Durante las pesquisas del caso Construcción y Corrupción se reveló la existencia de una supuesta estructura criminal liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los pagos a las entidades contratistas.
Estos cobros, según la documentación que tiene el MP, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Micivi era la constructora Norberto Odebrecht S.A..
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Las investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados.
El MP recibió datos sobre personas y empresas relacionadas con las actividades de la empresa Odebrecht S.A. en Guatemala, los cuales indicaban el contubernio de directivos de la empresa con el Sinibaldi Aparicio y colaboradores. La información procedente de Brasil recibió un tratamiento de corroboración y seguimiento por parte del MP y la CICIG y permitió ampliar las líneas de investigación.
La investigación identificó que entidades fuera de plaza (offshore) se utilizaron para realizar contratos por supuestos servicios que nunca fueron prestados, intentando así ocultar el origen ilícito de la recepción del dinero. Se abrieron cuentas en el extranjero con el fin de transferir los montos ilícitos, enmascarados en los contratos simulados. Se determinó que los beneficiarios de las cuentas eran personas vinculadas a Sinibaldi Aparicio, el excandidato presidencial por el extinto partido Líder, Manuel Antonio Baldizón Méndez y Carlos Arturo Batres Gil -prófugo-. Del análisis de los documentos financieros surge que Batres Gil recibió US$4.9 millones, producto del pago de sobornos.
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En febrero de 2013, Sinibaldi realizó una reunión en su casa y presentó a un directivo de Odebrecht con Baldizón. Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Baldizón la cantidad de US$3 millones provenientes de los sobornos pactados. En enero de 2014 Baldizón delegó al abogado Diego Chacón Yurrita para que se encargara de abrir las cuentas y se coordinara con los brasileños para las transferencias.
Baldizón en coordinación con Sinibaldi y en concierto con los directivos de Odebrecht, recibió en total US$1 millón 360 mil de los US$3 millones pactados en concepto de comisiones ilícitas.
Define el tribunal
Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, finalizó la audiencia de ofrecimiento de pruebas y revisión de medida de coerción y remitió el expediente del caso Odebrecht al Tribunal de Mayor Riesgo A.
Además de Barrios, el tribunal se integra por Patricia Bustamante y Gelvi Sical.
Los sindicados ahora deberán esperar a que el Tribunal incluya en su agenda el comienzo del debate en los próximos meses.
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Juan Arturo Jegerlehner, quien es colaborador en el caso Construcción y Corrupción y goza de arresto domiciliario, fue aceptado como testigo para el debate, a pesar de los alegatos de los defensores.
La juzgadora rechazó la petición de arresto domiciliario de Chacón Yurrita, Florido y Molina.
Incluso Molina recordó que no se había negado a otorgar documentos y hasta sus claves de correo electrónico para la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Aún así seguirá en prisión.
- Jorge Eduardo Antillón Klüssmann. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Diego Chacón Yurrita. Asociación ilícita, lavado de dinero y falsedad ideológica.
- Juan Ignacio Florido. Lavado de dinero.
- Juan Molina Coronado (abogado de Alejandro Sinibaldi, prófugo). Asociación ilícita y lavado de dinero.
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