Glenda Aldana, jefa de la Fiscalía, indicó que el aumento de las denuncias se debe a dos razones: una que con el fortalecimiento de esta unidad y creación de un acuerdo se dividen las competencias con la de Sección de Delitos Administrativos.
“Antes no conocíamos los delitos que están contemplados en la Ley de Acceso a la Información y ese acuerdo nos da esa competencia; tampoco conocíamos los cohechos, apropiaciones y retenciones indebidas, falsedades ni materiales, ni ideológicas, y ese acuerdo nos amplía la competencia”, afirmó.
La segunda razón por la que aumentaron las denuncias fue la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti —guarda prisión por tres casos de alto impacto—, por actos de corrupción, en abril del 2015.
Aldana refirió que de los expedientes que conoce la fiscalía que dirige, el 47 por ciento corresponde a comunas, 11 por ciento a representantes de empresa privadas y un ocho por ciento contra el Ministerio de Salud.
Respecto de esta última dependencia, la mayoría de casos se reportaron durante los últimos meses de gestión de Mariano Rayo.
Movilidad
Gabriela Ayerdi, analista de Acción Ciudadana, considera que el año pasado fue crucial, ya que fue un año electoral y por la movilización ciudadana, lo cual favoreció la denuncia.
“El año pasado recibimos aproximadamente 680 denuncias y este año llevamos 21”, afirmó.
Agregó que cuando es un hecho delictivo apoyan al afectado para que presente la denuncia en el MP, y si solo se tienen indicios de que son problemas administrativos, los asesoran para que lo den a conocer en la Contraloría General de Cuentas.
“De nuestras denuncias, el 70 por ciento son relacionadas con gobiernos locales, que denuncian principalmente al concejo, en específico a los alcaldes”, indicó.
Ayerdi refirió que las quejas han avanzado y algunas están en investigación.
IGSS-Pisa
El 20 de mayo del 2015 fueron capturados los integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por adjudicación irregular a la Droguería Pisa.
Congreso
El 25 de junio del 2015 fue desmantelada una red delictiva integrada por funcionarios del Congreso, cuya finalidad era sustraer fondos públicos. Era dirigida por el entonces diputado Pedro Muadi.
