De acuerdo con Pantaleón, los tres trabajadores de presidios que fueron ligados a proceso penal son Erick René Valdéz Velásquez y Marvin René Poncio Solís, subdirector y alcaide de la granja penal de Cantel, respectivamente. Además, Geraldina Antonieta Trinidad Méndez, rectora del preventivo para mujeres de Quetzaltenango.
Los delitos que le imputa el MP a los tres funcionarios son trata de personas agravada. Al caso, el MP lo denominó Trata y Explotación: Quetzaltenango.
El juez Mario Gómez Monge decidió ligarlos a proceso, arresto domiciliario y les otorgaron una medida sustitutiva bajo control telemático.
Los defensores de los tres trabajadores del SP argumentaron que sus patrocinados corren riesgos estando dentro de prisión y por ello se les concedió la medida sustitutiva con uso de control telemático.
El Ministerio Público (MP) sostiene que estas tres personas trasladaban a privadas de libertad de la cárcel de mujeres a la granja penal con fines sexuales y cobraban por ello.
El 1 de febrero pasado los arrestaron porque durante una requisa las autoridades determinaron que hacían falta cuatro reclusas. Al investigar y darle seguimiento al caso las ubicaron en un sector de la granja penal Cantel.
A este lugar, según el MP, las llevaron con fines sexuales. La hipótesis es que cobraban a otros privados de libertad para sostener encuentros con ellas. En febrero de 2023 el MP dio a conocer un caso parecido, pero en la cárcel de Mazatenango, Suchitepéquez.
A este caso se le llamó Cárcel y Explotación, y también detuvo a tres empleados de Presidios que todavía enfrentan el proceso por trata de personas agravada.
De acuerdo con la investigación, en junio de 2021 Bayron Monterroso Mencos y Priscila Mariacel Ramírez Aguilar de Rivera, subdirector y rectora del citado penal, respectivamente, abusaron de sus cargos y comenzaron a explotar sexualmente a algunas reclusas.
Durante sus turnos, promovieron la organización de fiestas llamadas “vueltas” en el sector de mujeres, en donde entre otras actividades se daban actos de explotación sexual por los cuales cobraban Q300 en efectivo por media hora, Q600 por una hora y Q1 mil 500 por noche, con opción a que dichos actos fueran cometidos en los dormitorios de los reos.
Estos dos hechos ocurren después de que el Juzgado de Ejecución D, a cargo de Lisbeth Mireya Batún Betancourt, ordenó 18 puntos que deben hacer efectivas el SP y la Policía Nacional Civil.
Una de estas es cerrar de inmediato, y en forma definitiva, el centro preventivo para Mujeres de Quetzaltenango a cargo del SP donde ocurrieron estos hechos.
La otra, efectuar la separación efectiva el área ocupada por mujeres en el centro de detención preventiva de hombres y mujeres de Mazatenango, donde ocurrió el primer acto delictivo.
La prisión de mujeres de Quetzaltenango, a cargo del SP, está en un edificio contiguo al preventivo para varones que administra la PNC. Son dos casas viejas construidas hace más de 100 años.
Este inmueble, según inspecciones que ha hecho el propio SP, no cuenta con cámaras de vigilancia. El personal que lo dirige son guardias que han asumido roles administrativos. Además, en varias ocasiones se ha denunciado no solo la insalubridad del entorno, sino el riesgo que representa para fugarse.
“Era un secreto a voces”, dijo Andrea Barrios, coordinadora general del Colectivo Artesana, una organización que trabaja desde 2006 por los derechos humanos de las privadas de libertad del país y sus familiares.
Barrios asegura que desde hace más de cinco años habían denunciado ante el SP y otras instancias que en esa cárcel de mujeres se cometían este tipo de hechos, pero hasta ahora no se había hecho nada al respecto.
