Durante la jornada se escuchó a los abogados de Flavio Montenegro, expresidente del Banco G&T; del exdiputado Marvin Estuardo Díaz Sagastume, del exdirector del Fondo Nacional de Desarrollo Óscar Ludwin Osorio Ovalle, del exdirector del Registro Nacional de las Personas Rudy Leonel Gallardo Rosales y de Ábner Antonio Rodríguez Vásquez, quien vendió un programa informático al Registro de Información Catastral.
El pasado 29 y 30 de junio también se escucharon los argumentos de los defensores, quienes por lo general han expresado su rechazo a la declaración como prueba anticipada del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como a las órdenes de captura giradas contra los sindicados y la falta de relación entre los señalamientos y los indicios recopilados por el Ministerio Público (MP).
Poco después de iniciada la sesión, fue evidente el aburrimiento de los imputados y abogados. Algunos optaron por leer documentos, hablar entre sí o con sus abogados o jugar con teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
Avance
Hasta ahora, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ha escuchado a 16 abogados litigantes, y los argumentos de defensa de Alberto Rafael de León Escobar, Álvaro Mayorga Girón, Julio Alejandro Quinto Tobar, Ana Graciela López Gálvez, Edna Maribel Berganza Colindres, Marco Antonio Recinos Sandoval y los hermanos Denis Leonel y Boris Alberto Linares Juárez.
También los de Denis Benjamín González Cepeda, Boris Orlando Navas Aguilar, Max Roberto Burgos Faillace, Juan Luis Ortiz Álvarez, Rudy Giovanni Navas Siliézar, Jack Irving Cohen Cohen, Montenegro, Díaz Sagastume, Osorio Ovalle, Gallardo Rosales y Rodríguez Vásquez.
Queda pendiente de que se defiendan 38 sospechosos, entre quienes figuran contratistas, empleados y funcionarios públicos, así como los exgobernantes Otto Pérez Molina y Baldetti.
Argumentos
El abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, defensor de Montenegro, aseguró que no se puede acreditar responsabilidad a su cliente por financiamiento electoral ilícito.
El órgano investigador los señala por supuestamente haber aportado dinero a la campaña del Partido Patriota en el 2011, apoyo financiero que se habría entregado de manera anónima, lo cual prohíbe la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Pérez Trabanino manifestó que en la época que señala el MP como el momento en que se cometió la referida acción ilícita, la normativa que daba vida al delito todavía no estaba vigente.
Aseguró que la definición del delito señala que esa acción es cometida al recibir dinero de financistas anónimos, y que al analizarse de esa manera, su cliente no habría recibido, sino entregado. El abogado pidió que se cierre el caso contra su patrocinado.
