En el caso actual el vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) Jordán Rodas Andrade, explicó: “Se lamenta que los colegas estén involucrados en actos reñidos con la ley, más en una función pública tan delicada, esperamos que se siga demostrando que no hay nadie superior a la ley”, dijo
Calificó como “inédita” la captura de la jueza Reinoso Trujillo y del magistrado de Sala Santiago de León, así como la entrega de Sierra de Stalling.
“No se había dado esto, es inédito que un magistrado y dos juezas estén siendo procesadas. Esto es un paso duro pero importante en el fortalecimiento del Estado de derecho”, dijo Rodas Andrade.
Señaló de ninguna manera se puede ver como una violación a la independencia judicial ni como una intimidación, “personalmente creo que no porque no hay nadie superior a la ley dice la Constitución y desafortunadamente incurrieron en ilícitos penales. Desde luego que nos sorprende”, puntualizó el vicepresidente del Cang.
Son décadas de impunidad en el OJ
En 2012, el informe de la CICIG causó revuelo, pero no trascendió pues la Comisión no presentó pruebas contra los 18 señalados. En el actual proceso el MP y la CICIG aseguran que tienen las evidencias que sustentan la acusación contras las juezas y el magistrado.
Casi al mismo tiempo en que los jueces fueron capturados, Iván Velásquez el actual comisionado de la CICIG, escribió en su cuenta de Twitter, “Para quienes amamos la justicia, cómo duele la corrupción de un juez! Traiciona la misión sublime de juzgar y socava la confianza ciudadana”.
Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia (MPJ), asegura que las dos capturas son el resultado de décadas de impunidad en el OJ. “Los hechos por los cuales están señalando los jueces no es algo que hayan hecho solamente ellos, ni es algo que está empezando a hacer, en este momento, estamos hablando de décadas de prácticas corruptas en el Organismo Judicial”.
Agregó que con estos casos se está enviando un mensaje de que no se tolerará más este tipo de prácticas.
“Lo que tenemos frente a nosotros es la posibilidad de cambiar el rumbo, someter al poder judicial a un camino en donde se promueva la depuración por medio de las acusaciones serias y de las acusaciones fundamentadas”, manifestó Ibarra.
“No se necesita agarrar a un juez con los billetes en la mano”, dijo
Añadió que el OJ está plagado de este tipo de prácticas y que así es como se explica que la impunidad haya logrado florecer por tanto tiempo.
El vicepresidente de la República, Alfonso Fuentes Soria, expresó que serán respetuosos del debido proceso: “Corresponderá al Ministerio Público y al sistema de justicia operar y el Ejecutivo está respetuoso a todo el funcionamiento del sector justicia”, dijo el vicemandatario.
Óscar Emilio Castillo, presidente de la Cámara de la Industria, manifestó: “lo que pasó hoy es exactamente lo que queremos hacer para que las instituciones se fortalezcan y que cada quien haga su trabajo respetuoso de la ley”.
Nadie es superior a la Ley
El presidente del OJ y CSJ, Josué Felipe Baquiax, Habló del caso: “De estas aprehensiones la Corte envía un mensaje de que nadie es superior a la Ley. No obstante las tres personas ostentan cargos jurisdiccionales, ahora tendrán que afrontar un debido proceso y el mensaje de estas acciones es que cuando un juez en un momento dado se aparte de la objetividad, de la transparencia pues en un momento dado se le puede despojar la inmunidad”, puntualizó Baquiax.
A través de un comunicado la Asociación de Jueces y Magistrados exige que se garantice la protección de los juzgadores y que se respete el debido proceso.
Los señalamientos
Jisela Reinoso
Jisela Yadel Reinoso Trujillo está señalada de los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.
A la jueza se le sindican los anteriores delitos por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente, dice la Cicig por medio de un comunicado.
“Los estados de cuenta de la señora Jisela Yadel Reinoso Trujillo reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio del cual se desconoce su origen y concepto. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros”, agrega la Comisión.
Marta Sierra
En el caso de la Jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling se le señala de la comisión de los posibles delitos de cohecho pasivo y prevaricato.
“Se presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera “la línea”, a quienes habría beneficiado con fianzas para salir en libertad”, manifiesta la Cicig.
Detalla la Comisión que la jueza Sierra de Stalling decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados, sin embargo sólo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez alias Eco, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas.
Érick Santiago
En cuanto a Érick Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché, está sindicado de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de unos Q10 millones a cambio de una resolución favorable para una empresa.
El magistrado Santiago de León, con la intermediación de Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz (ligados a proceso por tráfico de influencias) habrían negociado el pago de Q10 millones de comisión a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar Q93 millones dentro de una causa civil.
