“Ya no más impunidad”, dijo a periodistas un representante de los sobrevivientes, Eleodoro Flores, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca.
El grupo de indígenas improvisó en el piso un altar con flores y velas. Los manifestantes se quejaron por los fallos judiciales a favor de exjefes militares acusado de crímenes de lesa humanidad.
El 28 de noviembre, una Sala de Apelaciones suspendió un juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años, cuando un tribunal estaba a punto de dictar sentencia.
Lucas García había sido llevado a juicio por su presunta responsabilidad en la matanza de más de 1 mil 200 indígenas entre 1978 y 1982 mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, fallecido en Venezuela en 2006.
Además, a inicios de noviembre, otra sala de apelaciones suspendió el inicio del juicio contra ocho militares retirados, entre ellos Lucas García, señalados de desapariciones forzadas.
Al concluir la ceremonia tradicional, abogados de familiares de las víctimas presentaron un recurso en la Cámara de Amparos de la Corte Suprema para revertir el fallo que suspendió el juicio por genocidio.
La guerra civil dejó unos 200 mil muertos y desaparecidos en Guatemala, según una comisión auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría a manos de los militares, que acusaban a los indígenas de colaborar con la guerrilla.
El 8 de noviembre recién pasado, la fiscalía pidió una pena de dos mil 860 años de prisión para Lucas García por su supuesto rol en la matanza de personas señaladas de haber apoyado a guerrilleros entre 1978 y 1982.
