Las cuatro personas fueron señaladas por el MP de haber dado y recibido aportes de la UNE durante la campaña de 2015 que no fueron reportados al TSE.
Los cuatro fueron detenidos el 6 de febrero pasado. Ese mismo día, el Ministerio Público solicitó el levantamiento de la inmunidad de Sandra Torres, andidata presidencial, y los diputados Karina Paz, Julio César Ixcamey, Carlos López Giron, Julio César López Villatoro y Jairo Joaquín Flores, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo rechazó el 27 de febrero.
Al momento en que la Fiscalía comenzaría a reproducir escuchas que involucraban a los sindicados, Domínguez ordenó que no lo hiciera con las que Torres tenía participación, con el argumento de que la CSJ ya desestimó la solicitud de levantamiento de inmunidad contra ella.
La audiencia se postergó para el lunes.
El fiscal dijo que tendrá que analizará junto a Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cómo actuar al respecto.
Prensa Libre buscó comunicarse con Sandoval, pero no contestó las llamadas.
Dinero no reportado
El fiscal Andrei González explicó que el avance de la investigación se derivó del caso Traficantes de Influencias centrado en la supuesta negociación para el pago del crédito fiscal.
Ante la jueza, los sindicados estimaron de cuánto son sus ingresos mensuales o anuales: García dijo que ganaba Q7 millones al año, Alejos Cámbara, Q10 millones al año; Duarte, Q23 mil 897 como salario mensual, y García, Q15 mil al mes.
El fiscal Fernando Aldana, que auxilió a González, explicó los indicios del caso. El primero en escuchar la acusación fue Alejos Cambara, quien fue señalado de haber aportado Q500 mil por medio de un cheque en mayo de 2015. Fue señalado por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrada.
El caso de Duarte es porque la Fiscalía cuenta con copias de un cheque por Q100 mil de octubre de 2015 que recibió para la campaña de la UNE.
Sierra, quien fue candidato a diputado por la UNE en Alta Verapaz en 2015, recibió un cheque por Q50 mil para los gastos de campaña.
Por último, a García Castro se le señaló que hizo transacciones del Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe para el aporte de dinero destinado a los gastos de campaña. Además, habría remitido un cheque por Q500 mil a la campaña de ese partido el 7 de mayo del 2015 y en una declaración jurada especificó que el dinero era de procedencia lícita.
Mencionan a Torres
“Usted, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, juntamente con Sandra Julieta Torres Casanova, Mario Roberto Leal Castillo -prófugo-, Karina Alexandra Paz Rosales, Julio César Ixcamey Velásquez, Carlos Enrique López Giron, Julio César López Villatoro, Jairo Joaquín Flores y otras personas, actuaron concertadamente, cada uno con distintas funciones en los departamentos de Guatemala, Quiché y Huehuetenango, al menos desde abril hasta octubre de 2015, participó en una agrupación cuyo objeto fue la financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado”, explicó el fiscal Aldana.
El representante del MP explicó que la finalidad era recaudar y distribuir aportaciones para gastos de la campaña electoral de 2015 de la UNE. “Las aportaciones no fueron registradas ante el Tribunal Supremo Electoral”, mencionó.
Jueza retiró a la PGN y a la SAT
Al comienzo de la audiencia la jueza Domínguez retiró a los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) debido a que “no evidenciaron daños” al fisco y al Estado.
Durante 20 minutos fue separada la abogada Astrid Escobedo, de la Cicig, debido a que incumplió en la obligación de demostrar ante la judicatura el mandatario legal de la entidad. “No se le dará intervención por el momento”, dijo la juzgadora.
Después acudió un mensajero y llevó una copia legalizada de la representación, por lo que la jueza avaló la intervención de Escobedo a pesar de las quejas y alegatos de los abogados, centrados en que la Cicig ya había sido clausurada por el presidente Jimmy Morales el 7 de enero último.
El caso se conocería en el Juzgado Décimo Penal, pero una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), por petición de la Fiscalía, hizo que pasara a la categoría de Mayor Riesgo, por lo que finalmente correspondió a Domínguez.
Antecedentes de la investigación
La investigación surgió por los avances del caso Traficantes de Influencias, que se conoció en enero del 2018, que develó la existencia de una supuesta estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Así se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV, S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo -tiene orden de captura- para el financiamiento ilícito del partido UNE.
Según la investigación del MP y la Cicig, las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. De esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
La Fiscalía estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña de la UNE.
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE, sumaron Q19 millones 531 mil 753.10.
El caso cuenta con evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del TSE e entidades bancarias.
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