Guatemala es un país en donde seis de cada diez personas son pobres, según el Índice de Pobreza Multidimensional para el país. La creación del bufete en 1954 tuvo dos propósitos, el primero, es que, los estudiantes efectúen sus prácticas con asesorías y, el segundo, es que es el brazo social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para darle asistencia jurídica a las personas que lo necesitan y no pueden pagarlo, explicó la decana interina, Astrid Lemus.
Lemus afirmó que el edificio del Bufete data de la primera mitad del siglo pasado, está acondicionado para ser una casa de habitación y no de oficinas. Pero no recibió el mantenimiento que necesitaba, por lo que se fue deteriorando a tal punto en que teme que se colapse sobre las cabezas del personal y de los estudiantes que lo utilizan.
Pero acá el conflicto principal va más allá de mover o no el Bufete Popular en segundo año de pandemia, porque el meollo del asunto es que, mientras se define la solución al problema y las autoridades consensan los acuerdos los estudiantes aún no inscriben los cursos y tampoco los usuarios pueden recibir los servicios y las asesorías gratuitas.
La memoria de labores del Bufete Popular central y anexos de 2020 detalla que las asesorías y servicios brindados de enero a octubre fueron 5 mil 834, que podrían contarse como auténticas, declaraciones juradas, memoriales, citaciones, convenios, demandas, oral de alimentos, divorcios voluntarios, filiación y paternidad, conciliaciones, procesos civiles, capacitación legal a Escuela de Padres, sondeos socioeconómicos, asesorías incluidas las virtuales, entre otros.
Otto René Arenas, quien fue director del Bufete hasta el pasado 31 de diciembre, explicó que las autoridades justifican el traslado del despacho por las condiciones en las que se encuentra el edificio; por lo que a él le parece que si la decana quiere hacer reparaciones las haga de forma simultánea, mientras ellos continúan en el lugar trabajando y brindando el servicio social a la población.
La decana expuso que Arenas y otras autoridades desde 2014 han gestionado solicites para que el edificio se repare. No obstante, afirmó que el edificio no solo tiene problemas en el techo, sino también hay problemas de hundimiento en el suelo, el agua se cuela en la infraestructura, así como también los sanitarios están muy deteriorados por lo que ponen en peligro la vida de las personas que lo utilizan.
Aunque Arenas explicó que el traslado del despacho a zona 12 es un error, porque los usuarios son de escasos recursos, ya conocen que están instalados ahí, así como también es un lugar céntrico al que llegan varias rutas de transporte público; Lemus afirmó que el inmueble es totalmente inhabitable y no debe usarse ni parcial ni totalmente por la situación deplorable en la que se encuentra.
Notas intercambiadas entre las autoridades enumeran que en 2018 el edificio tenía daños en el cielo falso del Salón Mayor, el salón de Psicología y el de Trabajo Social, los sanitarios y la vigilancia, por lo que existe peligro de derrumbe. Además, grietas y hundimiento de piso, sistema eléctrico sobrecargado y cables expuestos, fugas de agua, techo de toda las instalaciones dañado.
Por esta situación, la Junta Directiva resolvió que se buscara un edificio de la Universidad que estuviera cerca del Bufete para trasladarlo hacia ese lugar, pero no se llegó a ningún acuerdo. La búsqueda llegó hasta hacer consultas con el Ministerio de Educación o la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) para conocer si tenían una propiedad que prestaran para uso del bufete, mientras reparaban la propiedad, pero tampoco hubo respuestas positivas, señaló Lemus.
Bajo estas circunstancias decidieron que el despacho fuera movido hacia el segundo nivel del S5, porque reúne todas las condiciones que necesitan para el bufete, incluso hasta con mobiliario apropiado, explicó la decana.
Beneficio para el usuario
Edelvais Campos, auxiliar jurídico del Bufete, explicó que si son traslados a zona 12 la ayuda que le brindan a los usuarios será mínima, porque la mayoría de los juzgados y sedes judiciales están en el Centro Histórico por lo que les será difícil trasladarse de un lugar a otro sabiendo que son personas de escasos recursos.
Campos va más allá y expuso que los estudiantes también podrían ser afectados con esta decisión, porque muchos de ellos cursan derecho con ingresos económicos bajos y el traslado de un lugar a otro les generara mayores costos en su presupuesto. Resaltó que han trabajado bajo las condiciones en las que se encuentra el edificio por muchos años y lo podrían seguir haciendo, toda vez que las autoridades definan que las reparaciones se hagan de forma simultánea, mientras ellos trabajan, y no los desalojen de la propiedad.
Un catedrático que da clases en el Bufete, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, opinó que el edificio está situado en un lugar estratégico para el usuario y por beneficio a ellos no se les debe trasladar. Además, señaló que atienden a muchos adultos mayores que les cuesta movilizarse, porque utilizan bastones o sillas de ruedas.
Según el informe de labores del Bufete de 2018, de enero a noviembre de ese año, fueron atendidos 29 mil 413 usuarios, quienes son de escasos recursos y requirieron asesorías y acompañamiento legal. Las personas requirieron servicios como: declaraciones juradas del adulto mayor, convenio de alimentos, autenticas, rehabilitación de antecedentes penales y policiacos, audiencias en Juzgados de Familia, divorcios, procesos de niñez y adolescencia, entre otros.
Servicio social
La Universidad Rafael Landívar procura también la formación de los futuros abogados a través de las prácticas que efectúan en los Bufetes Populares, llevan en promedio 750 juicios al año, así como también dan asesorías a las personas que son de bajos recursos, informó el director del Bufete de dicha universidad, Axel Romero Gerardi.
La casa de estudios superiores también tiene una sección destinada para apoyar legalmente a las personas migrantes que se encuentran en Guatemala y que buscan regularizar su situación migratoria en el país por medio del Bufete. Además, tiene sedes en Quetzaltenango, Huehuetenango y Cobán, Alta Verapaz.
“Para lo que más nos buscan es para cuestiones de familia y asuntos laborales. Es a lo que las personas más les preocupa y también le damos prioridad a todo lo que se relaciona con alimentos y cuestiones que tengan que ver con menores de edad”, afirmó Romero Gerardi.
El Bufete Popular es el centro de prácticas de los estudiantes de Derecho, en donde los futuros abogados dan apoyo por horas a instituciones del sector justicia, así como pueden hacer su EPS de seis meses con los centros de administración de justicia o con algún otro órgano y ninguno se gradúa sin hacer estas prácticas, indicó Romero. Además, agregó que dan apoyo y asesorías a las personas de escasos recursos que las requieren.
