Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, pareciera ser el lema que mueve a los agentes de seguridad privada, quienes, en medio de la pandemia, además de ser la primera línea de seguridad en comercios, también son los encargados de vigilar que se use correctamente la mascarilla y de dosificar el gel antibacterial.
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En muchos comercios, los agentes reconfiguraron su función para brindar seguridad con medidas sanitarias. En una abarrotería de la zona 18, por ejemplo, un guardia ataviado con mascarilla, guantes y su arma en el cinturón coloca alcohol en gel en las manos de cada cliente que desea ingresar.
El negocio de la seguridad privada tiene diversos matices y la pandemia significó otra mutación para los más de 30 mil agentes que 220 empresas de seguridad privada han registrado en el Ministerio de Gobernación.
El trabajo de la fuerza privada de seguridad es, por naturaleza, arriesgado y con la pandemia aumentó el peligro.
Carmen Rosa de León, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para Desarrollo Sostenible (Iepades), advirtió durante un seminario web que la pandemia ha afectado la seguridad privada y los agentes tienen un alto grado de exposición al virus porque ahora también miden la temperatura y aplican gel a las personas antes de que ingresen a los lugares que ellos resguardan.
Los agentes de seguridad privada, que en su mayoría tienen bajo nivel académico, no están capacitados para coordinar un control epidemiológico o por lo menos en primeros auxilios. A esta condición se suma que estos trabajadores afrontan problemas más graves, ya que debido a las restricciones de movilidad no pueden viajar a sus hogares, muchos de estos en la provincia.
La directora de Iepades insiste en que las condiciones laborales de los agentes de seguridad privada no son las mejores para su salud y muchos temen ser despedidos si informan que tienen algún síntoma de covid-19, lo que no solo incrementa el riesgo de que se propague el virus, sino también es irónico que quien controla el protocolo sanitario pueda estar contagiado del virus que debe controlar.
Precarias condiciones
El pasado 22 de abril, la Defensoría de Personas Trabajadoras, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), hizo público un informe de inspección laboral y de seguridad ocupacional efectuada junto a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Trabajo (Mintrab) a una empresa de seguridad privada. Durante la diligencia se constataron las condiciones en que los agentes permanecen: camas en mal estado, sin acceso a agua entubada, los extintores bajo llave y, por si fuera poco, los agentes ignoraban cuáles son sus derechos como trabajadores y ninguno estaba cubierto por el Seguro Social.
La Defensoría desarrolló un trabajo de orientación sobre derechos laboralesdirigido a un grupo de agentes que no conocían que tenían derecho a vacaciones pagadas. La Inspectoría General de Trabajo intervino ante tal flagrancia de delitos y emplazó a la empresa para subsanar los hallazgos.
Rudy Guzmán, vicepresidente de la gremial que agrupa a 45 compañías de seguridad privada, explicó que se han dado recomendaciones a las empresas para que cumplan con las disposiciones presidenciales en prevención de la propagación del virus entre su personal y que se les debe facilitar el equipo de bioseguridad.
Indicó que algunas empresas de seguridad han reportado que la pandemia los ha afectado de forma considerable porque están cerrados comercios, almacenes, centros comerciales y otros locales que requerían sus servicios, así que absorber el costo de equipos de protección sanitaria es difícil para algunas.
“El servicio nos ha salido bastante caro porque hemos contribuido a mantener las especificaciones del Ministerio de Salud en cuanto a la prevención y combatir esta pandemia, dándoles a los guardias tapabocas, guantes, overoles, las sombrillas visuales, para que no se contaminen en la cara. Ha sido bastante complicado el trabajo que realiza el empresario de seguridad hoy por hoy”, enfatizó Guzmán.
El representante de la gremial reconoció que saben que algunos agentes se han contaminado porque han sido reportados, pero no han tenido ningún repunte y tampoco saben con exactitud cuántos son porque comunicarlo queda a discreción de cada empresa.
“Hemos tenido algunos comentarios, pero estamos tratando la manera de que nuestros amigos, compatriotas, empresarios, hagan lo posible para que esta situación no se dé (…) Aunque yo le digo que no estamos obligados a darle un servicio de dormitorio a los guardias, lo hacemos por humanidad, con todo cariño, porque somos parte de este núcleo laboral”, indicó.
Inspecciones
Víctor Orellana, jefe de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), una dependencia de la Policía Nacional Civil, explicó que ha sostenido tres reuniones durante mayo con los representantes de la Cámara, la Gremial y la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, en busca de acordar las medidas de prevención necesarias y así evitar la propagación del covid-19 entre sus guardias.
Puntualizó que en una reunión, por solicitud de la institución, acudió el jefe de la Unidad de la Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para explicarles a los empresarios las medidas sanitarias que deben seguir los guardias para no infectarse del virus. Además han distribuido entre el personal material didáctico sobre el uso adecuado de la mascarilla, gel antibacterial y cómo limpiar sus armas, llaves y otras herramientas de trabajo.
Durante los últimos tres meses, durante la crisis por el covid-19, Digessp ha hecho 14 supervisiones para verificar que se cumpla con los protocolos sanitarios y también aspectos legales, contables, como el estado de los inmuebles y el uso legal de armas.
Una de las últimas inspecciones, la semana pasada, se hizo en una empresa de seguridad de la zona 17, en la cual 45 agentes se encontraban en cuarentena porque un grupo de ellos había dado positivo a la prueba de covid-19. Una inspección más se efectuó el martes último en la zona 12, y se encontró que 65 guardias estaban aislados, cinco de los cuales habían dado positivo, por lo que el Seguro Social intervino para vigilar la cuarentena de los otros 60.
Orellana señaló que la Digessp no tiene como función conocer o registrar los casos de covid-19 entre las empresas de seguridad, solo es un enlace con el Ministerio de Salud.
En la Digessp están registradas 220 empresas de seguridad privada y 32 mil agentes acreditados desde 2010, lo que significa un reto para supervisar todas las empresas y sumado el subregistro de guardias que prestan servicio sin estar inscritos en la institución.
Por ahora, explicó Orellana, no existe ningún protocolo para las empresas de seguridad privada ante la pandemia, cada una sigue los lineamientos según las recomendaciones de las autoridades de Salud y las disposiciones presidenciales.
La gremial de empresas de seguridad sí reconoce que tiene un protocolo interno para evitar la propagación del virus entre sus trabajadores. Asegura que también han incluido entre los requisitos de reclutamiento las pruebas de salud.
