La ex vicepresidenta intentó ser juzgada junto a Otto Pérez cuando solo estaba ligada al caso de defraudación tributaria conocido como La Línea.
La lista de hechos ilícitos de los que los fiscales acusan al exbinomio presidencial son asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero, caso especial de defraudación aduanera, fraude y tráfico de influencias. Llegan a 17, porque al ser más de un caso, algunos se repiten y, por ahora, tendrían que ser juzgados por separado.
Pérez Molina acumula siete señalamientos de acciones ilícitas en los procesos abiertos por la estructura La Línea y, en el más reciente, por el de la TCQ.
Baldetti, en cambio, suma 10 supuestas infracciones a la Ley en tres procesos, además de aquellos en que está involucrada junto con Pérez Molina, pues hay indicios de su participación en el caso del Lago de Amatitlán.
La pena mayor sería por lavado de dinero, que de aplicarse el máximo castigo es de 20 años.
Los fiscales tienden a pedir a los tribunales las penas máximas. En el caso del Lago de Amatitlán, si Baldetti, por ejemplo, fuera condenada, recibiría aproximadamente una pena de ocho años por asociación ilícita, 10 por fraude y seis por tráfico de influencias; es decir, 24 años, explica el catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar José Toledo.
¿Una gran estructura?
Entender cómo esos casos se vinculan, si sus integrantes forman parte de una gran estructura para defraudar al Estado y por qué los fiscales prefieren separar los casos es un asunto complejo, según los juristas.
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se ha referido en varias ocasiones a la existencia de una “gran estructura” para defraudar al Estado con actores comunes.
Se trata de una red gigantesca en la que los nombres de los exmandatarios y otros altos funcionarios aparecen una y otra vez en procesos que los fiscales seccionan.
Armar un caso gigantesco y vincular los procesos sería ventajoso para los abogados defensores, porque no serían juzgados por separado, no correrían el riesgo de que las penas sean acumulativas, si se condena por un hecho y después por otro.
Ambos están señalados de asociación ilícita, en el caso de La Línea y el de TCQ; pero si estos se conectaran, prevalecería el proceso más antiguo —aunque el delito se haya imputado en varias ocasiones—, comenta Toledo. Esto significa que los exmandatarios solo podrían ser condenados a ocho años.
¿Separar o unir?
De manera independiente de que la Cicig sostenga que hay una gran estructura para defraudar al Estado, se trata de casos diferentes.
Cada uno debe ser litigado y juzgado de forma independiente, opina el penalista David Pineda.
¿Por qué la Fiscalía ha optado por separar y no unir? Las conductas fueron cometidas por separado, pero coinciden en épocas, los bienes jurídicos atacados son los mismos, y eso favorecería una condena menor, podría argumentar cualquier defensor.
Una sola acción, sin embargo, puede generar más delitos, explica Sandra Acán Guerrero, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de San Carlos.
“Cada figura es autónoma; esa es una de las características de los casos de crimen organizado, y una pena debe ser aplicada por cada delito”, indica Acán.
La última palabra la tendrán los jueces. Por ejemplo, el juez Miguel Ángel Gálvez, en el caso de Aceros de Guatemala, decidió no agregar a Geovanni Marroquín Navas el delito de asociación ilícita, porque este ya se le había imputado en el caso de La Línea. Allí se asegura, por ese hecho, una pena menor.
