La información que le dieron la dejó desconcertada. No la intervinieron para quitarle el fibroma medular, sino que le habían extraído un riñón, sin su consentimiento.
“Sentí molestias después de la intervención, y por eso regresé a que me revisaran”, denunció la mujer ante el Ministerio Público (MP). El 22 de mayo de 2022 comenzó la investigación, según confirmaron autoridades del ente investigador y la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía contra la Trata de Personas del MP, que dirige Alexander Colop, considera que este caso de extracción de órganos se constituye como el primero, documentado con prueba científica, que ocurre en Guatemala.
No se atreve a decir que existen, o han existido más, pero tampoco lo descarta. Asegura que continúan las investigaciones e indagarán al respecto.
Por este caso capturaron a cuatro médicos especialistas en ese tipo de intervenciones, que fueron acusados por el delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos.
Este 3 de marzo, después de haber documentado el caso, respaldado con prueba científica, las fuerzas del orden operativizaron el caso y con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación de la Subdirección de Investigación Criminal (SAIA) de la PNC y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de los Estados Unidos, arrestaron a los galenos.
Se trata de Ángel David Valdez Vargas, de 40 años,; Mario Rene Bolaños Porras, de 49. Además, se detuvo a Danny Ferlandy Chocooj Coy, de 45, y a Orlando Rodas Pernillo, de 55 años.
Por la tarde, el Juzgado especializado en Trata de Personas, dio motivo de detención a galenos capturados y ordenó que no guarden prisión provisional, y los citó para que rindan primera declaración, el 14 de marzo.
“En mayo del año pasado se recibió una denuncia de una persona que indica que, pese a que autoriza a que se le practique una operación, sobre un fibroma medular, pero al momento que sale del hospital tiene algún tipo de duda y pide la patología. Le indican que la extracción que se le hizo no fue del fibroma sino que un riñón”, recuerda Colop.
Al enterarse del hecho, la mujer no se queda callada y denuncia el caso en el MP días después. La Fiscalía contra la Trata activa las pesquisas en conjunto con la PNC porque consideran que podría tratarse de un caso de tráfico de órganos.
“En junio -de 2022- realizamos varios allanamientos. Solicitamos hacer análisis forenses porque el sustento que tendremos será científico. Se obtienen los dictámenes de médicos forenses. Las declaraciones testimoniales, los peritajes de ADN y pudimos determinar que, en efecto, lo que se extrajo en esa operación fue el riñón de la señora sin su consentimiento”, recordó Colop.
Fue así que se solicitó las órdenes de aprehensión de los cuatro profesionales de la medicina y se les capturó este 3 de marzo en distintitos puntos de la Ciudad de Guatemala.
Los cuatro médicos, según el MP, se conocen entre sí. En sus redes sociales aparecen que laboran en clínicas particulares y que se especializaron en México.
Por ejemplo, lo registros de Valdez Vargas establecen que se graduó en México, en la Universidad Autónoma de México (Unam) y obtuvo una subespecialidad en urología en un hospital de aquella nación.
Mientras que Bolaños Porras señala que se graduó en la Universidad de San Carlos como médico y cirujano y asegura que se especializó en la Unam como cirujano urólogo. Chocooj Coy también es cirujano por la Usac y se especializó en cirugía laparoscópica avanzada, gastrointestinal, endocrina y metabólica.
Otro de los capturados es Rodas Pernillo, un médico patólogo graduado de la facultad de ciencias médicas de la Usac. Sobre el posible destino del riñón de la mujer, el fiscal Colop revela la hipótesis.
En la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas se castigan dos delitos: el de la disposición ilegal de órganos o tejidos humanos, por el que acusan a los cuatro médicos; y el de extracción y tráfico de órganos y tejido humanos. Este segundo no se los endilgaron a los señalados porque el riñón no fue transportado a ningún otro lugar en el país o el extranjero.
“La primera teoría que teníamos era sobre la extracción o disposición del órgano de manera ilegal. Le llamamos ilegal porque la denunciante indica que firmó y consintió la operación del fibroma renal, pero no así el riñón”, explica.
“Entonces teníamos que demostrar que era el riñón de la señora, y logramos hacerlo científicamente. La otra teoría, que ya estaríamos hablando de tráfico de órganos, era encontrar el riñón, y así fue”, revela.
En este caso solo se encuadra el primer delito, asegura el fiscal del MP, porque hallaron el órgano humano y establecieron que era de la denunciante.
“En este caso puntual, al momento de hacer el secuestro de evidencias, que se enviaron a patología, detectamos a través de ADN de que el riñón que localizaron es de la señora. No tenemos hasta ahora indicios de que lo quisieran enviar a otro lugar en el país o el extranjero”, asevera.
Por esa razón participó el HSI estadounidense, porque esta oficina lucha contra organizaciones criminales que explotan ilegalmente los sistemas de viaje, comercio, finanzas e inmigración del país.
Un reportaje de la BBC describe que en el tráfico ilegal de órganos del mundo la “estrella” es el riñón. Algunas organizaciones, según el medio de comunicación, creen que constituye hasta el 75% del mercado ilegal.
Pero en el aspecto legal, la Administración de Recursos y Servicios de Salud de Estados Unidos, registra que en 2021 más de 90 mil personas esperaban por un trasplante de riñón y le siguieron 11 mil de hígado, más de 3 mil de corazón y mil de pulmón.
La cifras de esta organización establecen que 105 mil 800 adultos y niños figuran en la lista nacional de espera de trasplantes mientras que 17 mueren cada día esperando el trasplante de órganos.
Pronunciamiento de gremio
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala emitió anoche un comunicado derivado de las acusaciones de la Fiscalía en contra de los galenos. La entidad exigió que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de los facultativos.
Además, informó que se ordenó la intervención del asesor legal de Junta Directiva, para que revisara el estado legal de sus agremiados.
Agregó que se pone a disposición de colaborar “en lo que sea requerido” para esclarecer la situación legal del caso.
También la Asociación de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de Guatemala emitió una postura exigiendo un “debido proceso” a los órganos de justicia; y a los medios de comunicación elevar el nivel de investigación antes de hacer “publicaciones sin base científica”.
