Roxana y José Pablo fueron dos de las 43 personas que fueron capturadas arbitrariamente por agentes de las Fuerzas Especiales Policiales de la Policía Nacional Civil (PNC) el sábado 21 de noviembre durante las protestas generadas por la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021.
“Estaba asistiendo a la gente que padecía por los gases lacrimógenos porque con mi mamá llevábamos agua con vinagre. Nosotros estábamos protestando de forma pacífica” contó José Pablo frente al juez de Paz Penal Mario Ernesto Martínez durante el segundo día de su detención.
El 21 de noviembre, más de cuatro horas después de la quema del Congreso de la República, caminaban sobre la 11 calle entre 6 avenida A y 7 avenida de la zona 1. Eran casi las siete de la noche y regresaban de la Plaza Central, lugar donde manifestaron durante esa tarde, hacia un parqueo.
De repente observaron cómo un grupo de personas empezaron a correr huyendo de los antimotines. Al percatarse de ello, decidieron quedarse parados “no estábamos haciendo nada entonces dijimos para qué correr sino estábamos haciendo nada malo”, agregó.
Pero esto no fue lo mismo que pensaron los agentes de la policía que se fueron contra José Pablo y contra su mamá al ver que ella se aferraba a él.
A pocos metros que Roxana y José Pablo fueron detenidos, los agentes de la PNC también capturaron a su sobrina Claudia Salguero y a la hija de ella, Mavelyn Lourdes Guzmán, quien es estudiante de arqueología de la Universidad de San Carlos.
Roxana es educadora en derechos humanos de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) desde marzo de 2019 y su hijo es instructor en la escuela de yoga Akasha yoga.
“Ella es una persona muy comprometida con su trabajo, con buenas relaciones humanas, muy identificada con la Iglesia Católica y las causas sociales”, dijo Nery Rodenas, director ejecutivo de la ODHAG.
Roxana, José Pablo, Claudia y Mavelyn pasaron tres noches en tribunales, fueron liberados la madrugada del 24 de noviembre después que el juez les declarara falta de mérito. La Fiscalía Metropolitana quería imputarle los delitos de desorden público, atentado, manifestaciones ilícitas y destrucción del patrimonio cultural por la quema del edificio del Congreso de la República.
El MP quería imputarles estos mismos delitos a las 43 personas detenidas el pasado sábado y en cada uno de ellos, el juez declaró que no habían pruebas para aseverar que ellos habían participado en este hecho.
Incluso, la abogada de Mavelyn, Jovita Tzul, demostró que ella no podría tener intenciones de destruir un edificio patrimonial al ser estudiante de arqueología. “Resulta totalmente contradictorio cuando es parte de su interés personal, como profesional y ciudadana resguardar el patrimonio nacional”, dijo.
Estudiantes, transeúntes y trabajadores
Entre los detenidos por los agentes de la PNC se encuentra el caso de Eddy Josué Ramírez, quien iba pasando en su bicicleta cerca del Congreso en la noche del sábado, cuando más de cuatro antimotines lo rodearon y sin decirle más, se lo llevaron dejando la bicicleta tirada.
También está el caso de Miltón Pérez Morales, abogado recién graduado de la Usac, quien fue detenido en inmediaciones del parque Jocotenango, en la zona 2, acusado de tirarle un pedazo de concreto a un agente de la PNC.
Las autoridades también detuvieron a los amigos Robert Eduardo Herrera y Renato Manuel Toledo quienes estaban sentados en la esquina de la Plaza Central y 7 avenida.
En su resolución, el juez Martínez certificó lo conducente y ordenó al MP que investigara a los agentes captores por las detenciones ilegales demostradas en audiencia.
A pesar de que la mayoría salió libre de cargos, el caso de las estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, Ana Paulina Estrada Mendoza sigue abierto debido a que la policía la acusa de escandalizar en la vía pública mientras estaba en estado de ebriedad.
“El parte policial estaba redactado aduciendo que ella estaba bajo efectos de licor. Si ella se declaraba culpable le ponían una multa, pero no lo hizo porque no era cierto”, explicó su abogado, Alejandro Villamar.
Según dice Villamar, en el momento de su detención, Paulina estaba formando un cordón de seguridad para evitar que las piedras llegaran al grupo de antimotines. Sin embargo, la situación se salió de control y los agentes la capturaron y la arrastraron sobre el pavimento antes de subirla a una patrulla.
En Quetzaltenango también hubo capturas, se trata de los jóvenes Cesar Ubaldo Boj Álvarez (26), Natali Andrea Duarte Castañeda (25), Ana Rebeca Guillén Alcahé (32 años) y Miguel Estuardo Valle Sam (31 años) quienes mantienen un proceso abierto luego de ser acusados por la policía de escandalizar en la vía pública.
Aunque ellos permanecen en libertad desde el domingo en la madrugada, deberán presentarse a un Juzgado Pluripersonal de Paz para establecer que el parte policial no cumple con la veracidad de los hechos.
A pesar de la evidencia en fotos y videos del abuso policial en las protestas del 21 de noviembre, y de la resolución del juez que ordenó que se investigara a los agentes de la PNC por estas detenciones arbitrarias, al momento las autoridades de gobierno no han reconocido que hubo un exceso y abuso de autoridad por parte de la PNC, algo que preocupa debido a que las protestas continúan en el país.
“El posicionamiento del Ejecutivo es muy delicado porque los jueces en sus resoluciones demostraron que son detenciones ilegales y el Ejecutivo ha enfatizado en que respondieron a actos terroristas”, dijo Rodenas.
