De acuerdo con la Fiscalía, González, quien trabajó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.
“Esta es una acusación totalmente falsa. Lamento que el Ministerio Público siga con esto y ya sabemos que es usual que usen el sistema para mantenernos en prisión”, declaró González a medios de comunicación al ser trasladada a la Torre de Tribunales.
Stéphane dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señaló que el funcionario “expresó su preocupación por los recientes allanamientos y órdenes de detención contra la abogada Claudia González y ex fiscales del MP”.
Además, dijo que la oficina de la UNU en Guatemala observa el desarrollo del caso.
“El Secretario General observa con preocupación informes sobre recientes redadas y órdenes de arresto contra fiscales guatemaltecos y una exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González”, dice la declaración.
Agrega que “recuerda las importantes contribuciones de los dedicados funcionarios de justicia y, durante su período de funcionamiento, de la CICIG y su personal, a la lucha contra la impunidad y la corrupción”.
Además, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció al respecto y escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que “recibo noticias muy preocupantes sobre la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y ex fiscal Claudia González Orellana en #Guatemala”.
Agregó que “las autoridades deben garantizar sus derechos”.
En esa misma línea, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados señaló que “las autoridades deben garantizar sus derechos, incluido el derecho a acceder a un abogado de su elección”.
Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se pronunció al respecto de la detención de González y dijo que “acciones como la denunciada hacen perder credibilidad en la justicia y su funcionamiento”.
Almagro agregó: “Nuestra condena y el llamamiento a respetar las instituciones y guiarse por los preceptos y pilares del Estado de Derecho”.
Además, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), escribió en X que “defender #DDHH no es delito. Lo que sí es delito es usar el sistema penal para perseguir a abogados, jueces, fiscales y otros operadores de justicia que defienden la democracia y los derechos fundamentales”.
Con base en eso, Jiménez señaló que “exigimos inmediata liberación de la abogada Claudia González”.
“El objetivo de la Fiscal Porras está claro: garantizar la impunidad en investigaciones de corrupción y tomar venganza”, indicó por su parte en X el subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch, Juan Pappier.
Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., escribió en su cuenta de X que “el inaceptable ataque del @MPguatemala hacia los defensores de justicia @Claudia_GonzaO, @JSandoval1982 y Eva Siomara Sosa, por abogar por la transparencia y #RendiciónDeCuentas, socava la #Democracia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala. Condenamos la flagrante manipulación del sistema de justicia como un arma”.
Además, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU. escribió en la misma red social que “Estados Unidos condena categóricamente el abuso de poderes procesales por parte del @MPguatemala para intimidar a quienes como Claudia González, Juan Francisco Sandoval y Eva Siomara Sosa buscan transparencia y rendición de cuentas en su país”.
Detalles del operativo
El operativo y detención de González estuvo a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, institución cuya cúpula es dirigida por agentes sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar la justicia y corrupción”.
En la actualidad, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Sandoval y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.
Además, la Fiscalía allanó la casa de los padres del exfiscal Juan Francisco Sandoval.
Sandoval rechazó las acciones de la Fiscalía y aseguró que estaban “amedrentando a mis padres, quienes son adultos de la tercera edad” por supuestos casos donde ellos no están involucrados.
Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras.
Con información de EFE y AFP
