En la actualidad, 78 privados de libertad fueron trasladados a celdas en la cárcel Fraijanes 2, que cuenta con celdas construidas para aislar a uno, dos o cinco internos, con planchas de cemento, sin tomacorriente, y el alumbrado eléctrico es controlado por los guardias del penal.
Los presos aislados provienen, en su mayoría, de El Boquerón, Santa Rosa; el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, y El Infiernito, Escuintla, y pertenecen a diferentes clicas de la pandilla Barrio 18.
Con estos traslados, según las autoridades, también se reducen los ataques en contra del transporte extraurbano de rutas cortas, uno de los sectores más afectados por las extorsiones.
Vandalismo.
David Boteo, subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), expuso que el proceso para aislar a los 78 reclusos se efectuó en prevención por el proceso electoral, para evitar que se cometieran acciones delictivas el día de las votaciones, aunque que se trataría de vandalismo común y no se determinó que los antisociales estuvieran al servicio de políticos o de estructuras criminales.
“Desde el año pasado se han tomado acciones con la PNC, aislando a privados de libertad de alto valor. En la segunda vuelta electoral se dieron algunos incidentes por pandilleros que querían causar zozobra, pero se tuvieron las alertas y se controló la situación”, dijo.
Boteo añadió que la cárcel de Fraijanes “no es de máxima seguridad, pero cuenta con una serie de calidades que que no tienen otras cárceles, puesto que en las demás prisiones los presos utilizan los teléfonos públicos ubicados dentro de los centros, y también recurren a las visitas, para coordinar hechos delictivos.
El nivel de las extorsiones se ha incrementado a tal punto, que a finales del año las pandillas aumentan los cobros, según las autoridades.
Para resguardar su vida, los afectados, que son los pequeños y medianos comerciantes, así como empresarios del transporte de pasajeros, prefieren dividir las exacciones en tres cuotas y amortizar así el pago.
“Por desgracia los comerciantes acceden a pagar y lo hacen en tres pagos, para que al final del año estén solventes con los extorsionistas”, dice un investigador de la División Especial de Investigación Criminal (Deic) de la PNC.
Las sumas que pagan los comerciantes varían según el tipo de negocio y el sector. Una abarrotería de barrio puede llegar a pagar cuotas de Q5 mil a Q10 mil, así como comedores, librerías, talleres y empresas del transporte de carga.
Este tipo de acuerdos, según la Deic, son más frecuentes en la capital y municipios aledaños como Villa Nueva, San Pedro Ayampuc y Mixco.
“Esto se da a nivel nacional, aunque las amenazas las dirigen más a comerciantes de la capital, en especial en los barrios donde las pandillas tienen sicarios a su servicio para que hagan los cobros”, agrega el investigador.
Aislados
A pesar de las acciones que emprende el SP, las extorsiones continúan y en julio se registró la cifra más alta de denuncias de los últimos 19 meses, según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
La tasa interanual, señala el informe, aumentó y en julio cerró con 89.9 denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes.
La problemática, de acuerdo con Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca) y directivo en la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), se volvió tan común que los extorsionistas lleguen a los predios donde se encuentran los cabezales y camiones, para entregarles un teléfono con el fin de coordinar la entrega del dinero.
“—Los extorsionistas— llegan a los talleres o predios donde atienden al transporte de carga y —los encargados— prefieren pagar. Otros denuncian y se quedan a la espera de que se investigue, pero la mayoría mejor se va del lugar donde estacionan los vehículos, por temor a que les pase algo”, subraya.
Análisis
“Las intenciones son buenas, pero debe garantizarse que los guardias y los directores de esa cárcel no tengan complicidad. De lo contrario, son acciones que no servirán”, destacó Eddy Morales, exdirector del SP, respecto del aislamiento de los cabecillas pandilleros.
Además, a su juicio no solo se trata de controlar que los internos no tengan complicidad con las autoridades de ese centro carcelario, sino también que la infraestructura del penal estén en condiciones para evitar que se hagan llamadas telefónicas, puesto que existen espacios muertos que no cubren los bloquedores de señal.
“Estos aislamientos pueden servir solo si los pandilleros son resguardados por un grupo de personal seleccionado, lo cual es muy difícil que se cumpla en cualquier cárcel”, dijo.
El exfuncionario precisó que esa cárcel tiene una capacidad para 300 internos como máximo, y aunque ha sido remodelada, siempre ha presentado vulnerabilidades que han quedado expuestas con los motines de reclusos.
