Justicia
Sidney Blanco: “elegir magistrados para la CSJ es tan importante como elegir un Presidente”
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador integra un grupo de observación internacional para el proceso de renovación de Cortes.
La décima legislatura tendrá que elegir 13 magistrados para la CSJ y 135 para Cortes de Apelación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL:
Guatemala ya cuenta con los integrantes de las comisiones de postulación que renovarán el poder judicial. La trascendencia del proceso hizo que una veintena de organizaciones internacionales creara un grupo de observación y vigilancia para el proceso.
Se trata del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI – GT) que será liderado por tres expertos en justicia e independencia. Antonia Urrejola, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Ana Lorena Delgadillo, abogada que integra el grupo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas; y Sidney Blanco, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.
Blanco concedió una entrevista a Prensa Libre, explicando el rol que tendrá este grupo de vigilancia. Pero destacando lo trascendente que es para la vida cotidiana de los ciudadanos un proceso de renovación judicial, que de llegar a ser viciado podría ser un sinónimo de corrupción, impunidad y malas condiciones de vida.
¿Por qué nace este panel internacional para vigilar el proceso de renovación de las Cortes en Guatemala?
Yo creo que en las organizaciones que están interesadas en impulsar el proceso de observación de lo que se avecina en Guatemala, uno de los temas centrales que tiene la mayoría de estas organizaciones, es justamente la independencia judicial.
Por otro lado, también muchas de las organizaciones trabajan temas de seguridad, de corrupción, que son temas que pueden estar interconectados, de manera que no es nada extraño que estas organizaciones se reúnan.
Nombrar un panel para que observe de cerca, participe, haga recomendaciones, de opiniones y ser la voz de estas organizaciones en estos temas específicos, en este proceso que se avecina. Yo creo que esa es la motivación esta organización, es no son ajenas ni a independencia judicial ni en temas de seguridad.
A mí me parece muy importante este ejercicio y ojalá que se realice en aquellos países de la región latinoamericana que están en estos procesos, es muy importante que las sociedades se den cuenta de que elegir magistrados para la CSJ es tan importante como elegir un Presidente de la República y como elegir diputados al Congreso.
¿Ya se sabe cuándo será la primera vista del panel a Guatemala?
No está totalmente definido. Estamos en ese proceso justamente de fechas y quienes todos o una parte estamos intentando ajustar agendas para coincidir.
En Guatemala hace años no se pudo concretar la renovación de Cortes. ¿Qué perspectiva se tiene fuera del país sobre el sistema de justicia guatemalteco?
Es un tema que generalmente no despierta interés en las sociedades latinoamericanas, incluida Guatemala. Creo que también se puede caracterizar como otros sistemas judiciales de la región en donde hay falta de independencia de los puestos, un grave déficit de independencia, generalmente en los poderes judiciales que están alineados a los poderes políticos.
Sabemos que en Guatemala, como en toda la región, la corrupción es impresionante e impacta, pero esto es una característica que no es exclusiva de Guatemala.
Cuál es la visión que se tiene desde fuera sobre Guatemala sobre el sistema judicial, pues la misma que podría decir que cualquier otro país: corrupción, falta de independencia, inadecuados procesos de elección, vínculos de los jueces con determinados sectores que representan intereses particulares.
¿Por qué el ciudadano debería de preocuparse tanto de una elección de autoridades judiciales y cuál es el riesgo que se corre al tener Cortes que no sean independientes?
Yo creo que el impacto que genera no contar con jueces independientes permea distintos ámbitos, en el ámbito político, por ejemplo, desestabiliza las instituciones.
El principio de separación de poderes no existe y esto significa en la práctica que el Congreso puede aprobar con cualquier ley y el Ejecutivo incluso sancionarlo, pero el judicial no tiene la capacidad o la libertad para poder bloquear la vigencia de una ley.
Si al Legislativo se le ocurre aprobar una ley de un impuesto o cualquier derecho que afecte a sectores muy sensibles, obviamente los ciudadanos en un país democrático esperan que el poder Judicial analice con la imparcialidad que corresponde si ese tributo es o no adecuado.
La justicia puede estar en cualquier ámbito, especialmente en la protección de derechos humanos, de otra manera impacta que los jueces no sean independientes, es en el ámbito económico.
Porque la empresa cuando no cuenta con fuerza independiente puede competir en condiciones de inequidad, por ejemplo, si hay empresarios dispuestos a sobornar funcionarios, estos seguros que tendrá la ventaja sobre aquellos que actúan transparente y responsablemente.
Si hay funcionarios encargados de sobornar jueces o dar instrucciones a los jueces para que fallen en determinados sentidos, seguro que habrá otra parte perjudicada, otra empresa porque no participa en igualdad de condiciones.
Afecta también el derecho de propiedad privada porque los bienes están en riesgo. Un juez puede emitir resoluciones a favor de intereses particulares y no el interés de la justicia.
A mí me parece que el impacto más fuerte donde verdaderamente se siente que no haya jueces o magistrados independientes, es en los sectores más desfavorecidos. Cuando no hay independencia prolifera la impunidad, y si prolifera la impunidad significa que puede haber instituciones capaces de contenerla y cuando hay corrupción, ya sabemos que los más afectados son los pobres.
Como producto de la corrupción, hay disminución del derecho de acceso a la salud; no se construye en clínicas, no hay médicos suficientes en los hospitales, no tienen abastecimiento de medicamentos.
También afecta en la educación; quien no tiene recursos para pagar un colegio o una universidad privada se le afecta porque tiene que asistir al colegio público donde no hay escuelas adecuadas, no hay maestros suficientes, no hay atención propicia.
En la conectividad de caminos, bueno es largo el impacto que genera la corrupción y eso está relacionado con la independencia de los jueces, porque los jueces que son los intérpretes de la Constitución tienen facultades constitucionales para frenar las decisiones políticas de los demás poderes públicos.
¿Cuál es la recomendación que usted le da a los comisionados previo a que inicien su trabajo de cara a la renovación de las Cortes?
La elección porque la elección está relacionada con la independencia, si uno revisa los estándares internacionales sobre independencia judicial siempre vamos a encontrar que uno de los elementos es un adecuado proceso de elección.
Entonces mi recomendación, que no es propia, sino de los estándares internacionales es el cumplimiento de los plazos, asegurarse de la independencia de los candidatos que piensan proponer, establecer unos parámetros objetivos de ponderación, dar apertura a la ciudadanía para que pueda señalar, la publicidad es una verdadera garantía del prestigio o desprestigio que puede tener una Comisión de Postulación.
Deben asegurarse que los candidatos no estén vinculados abierta o indirectamente con sectores que tradicionalmente interfieren en las decisiones judiciales, intereses económicos, intereses políticos, intereses de poderes fácticos.
Yo creo que las Comisiones de Postulación deben de poner el lente a las características que puedan tener cada uno de los candidatos y además creo que la dirección debe realizarse dentro de los plazos.
Aunque podría parecer contradictoria, por un lado, decirle a la ciudadanía que participe, el ciudadano podría tener derecho a impugnar y estas son una de las de las trampas que a veces se puede incurrir.
Yo creo que el derecho a impugnar es un derecho válido y para eso existe en la ley. Pero lo que los comisionados deben advertir es si las impugnaciones son simples tácticas dilatorias para retardar, postergar o aplazar los procesos de elección.
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