Esta es una de las primeras reflexiones que lanza el experto Zoel Franco al hablar de la cárcel ubicada en Mariscal Zavala.
Fue hace 12 años cuando los ministerios de Gobernación y la Defensa suscribieron un convenio que les permitía usar instalaciones militares como centros de privación de libertad de personas que, independientemente de sus delitos, se encontrara en peligro su vida.
De esta forma se empezaron a adaptar espacios en las bases militares de Matamoros, en zona 1 y Mariscal Zavala, en zona 17, con la salvedad que esta sería una opción “temporal” para resguardar a este tipo de reos.
El expresidente Alfonso Portillo fue quien estrenó el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la Zona 17, al interior de Mariscal Zavala, cuando fue trasladado a esta brigada militar en agosto de 2010. Por al menos tres años, Portillo compartió celda con los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz.
De ser un centro de prevención donde se esperaba resguardar a 20 personas con perfiles acordes a criminales extraditables, narcotraficantes y funcionarios pasó a ser un mini refugio para más de cien personas de alto perfil como expresidentes y exministros de Estado señalados de actos de corrupción.
Pero lo que más llama la atención de este centro y que fue explicado en el reportaje publicado este 21 de febrero es la latente señal de privilegios y desigualdad que se vive en este lugar.
El exministro de Gobernación en el año 2010, Carlos Menocal, justificó el uso de terrenos militares para esta cárcel diciendo que necesitaban una prisión de mediana seguridad destinada para testigos claves o colaboradores eficaces y que sería administrada por el Sistema Penitenciario.
Sin embargo, su uso se desvirtuó desde el inicio al recibir al expresidente Portillo que no era ni testigo protegido ni colaborador eficaz.
“Con el tiempo, Mariscal Zavala cambió su destino y ya no se utilizó para colaboradores sino para procesados de cuello blanco como políticos, extraditables y narcotraficantes. Al ocurrir eso, ocurre todo lo que pasa en el Sistema Penitenciario que es la corrupción para permitir el diseño de infraestructura que no está en la ley y el ingreso de cosas ilegales” explica Menocal.
El exfuncionario agregó que la alta relación que existe entre los directores de los centros, los guardias y los reos favorece el clima de corrupción que se da en todas las cárceles del país.
No es únicamente Mariscal Zavala
Corinne Dedik, experta en derecho penitenciario del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), explica que el caso de Mariscal Zavala no es ninguna excepción y esto se origina en que el SP no cumple con sus obligaciones.
“En las cárceles hay una infraestructura que no reúne los requisitos suficientes para albergar la cantidad de personas además los edificios ya están desgastados y obsoletos y lo que sucede es que los privados de libertad se empiezan a organizar para que ellos mismos trabajen en algunas mejoras y esto llega a diferentes niveles, desde reparar algo que no funciona a ingresar material de construcción como tablas yesos y baños privados para construir un mejor espacio y si se les permite hacerlo, obviamente lo van a hacer”, agrega Dedik.
Mientras que Dedik no ve el problema en la ubicación de esta prisión, el ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Claverí menciona que nunca se debió contemplar una cárcel en una base militar.
“El primer gran error fue haber permitido que en una base militar se hiciera una cárcel pública. Lo que hay que tener claro es invertir dinero en las cárceles del país, pero con transparencia. El problema es que todo se convierte en negocio”, agrega.
Los privilegios y la desigualdad
Para Zoel Franco, quien es coordinador del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), agrega que la diferencia de esta prisión con el resto de las 20 que existen en el país, a excepción de la cárcel militar de Matamoros, es el perfil de sus reos que han generado riqueza a través de actos de corrupción.
“Si hacemos una comparación con los otros centros de privación de libertad, la población que está en Mariscal Zavala está vinculada a delitos del crimen organizado que generan mucha riqueza e ingresos económicos”, agrega.
Sin embargo, este no es el único poder que manda. Muchos de los privados de libertad manejan un poder político por el lugar que desempeñaban antes de ser apresados.
“Muchos piden ir directamente ahí, por eso se ha convertido en un centro de acogimiento de personas que tienen poder económico y político y eso no se ve en los otros centros donde el hacinamiento es mucho mayor”, agrega.
Para abordar los privilegios que existen en las prisiones del país, el SP solo debe cumplir con su trabajo, explica por su parte Dedik.
“Si lo vemos con el tema de la comida únicamente, si el SP estuviera sirviendo comida propiada en calidad y cantidad ahí sí podrían prohibir el ingreso de alimentos porque tienen un servicio que cumple con todos los requisitos y así se va con todo. El no cumplir con los estándares mínimos es lo que abre la puerta para que la gente que quiere y puede ingrese muchas cosas más que legalmente no podría”, agrega.
Para Menocal y Rivera Claverí, la solución pasa por una reforma profunda al SP, que desde el 2011 que se creó, nadie más ha querido discutirla.
“Al plantear una reforma hay que hacerlo a través de una comisión propuesta por el gobierno central, el Congreso y el Organismo Judicial para que sea integrada, pero deben haber acuerdos políticos que permitan entender que esto no se resuelve en 4 años, hablamos de 16 y 24 años”, agrega Claverí.
Sin embargo, el problema en términos generales para los entrevistados es la corrupción que abarca los diferentes niveles dentro del SP, desde los responsables de sector, los guardias, directores de centros hasta las altas autoridades de la institución.
“Se necesita un nuevo modelo penitenciario con control y mecanismos telemáticos que no permita ninguna relación con el personal y con los privados de libertad, que sea cada vez más telemático y tecnológico”, agregó Menocal.
Centro desbordado
Según una supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aunque Mariscal Zavala se creó temporalmente en 2010 para 20 personas privadas de libertad de alta peligrosidad en 2015 rebasó su capacidad y fue ampliado para atender a 135 privados.
En la última supervisión de marzo de 2020 había 218 hombres y en el espacio acondicionado para siete mujeres habían 27 y la mayoría de estas personas son exfuncionarios de gobierno que están en situación preventiva desde el 2015.
Según la Defensoría de Personas Privadas de Libertad, luego de 2015, conforme se empezaron a enviar a personas vinculadas por corrupción, se desvirtuó el objetivo para el cual fue habilitada la cárcel y derivó en “desbordamiento o sobrepoblación del centro penal”.
“Como parte de los mecanismos de seguridad, se ordena el horario de las visitas y vigilancia perimetral para los privados de libertad que se encuentran recluidos en esta área. Son dos sectores, el sector denominado de Aislamiento, en donde se encuentra recluido el expresidente de la República Otto Fernando Pérez Molina, junto con otros privados de libertad de casos conocidos por los Juzgados de Mayor Riesgo. En esta área conviven aproximadamente 30 privados y en el sector denominado Carpas los otros 180, siendo esta un área destinada para no más de 120”, dice el informe
Vulnerabilidades
Gerardo Villamar, defensor de los privados de libertad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que, en general, las personas con menor poder adquisitivo son las que más precariedades enfrentan en las prisiones del país.
“Las personas con pocos recursos económicos son las que tienen más necesidades dentro (de los centros carcelarios). La población privada de libertad es como una sociedad en pequeño, solo que en custodia. Hay poca accesibilidad a servicios básicos para quienes no tienen poder adquisitivo”, explica el defensor.
Un problema, explica Villamar, es que los centros carcelarios no tienen la infraestructura ni cuentan con los suficientes guardias para albergar a los más de 24 mil personas que se encuentran en custodia a nivel nacional, ya sea a la espera de que se solvente su proceso judicial o purgando una condena.
Esto hace que el Estado incumpla con su obligación constitucional de respetar la dignidad de los privados y proveerlos de servicios básicos. A menudo, la posibilidad de vivir en condiciones dignas depende de si un privado tiene o no la capacidad de remunerar económicamente a los privados de libertad que ejercen el poder adentro, explica Villamar.
“Si no se tiene un centavo no se puede ir a tiendas a comprar nada. El que llega con plata vive mejor porque el control y manejo del centro penal no lo tiene la autoridad, lo tienen los privados de libertad. Si se llega a un sector de seis personas, y se encuentran 18 en un cuarto de cuatro metros cuadrados la persona tiene que pagar o se queda parada durmiendo. Hay gente que se amarra a las paredes porque el hacinamiento es tal”, dice Villamar.
Esto es de lo que no se ha podido escapar el Sistema Penitenciario, porque a pesar de tener a reos de alto perfil, sigue repitiendo los mismos vicios que en los otros centros carcelarios: sobrepoblación, hacinamiento, pérdida de poder y falta de control.
Guardan silencio
Se intentó obtener una opinión de las autoridades del Sistema Penitenciario respecto a los señalamientos, sin embargo, no respondieron a las solicitudes hechas por este matutino.
