Sinibaldi tuvo una vida política activa. Fue director del Inguat, diputado, candidato a la alcaldía metropolitana, ministro de Comunicaciones y su última apuesta fue por la presidencia de la República con el Partido Patriota. Sin embargo, cinco investigaciones por corrupción lo involucraron y huyó del país en 2016.
“He conocido que la toma de decisiones se hace muchas de las veces no con intereses institucionales ni en pro de la población. Hay muchos trasfondos que son desconocidos por la mayoría de la sociedad, y por ello mismo he tomado la decisión de enfrentar voluntariamente este proceso para que se conozca toda la verdad que impera en el Estado y que lo tiene cooptado por intereses particulares desde sus mismas estructuras”, dice el comunicado que circuló en las redes sociales minutos después de conocerse sobre su detención en Coatepeque.
Estos son los casos abiertos en su contra:
1. Transurbano
De las últimas órdenes de captura en su contra se giró en septiembre de 2019 por los delitos de lavado de dinero por el caso Transurbano, en una investigación relacionada al servicio de seguridad para el sistema de transporte.
La fiscalía descubrió que en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas de ese sistema de transporte, fueron beneficiadas dos empresas de Sinibaldi, supuestamente de cartón.
Estas firmas son Seguridad ASA, S.A. —siglas de su primer nombre y apellidos— y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., las cuales habrían recibido Q978 mil 794.64, según la investigación.
2. Construcción y Corrupción
El exministro Sinibaldi también es señalado por el caso Construcción y Corrupción en las fases uno y dos, por las que también tenía dos órdenes de captura en el Juzgado de Mayor Riesgo D.
En este caso está señalado por haber liderado una red de cobros ilegales efectuados a empresas contratistas del Ministerio de Comunicaciones para agilizar pagos por deuda de arrastre. A cambio Sinibaldi recibía desde cinco hasta 10 por ciento de comisión.
3. Odebrecht
Sinibaldi también era buscado por su supuesta participación en el caso Odebrecht, por el que ya fueron condenadas tres personas —Juan Manuel Molina Coronado, abogado de Sinibaldi; Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Juan Ignacio Florido—.
Esta investigación se debe a que supuestamente negoció con los representantes de la constructora brasileña, en el 2013, el pago millonario de un soborno por adjudicarles un tramo carretero en la Costa Sur. Incluso les pidió a los empresarios que le depositaran US$3 millones al excandidato a la Presidencia por el partido Líder, Manuel Baldizón —también con orden de captura por este caso—.
4. Cooptación del Estado y coperacha
Otro caso en el que está señalado Sinibaldi es Cooptación del Estado de Guatemala, una trama de los exfuncionarios del PP que cobraron comisiones a empresas desde 2012 a cambio de contratos gubernamentales. Incluso, el aporte para la compra de regalos ostentosos para el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Además, el Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo de Rosa López, mantiene embargadas lujosas propiedades de Sinibaldi que, según investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), eran usadas por él como oficinas, bodegas, casa de campaña del PP y para convivencia familiar.
En esta investigación se determinó además que cinco altos funcionarios colectaron dinero para comprar y regalar un helicóptero al expresidente Otto Pérez Molina.
Además de ese ostentoso regalo también se compró lanchas, una casa de playa y otro vehículos. En este caso están vinculados el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el exdirectivo del IGSS, Juan de Dios Rodriguez; los exministros de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrocio; el exministro de Energía, Érick Archila y Sinibaldi.
5. Financiamiento ilícito, caso Arca
La Feci destapó en octubre de 2019 un nuevo desfalco por más de Q26 millones a un banco para financiar la campaña del extinto Partido Patriota del 2011.
Por este caso, también se vinculó al diputado del FCN-Nación, Estuardo Galdámez.
La Feci determinó que Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones Arca, S. A., para la campaña del PP.
Se creó la empresa Avanzando al Progreso, S. A., por medio de la cual se captaron los fondos que no fueron reportados.
La investigación determinó que la sociedad fue constituida y gestionada por miembros del PP, con el fin de esconderle al TSE parte de las donaciones y aportes de campaña recaudados.
