Los hechos por los cuales han debido enfrentar tribunales europeos tres altos funcionarios guatemaltecos, entre ellos Sperisen, se refieren a los homicidios de siete detenidos en la cárcel de Pavón, cerca de la capital, en 2006, y de otros tres prisioneros que se evadieron de la cárcel El Infiernito en 2005.
Baer y Campa habían solicitado su liberación, fundamentada en la absolución en Madrid el pasado 15 de marzo, de Carlos Vieldman, su superior jerárquico, de nacionalidad guatemalteca y española, ex ministro de gobernación de Guatemala (2004-2007).
En su petición presentada el 21 de marzo pasado, los abogados recordaron que Javier Figueroa, uno de los subordinados de Sperisen, también fue absuelto en Austria en 2013, y consideraron que “la supuesta organización criminal paraestatal” a la que habrían pertenecido los tres ex funcionarios, no habría existido.
Pero la Corte de Ginebra estimó, según los abogados Campa y Baier, “que estas absoluciones en cadena no son de naturaleza a justificar poner fin a la detención preventiva de Sperisen”.
La corte de Ginebra consideró creíbles las pruebas contra Sperisen, aportadas por la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), constituida por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala.
Asimismo la Corte recogió las conclusiones del entonces Relator Especial de la ONU contra las ejecuciones extrajudiciales, Philippe Alston, quien en 2007 presentó un informe donde denunció operaciones de “limpieza social” en Guatemala.
