Morales impuso al exjefe edil arresto domiciliario y la obligación de firmar el libro de procesos, para evitar que sea encarcelano nuevamente.
El Ministerio Público indica que Coro García actuó con negligencia al no desarrollar medidas de prevención de desastres en la zona ante constantes avisos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Miinisterio de Comunicaciones.
La mañana del martes Coro García fue indagado por Morales e intentó desvincularse de los señalamientos de la Fiscalía, que indica que obvió medidas de seguridad.
En su defensa, el exfuncionario dijo que fue alcalde de Santa Catarina Pinula entre los 2000 y 2015, y que cuando ocurrió el deslave ya ni siquiera era vecino del municipio.
El exalcalde indicó que en sus 15 años de gestión se hizo “obra pública para evitar riesgos por desastres naturales en la zona” y que El Cambray 2 fue declarado zona de riesgo ocho días después del deslave.
“Yo, como alcalde, nunca tuve la potestad de declarar áreas en situación de riesgo”, aseveró el exfuncionario.
A la audiencia también llegó Víctor Alvarizaes, actual alcalde del municipio, a quien el MP pidió que se le retirara el derecho de antejuicio.
Durante el desarrollo de la audiencia un hombre fue expulsado del lugar porque fotografiaba a los periodistas y al ser increpado dijo que un abogado del exalcalde le ordenó captar las imágenes.
Responsabilidad
El ente investigador presume que el exalcalde tiene responsabilidad por la tragedia ocurrida en El Cambray 2.
La fiscalía señala a Coro de homicidio culposo por no haber atendido los informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que advirtió a la municipalidad que el terreno donde se encontraba El Cambray 2, era vulnerable a desastres naturales.
Por este mismo caso el MP solicitó antejuicio contra al actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes. La fiscalía sostiene que hubo negligencia por parte de las autoridades por no darle el valor necesario al informe que Conred.
Alvarizaes ha dicho que se someterá al debido proceso, pero calificó las acciones del MP como un espectáculo.
El grupo de inconformes quebró la cámara de video de los periodistas y luego del ataque se refugiaron en el edificio municipal.
