El fin último es erradicar las prácticas que mantienen la impunidad en el país y fortalecer el Estado de Derecho.
Como parte de este proyecto, se creó un sistema informático con la capacidad de “desplegar información interinstitucional y medir los indicadores de eficiencia, eficacia e impunidad” en todos los municipios del país desde todos los delitos entre 2008 y 2016.
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“Guatemala cuenta ahora con información precisa sobre el funcionamiento del sistema judicial”, dijo la Cicig en sus redes sociales.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia dio a conocer dos iniciativas de ley que permitirían atacar el litigio malicioso y lograr acelerar los procesos que se conocen en los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo trabajan los magistrados de la CSJ.
Uno de los proyectos es la ley de casos de tramitación compleja, cuyo objetivo es que los procesos de competencia ampliada, conocidos como de mayor riesgo, se conozcan en un distinto proceso penal, alejado del que actualmente se da en los juzgados de primera instancia.
La reforma también contempla cambios al Código Procesal Penal, para evitar que los sindicados retrasen los procesos a través de acciones que no siempre son procedentes, como lo que ha sucedido con la exvicepresidenta Roxana Baldetti o la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, por ejemplo, que recusan a los jueces o no se presentan a las audiencias aduciendo problemas de salud.
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