En más de una década de violencia contra el transporte colectivo de pasajeros se registran, en promedio, 12 muertes de pilotos al mes, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Del 2006 al 23 de octubre último se reportan mil 595 muertes de pilotos de buses, microbuses, taxis y mototaxis en el país, según el reporte de la PDH.
De acuerdo con el informe, el 2014 fue el año en que se reportaron más muertes, con 254; le sigue el 2009, con 192, y el 2013, con 168.
La Policía Nacional Civil reporta 817 homicidios de pilotos de buses en el país del 2006 a septiembre último. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que cubre Guatemala y San Pedro Ayampuc, reporta 197 pilotos muertos y 182 lesionados, solo del 2010 a la fecha. En el mismo período reporta 60 sentencias emitidas por esos hechos.
En los ataques a los choferes del transporte de pasajeros también se reportan víctimas colaterales o indirectas, que suman mil 155, de las cuales 542 eran usuarios, según la PDH.
Debe cambiar modelo
Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, señaló que los ataques contra el transporte colectivo de pasajeros ocurren en determinadas líneas o rutas y en parte se debe a que no se ha regularizado el modelo de negocio de ese servicio.
Recordó que, en parte, se logró disminuir las muertes cuando se implementó el sistema prepago con el Transurbano y el Transmetro, porque se eliminó el uso de efectivo, las paradas no fijas y la falta de control de los pilotos.
“Todas las líneas que no entraron en este sistema continúan con problemas, pero muchas veces proviene de la misma situación. A veces hay pilotos que son parte de una pandilla o tienen alguna relación con pandillas, o los ayudantes integran estas. Existen sectores donde no puede ingresar gente que no sea de ese territorio. Allí hay otros elementos diferentes que no se pueden controlar por parte del sistema y que dependen de esas circunstancias”, aseveró.
La experta recomendó que en la medida de lo posible se regularice el servicio de transporte, porque de lo contrario seguirán los ataques, y consideró ideal que el transporte sea estatal o municipal.
Édgar Guerra, de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la PDH, coincidió en que la solución a ese flagelo es que el transporte sea estatal y que se eliminen los subsidios, que han sido “un incentivo perverso” que ha permitido que exista el servicio actual.
Guerra resaltó que con las muertes de los pilotos se evidencia otro problema, que se refiere a la falta de cumplimiento de las leyes laborales, lo cual repercute en viudas e hijos de las víctimas.
“El IGSS —Instituto Guatemalteco de Seguridad Social— es una obligación de las empresas que contratan más de cuatro personas, y estos —transporte colectivo de pasajeros— tienen más, pero han cambiado la relación laboral y se cobra una renta diaria por parte de los dueños de los buses a los pilotos por el alquiler de la unidad”, aseveró.
Añadió que si los pilotos tuvieran protección social, en caso de muerte o invalidez, la familia estaría protegida y no existiera la necesidad de que se creen “parches” para apoyar a las viudas.
Lilian Pérez, de la Asociación de Viudas de Pilotos del Transporte Público, señaló que son alrededor de 240 socias activas y que existen unos tres mil niños sin padre.
Agregó que unos 150 pilotos han quedado discapacitados y que aunque ven capturas de los atacantes, las muertes persisten.
Rutas asediadas
Según la PDH, las extorsiones al transporte colectivo de pasajeros son la principal causa de ataques a los conductores de esas unidades.
Édgar Guerra señaló que incluso algunas rutas han desaparecido derivado de ese flagelo, como los buses de la ruta Velotax que cubrían las colonias Maya, Rosario y otras áreas de la zona 18, o la 77, que circulaba entre Mixco y Tierra Nueva, Chinautla.
Añadió que en los últimos meses se han coordinado “megaallanamientos” con las autoridades, principalmente en mayo y julio, pero no hay acciones más contundentes.
Desde septiembre último, los usuarios de las rutas 36 y 37 han sido afectados por la paralización del servicio, ya que el 24 de ese mes hirieron a dos pilotos.
Claudia Palencia, fiscal contra las Extorsiones, indicó que hasta septiembre pasado se habían desarticulado 39 estructuras criminales, de las que el 80 por ciento extorsionaba a transportistas.
