Gálvez utilizó seis horas y media para preguntar los nombres, lugar de residencia, profesión y oficio, entre otros datos, a los señalados.
El caso Cooptación del Estado de Guatemala se originó del supuesto enriquecimiento ilícito de Pérez Molina y Baldetti, quienes desde el 2007 habrían formado una red de empresas de cartón con las cuales se financió la campaña del Partido Patriota en el 2011, cuando ganaron la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, en los comicios.
También se detalla que ya en el poder, ambos favorecieron a empresas que les habrían proveído de recursos financieros y a las cuales dieron contratos millonarios con el Estado.
Gálvez explicó que la Cooperacha es una fase de la investigación en la cual se busca determinar el origen del dinero que los exministros López Bonilla, López Ambrosio, Anzueto Girón, Érick Archila, Alejandro Sinibaldi —ambos con orden de captura internacional— y Rodríguez López le compraron un helicóptero a Pérez Molina como regalo de cumpleaños.
Defensa falla
Los defensores de los involucrados intentaron frenar la diligencia al aducir que no tuvieron tiempo para revisar los expedientes, los cuales calificaron como extensos, o que no pudieron analizar todos los indicios en los que la Fiscalía fundamenta las pesquisas preliminares.
El intento se repitió luego de que López Bonilla, López Ambrosio y Anzueto Girón ingresaron a la abarrotada Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. En ambas ocasiones el juez rechazó la petición.
Los abogados de los exministros solicitaron separarlos de la diligencia y escucharlos en primera declaración en una audiencia diferente, después de concluir la de Cooptación del Estado.
Gálvez les explicó que podrían estar presos un mes de manera provisional, tiempo que podría durar la actual diligencia. Los exfuncionarios decidieron permanecer en la audiencia.
Se presentan
El expresidente del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) Adolfo Fernando Peña Pérez, Edna Maribel Berganza Colindres, ex subsecretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), y Marco Antonio Recinos Sandoval, dueño de la empresa Alquiler De Tractores, S. A. (Altracsa), se presentaron de manera voluntaria a la audiencia.
Los tres permanecían prófugos, y solo Peña Pérez fue enviado a prisión provisional. Sus abogados le indicaron al juez Gálvez que su patrocinado estaba en el extranjero pero que su deseo era solventar su situación con la justicia, por lo que ayer regresó al país.
Peña ingresó por el Aeropuerto Internacional La Aurora, en un vuelo proveniente de El Salvador, informó su abogado David Pineda.
Eduardo Cristhian Klestler Morán envió a su abogada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, quien le pidió a Gálvez revocar la orden de captura emitida y copia del expediente. El juez denegó la solicitud.
Horas de espera
Alrededor de las 11 horas, varios señalados se quejaron que habían llegado de madrugada y la guardia penitenciaria les prohibió comer, por lo que el juez concedió un tiempo para que pudieran tomar alimentos.
Otros sindicados, como Gustavo Alejos y Rodríguez López, aprovecharon el tiempo antes de la audiencia para leer.
