decisión del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que la separó del cargo el 12 de mayo de 2017 por estar en un proceso penal y en prisión preventiva.
Dicha resolución fue respaldada por la CC en 2017, en el que consideró que el Consejo actuó en ejercicio de sus facultades y no hubo una violación de sus derechos.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
El pasado 7 de julio Blanca Aída Stalling Dávila solicitó al Consejo de la Carrera Judicial ser reinstalada en su puesto como vocal VII de la CSJ, esto luego de que un fallo judicial a su favor quedará firme. El requerimiento de Stalling Dávila se dio luego que el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, declaró sobreseimiento a su favor por el delito de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica. El pasado 29 de junio el juzgador aseguró que existían algunas incongruencias en los escritos de acusación y los elementos de prueba presentados por la Feci, por lo que decidió cesar la persecución penal contra la magistrada separada del cargo. También, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche informó el pasado 5 de julio de 2022 que no se presentaría ninguna impugnación en contra de la resolución que favoreció a Stalling.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Blanca Aida Stalling Dávila estaba vinculada al caso denominado Tráfico de Influencias, por supuestamente aprovecharse de su posición en calidad de magistrada de CSJ, para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Giovanni Ruano Pineda, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social, por unos Q116 millones. Molina Stalling fue condenado por el Tribunal Undécimo Penal el 26 de septiembre de 2018 a 6 años y 3 meses, y una multa de Q 50 mil, tras haber sido declarado culpable de pactar una reunión el 5 de noviembre del 2014 con directivos de la droguería Pisa de Guatemala, S. A. en la que solicitó dinero a cambio de adjudicar un contrato. La denuncia fue presentada el 10 de enero de 2017 por el juez Ruano Pineda estaba sustentada con un audio que grabó con su celular luego de haber sido convocado al despacho de Stalling Dávila el uno de septiembre de 2016. En el mismo expediente judicial se encontraba la intimidación que la magistrada separada del cargo, supuestamente hizo a los agentes policiales con un arma de fuego al momento de su arresto que fue el 8 de febrero de 2017, día en que llevaba peluca y lentes oscuros para pasar desapercibida y evitar su aprehensión.
Verificamos por usted: ¿Es viable la reinstalación de Blanca Stalling como magistrada de la CSJ?
Dudoso
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El período de Blanca Stalling Dávila como magistrada vocal VII de la CSJ venció el 13 de octubre de 2019 “lo tuvo que dejar en virtud de su proceso” y ya existe una resolución de la CC de este caso en concreto por lo que considera que “no es viable su reinstalación” mencionó Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo. El profesional recordó que Stalling intentó anular una resolución del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) que no solo la suspendió del cargo, sino que la cesó del puesto por haber estado procesada y en prisión preventiva. Dicha decisión fue avalada por la CC en 2017, en el que consideró que el Consejo actuó en ejercicio de sus facultades y no hubo una violación de sus derechos. A criterio de Ortiz en el supuesto de que se integre a la CSJ sería una lectura “muy estirada de la ley” y enviaría una señal “muy confusa”, tomando en cuenta la decisión del CCJ y de la CC; además no contribuye al fortalecimiento del sistema judicial. Para el constituyente Roberto Alejos Cámbara explicó que el período de Stalling ya se venció y al ser reinstalada se corre el riesgo de que “cobre los sueldos caídos” porque tendría derecho a este reclamo económico y considera que “hay un abandono de cargo involuntario”. “Probablemente si puede, pero no debe” subrayó Alejos y esto crearía un mal precedente porque la confianza en el sistema de justicia “ya se perdió” y recordó que Stalling en su calidad de magistrada de CSJ “se fue prófuga, ella misma no confiaba en el sistema de justicia” pues de lo contrario se hubiera entregado para enfrentar el proceso en su contra.
