Guardó silencio, además, sobre las dos alertas de ataque recibidas por el Tribunal de Mayor Riesgo B la semana pasada, mientras juzgaba el caso la Bomba, una estructura de asociación ilícita y sicariato, integrada por 31 personas.
La actitud de la cúpula del OJ provocó molestias entre los juzgadores de Mayor Riesgo, tanto de Instancia como los de Sentencia; estos últimos, los eslabones finales de la cadena judicial.
Morir por épocas
“En Guatemala se muere uno por épocas, seis meses se tiene seguridad y los siguientes seis no”, dice Herrera Ríos, a quien se le informó que, además del juez Gálvez, también había amenazas en contra suya, y por ello envió una carta al presidente de la CSJ, sin resultados.
En otro caso de uno de los jueces amenazados del Tribunal de Mayor Riesgo A, fue el propio Gálvez quien le comentó del peligro. La corte lo conoció la misma semana en que se hizo público el caso del juez Gálvez.
“La seguridad del OJ nos dice que aquí, en la Torre de Tribunales, nunca ha ocurrido un ataque, pero eso no es cierto; hace algunos años, el juez Nery Medina se escapó de ser apuñalado por un reo”, afirma la jueza Janeth Valdez, del Tribunal de Mayor Riesgo B.
El programa de seguridad de la Corte no responde a las expectativas, ni a las necesidades de los jueces de Mayor Riesgo.
La carencia de personal de seguridad, vehículos disponibles y en buen estado, chalecos antibalas y hasta la distribución de casos que se hace ponen en peligro su integridad.
Juzgadores se quejan porque deben hacerse cargo del pago de la alimentación y hospedaje de la seguridad que los cuida en turnos de 24 horas.
En un microbús que estuvo a punto de descomponerse varias veces en la carretera hacia Nebaj, Quiché, fueron enviadas dos juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B, con dos agentes de seguridad, a la reanudación del juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt.
Ese tribunal ha tenido a su cargo casos de tumbes de drogas de integrantes de la estructura de los Zetas y grupos vinculados con el cartel de Sinaloa.
Hace pocas semanas, Sara Yoc Yoc, una de las vocales del citado tribunal, debió salir a la carretera con su seguridad y abordar un taxi para llegar a una audiencia. Después de algunos días, el OJ se negó, pese a la seguridad que promete, a garantizar su transporte y justificó falta de vehículos.
En otros casos el riesgo proviene de una casuística repartición de procesos.
Después de la sentencia por genocidio, más del 90 por ciento de los casos asignados al Tribunal A son solo de pandilleros.
En el Juzgado B se concentra la mayoría de casos de alto impacto que impulsa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía.
¿Libres?
Paradójicamente, quienes deciden sobre la libertad de otros parecen estar presos. “Para hacer justicia hay que sacrificar la libertad”, es la aseveración de otra jueza de Sentencia de Mayor Riesgo al referirse a las implicaciones de su trabajo.
La intimidad familiar, la libre locomoción, sus apariciones en lugares públicos con familia o amigos, puede convertirse en objeto de señalamientos.
Las denuncias de amenazas de secuestro de sus familiares, como la interpuesta —dos años atrás— por la jueza Janeth Valdez, del Tribunal de Mayor Riesgo B, fueron desestimadas. Las llamadas que provinieron del Ministerio de Gobernación nunca fueron investigadas.
Rojas explicó que en el caso de Gálvez se hizo un nuevo análisis de riesgo, además de la coordinación con la Dirección de Protección de Personalidades.
No hay denuncias de otros casos, salvo el de un juez de Mixco amenazado por las pandillas, dijo, y sostuvo que proceden de igual manera con todos los juzgadores.
Descartó el uso de vehículos blindados para los jueces, porque no hay para todos.
