El 8 de julio, el Ministerio de Gobernación improbó la actuación de la junta de licitación en el servicio de arrendamiento para la implementación del control telemático, con la resolución 484 firmada por el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y el segundo viceministro, Óscar Conde, y subida al sistema Guatecompras, en la que señalan que “la sumatoria total de las cantidades donde se detallan los servicios ofertados no coincide con el total de la oferta presentada por la entidad Innova Outsourcing, Sociedad Anónima”.
El 3 de junio último, la junta de licitación adjudicó a la mencionada empresa el contrato del control telemático por Q244 millones 138 mil 310 y detalló la oferta, pero la suma que se indica es de Q210 menos.
El evento consiste en cinco renglones que incluyen el arrendamiento de un inmueble para instalar el Centro de Control Telemático, por Q5 millones 900 mil 160; arrendamiento de equipo de oficina del centro, por Q5 millones 25 mil 847; arrendamiento de otras máquinas y equipos, Q2 millones 702 mil 888, y arrendamiento de equipo de cómputo para el referido centro, Q20 millones 428 mil 895, según el cuadro detallado.
Los cuatro arrendamientos, según el acta, son por 48 meses y suman Q34 millones 57 mil 790.
El arrendamiento de tres mil dispositivos —tobilleras, pulseras o brazaletes electrónicos u otro dispositivo conectado a una red telefónica o línea fija que provee un sistema de verificación de ubicación y localización geográfica del sujeto, por GPS— durante cuatro años costará Q210 millones 80 mil 310, según el documento.
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Ahora el expediente regresa a la junta de licitación y no se especifica el tiempo para enmendar el error.
Inconformidades
En el proceso se recibieron ocho inconformidades de empresas y personas individuales, por supuestas inconsistencias.
Innova Outsourcing, S. A., cuyos representantes legales son Mayra Marlen Deras Guzmán de García y César Augusto Herrera Ortega, presentó la oferta más alta. Del 2012 a la fecha la firma suma 177 adjudicaciones por Q55 millones 327 mil 752.
Rezagos
Gustavo García Fong, analista del área jurídica de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), dijo que el control telemático conlleva el beneficio de que la persona no está privada de libertad y así no hay hacinamiento en las cárceles.
“Una vez más Guatemala continúa rezagada en la aplicación de este control habiéndose promulgado la ley correspondiente hace varios años. Es una muestra más de que no existe la voluntad política para reducir los índices de ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva”, remarcó.
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Asimismo, expuso que, sin duda, los más afectados son los privados de libertad y el Sistema Penitenciario (SP) en su conjunto al existir hacinamiento, pues es la condición para que existan otros problemas en los reclusorios.
Al 26 mayo pasado, la población reclusa en el país sumaba 25 mil 114, indicó Luis Rodolfo Escobar, director del SP en una entrevista con Prensa Libre.
