“Se hizo del conocimiento de la Comisión todos los antecedentes del bloqueo sistemático de los derechos políticos de Thelma Aldana y del partido, y solicitamos que intervenga para que se decreten medidas cautelares para que se permita la participación”, expuso Pérez a Prensa Libre.
“Desde el Congreso se han ejercido presiones hacia diferentes instituciones que se han prestado al juego de este ataque sistemático; Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Juzgado Décimo, el Ministerio Público, entre otros actores”, añadió.
De acuerdo con Pérez estas acciones “buscan evitar la participación política de Thelma Aldana”.
Aunque no existe un plazo para que la CIDH emita una resolución, Pérez recordó que estas son vinculantes para el Estado de Guatemala por lo cual esperan que dicha comisión resuelva en los próximos días de tal manera que el Estado garantice la participación electoral de Aldana.
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Fuera del país
Aldana permanece en El Salvador, según la información más recientes, hacia donde se fue días antes de que se conociera una orden de captura en su contra que el Ministerio de Gobernación ha dicho ejecutará cuando la exfiscal ingrese al país.
El Movimiento Semilla busca una salida legal que le permita a Aldana participar en la próxima contienda presidencial del próximo 16 de junio, pero desde que dejó el Ministerio Público (MP) se ha enfrentado a una serie de demandas y acusaciones de sus detractores.
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La orden de detención que pesa sobre ella es por la posible comisión de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.
El MP señala a Aldana por la contratación de Gustavo Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19. Dinero que habría recibido sin prestar los servicios; sin embargo, sobre Bonilla nunca se giró orden de detención.
El caso está bajo reserva judicial, lo que significa que ni el juez, ni el MP ni la defensa puede dar detalles al respecto. Tampoco hay acceso al público ni a la prensa de las audiencias.
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