Justicia

Transferencia de capacidades de Cicig a Feci sigue en el aire a un mes de cierre

El Ministerio Público, durante la administración de Consuelo Porras, no ha mostrado claridad en el traslado de personal y capacidades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) pese a que desde hace cerca de un año el Ejecutivo anunció el cierre de la comisión. Según el MP trabajan en el proceso de transición.

El inciso 2, del artículo 6 de acuerdo de creación de la comisión, suscrito por el Estado de Guatemala, establece que el MP deberá disponer de “las acciones pertinentes para cumplir con los finalidades de la investigación y la persecución penal” en particular “contar con el personal idóneo”,”realizar las diligencias pertinente en investigación penal”, “recibir asesoría técnica de la Cicig” y “mantener la adecuada coordinación”.

Según explica el exsecretario de política criminal del MP, Rottman Pérez, aunque las dos anteriores administraciones del MP apostaron siempre por la continuidad de la Cicig, si se contempló un traslado de capacidades y personal, en dado caso el Ejecutivo se decidiera por la no continuidad de la comisión. “El fortalecimiento de la investigación se dio en tres etapas, primero reformas legislativas para tener una persecución penal efectiva y estratégica, como la Ley Contra el Crimen Organizado, los métodos especiales de investigación, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley Contra la corrupción. Luego el fortalecimiento institucional, que se dio en el MP, y se busco en la policía, Organismo Judicial, para ir uniendo los eslabones de la justicia. En la tercera etapa se dieron los resultados” explicó Pérez.

Este proceso de vería cortado si no se traslada adecuadamente las capacidades y personal indicado, apunta Pérez.

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Cómo funcionan Cicig y Feci

El acuerdo de creación de Cicig, en su artículo 2, establece que este ente puede “recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada” así como “promover la persecución penal por medio de denuncia penal ante las autoridades correspondientes”.  Sin embargo, le compete al MP llevar la persecución penal, para lo cual se creó la Feci, la cual es la encargada de investigar los casos que Cicig y el MP seleccionan en el marco de su competencia.

De tal manera que, ha pedido de personal de la Feci, el equipo de analistas en Cicig podían examinar las escuchas telefónicas autorizadas con orden de juez, estudiar reportes financieros, elaborar informes forenses o emprender análisis criminalísticos que sustentaran la investigación de los fiscales.

“En las administraciones de las fiscales Paz y Paz, y Aldana se fortaleció la División de Análisis Criminal, también se apostó por capacitación teórica y el “aprender haciendo” se integraron equipos multidisciplinarios en el que analistas nacionales compartían experiencias con expertos internacionales. Al final de la administración de la exfiscal Aldana el 100 por ciento del equipo de la DAC en Cicig era guatemalteco y la idea era que se incorporará a la Feci cuando terminará el mandato de la Comisión” señala Pérez.

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El trabajo de estos analistas es clave para sustentar casos que muchas veces involucran a decenas o cientos de personas en toda clase de entidades y con diferentes funciones en las presuntas “estructuras criminales” bajo investigación resalta el exsecretario de política criminal.

“Como fiscal, lo que uno hace es llevar las declaraciones testimoniales, información documental, escuchas telefónicas, información bancaria entre otros elementos a la DAC en Cicig  y le pido apoyo para relacionar toda esa información. Ellos unen las piezas del rompecabezas, relacionan lo que declara un testigo A, con el soborno que se menciona en una escucha telefónica B, con registros bancarios obtenidos de un reporte C, por ejemplo” explica Pérez. En el caso La Línea, por ejemplo detalla el exfuncionario, esto implicó el análisis de miles de llamadas telefónicas y declaraciones aduaneras.

Recursos faltantes y debilitamiento

Extraoficialmente se conoce que al menos 11 integrantes de la DAC en Cicig, que deberían ser trasladados a la Feci según planes originales de traslado de capacidades, no tienen confirmación de su traspaso. El comisionado Iván Velásque ha indicado que al menos 60 expertos entre abogados, analistas financieros, analistas criminales y forenses se encuentran en el limbo a un mes de finalizar las labores de la Comisión en el país. Además, 45 agentes policiales han sido retirados de la institución desde 2018, entre personal que resguardaba la institución e integrantes de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) que realizaban tareas policiales de investigación en los diferentes casos llevados por la comisión.

Fuentes del MP señalan que desde hace al menos tres meses se realizan reuniones en la institución para formalizar estos traslados, pero no se ha tomado ninguna decisión ejecutiva al respecto. Sumado a esto de las 82 plazas disponibles en la Feci, entre fiscales, auxiliares y oficiales, 18 se encuentran vacantes desde el años pasado y no han sido llenadas a la fecha. El personal de la Feci también suma alrededor de 80 denuncias en su contra, 22 de ellas tan solo contra el fiscal a cargo, Juan Francisco Sandoval, sin que se hayan esclarecido las investigaciones.

Según la oficina de comunicación social del MP se encuentran en marcha planes para la integración del personal de la DAC en Cicig a la fiscalía, pero no se precisó cuantos han sido ya asignados ni cuántos más podrían incorporarse. También se indicó que se contempla transformar a la Feci, en una fiscalía de sección “con más investigadores, analistas criminales y financieros”, sin embargo solo se detalló que “está próximo el acuerdo de creación respectivo”. Oficialmente se descartó que la Feci sea adscrita a otra fiscalía del MP, al finalizar del mandato, lo cual pondría a personal externo a la Feci al frente de las investigaciones aún en marcha.

Respecto a las 18 plazas vacantes en la Feci, según comunicación social del MP, estas se encuentran “vacantes desde el 2013”. Según la institución “un agente fiscal y cuatro fiscales” ya se encuentran nombrados pendientes de notificación y trece están en proceso de pruebas de confiabilidad. “A finales del mes de agosto se hará un evento oficial en donde se presentaran todos los avances en el tema de Fortalecimiento de la Fiscalía de Sección (Feci) señala la comunicación oficial.

De manera extraoficial, sin embargo, se conoce que al menos cuatro renuncias o traslados de personal de la fiscalía, entre estas plazas vacantes se produjeron en los últimos meses en medio de los rumores en la institución de inminentes traslados de personal cuando la Cicig se retire del país.

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Para Pérez el traspaso de este personal requeriría simplemente de un acuerdo del despacho de la fiscal general, para “darle sustento legal al funcionamiento de la fiscalía” lo cual debería ir acompañado de instrumentos internos como “una instrucción general, estrategias de investigación criminal. Ya tendría que haber un equipo multidisciplinario para identificar todas las buenas prácticas y trasladarlas para su institucionalización” señala el experto.

El exsecretario de política criminal también advierte sobre el resguardo de la información de los casos cuando la Cicig abandone el país. De manera no oficial se conoce que el archivo de la Cicig quedaría a resguardo del departamento de Archivo de Naciones Unidas, pero que las carpetas judiciales de investigaciones en marcha seguirían administradas por la Feci. Sobre lo que aún no hay claridad es si otros jefes de fiscalías de sección, a través del sistema informático del MP, tendrían acceso a parte de esta investigación.

El último informe de labores del MP, 2018-2019, detalla que esta fiscalía logró la sentencia de 119 personas, 92 de ellas por procedimientos comunes y 27 por procedimientos abreviados. De las 119 personas sometidas a juicio 101 fueron condenadas. Entre los casos trabajados se en encuentran: Iggs Pisa, Lago de Amatitlán, Corrupción en el Sistema Penitenciario, Maskana, Fraijanes, Tcq, Magistrado Erick Santiago, Chicaman, Municipalidad de Chinautla, Extorsión Quetzaltenango, Venta de información, Municipalidades de Noroccidente y Construcción y corrupción.

En conceptos de reparación del daño en cuatro casos (Odebrecht, Construcción y corrupción, Financiamiento Electoral Ilícito y Lago de Amatitlán) los montos ascendieron a Q70 millones y US$ 17 millones.

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