Susana Patricia Castellanos González y Maynor Feizal Zimeri Corado fueron los implicados que tenían orden de aprehensión y se presentaron a comparecer. Cuando pasaron al frente, en el banquillo de los acusados, Castellanos dijo ser auditora y que estaba desempleada. Zimeri que es empresario y su salario mensual es de Q100 mil, sin aportar más detalles.
La jueza de alto impacto, Claudette Domínguez, les advirtió que debían comparecer a las audiencias esta semana hasta solventar su situación jurídica. Los benefició para que se fueran a su casa porque se habían presentado de forma voluntaria.
En el juzgado comparecieron otros sindicados:
- Héctor Ricardo Quan Serrano por el delito de Defraudación Tributaria
- Nelson Alexis Garcia Morales por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
- Edin Alberto Álvarez Pérez por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
- Antonio Juan Cristiani Burkard por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
- Enrique Sánchez Hernández por el delito de Defraudación Tributaria
- Per Michael Erichsen Rydhager por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
- Héctor Rafael Leal Valdés por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
En desarrollo la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo A en el caso Financiamiento electoral no registrado en la Unidad Nacional de la Esperanza en 2015. pic.twitter.com/ZBdaI1pdRY
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 8, 2019
Acusados serán beneficiados
El fiscal Andrei González explicó al comienzo de la audiencia la medida desjudicializadora a favor de Quan Serrano y Sánchez Hernández debido a que el señalamiento es por defraudación tributaria.
Los dos señalados enviaron un correo electrónico a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en donde anunciaron que irán a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a solventar su situación por retraso en el pago de impuestos de 2015.
La jueza explicó que será en otro día cuando se conozca la acción a beneficio de Quan Serrano y Sánchez, quienes se retiraron de la sala de audiencias.
El empresario Gustavo Alejos también asistió a la cita aunque se retiró debido a que no era de su interés el señalamiento a las personas que se entregaron y las que comparecieron a la cita de la juzgadora.
Incidente
El abogado Julio García-Merlos, quien defiende a Cristiani Burkard, interpuso un incidente de separación de procesos. El argumento es que el caso surgió por la investigación del caso denominado Aceros y después se extendió al de Traficantes de influencias y ahora se añadió la investigación de financiamiento electoral no registrado al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.
La juzgadora le dio intervención a todas las partes para escuchar los alegatos a favor -Fiscalía- y en contra -la defensa-. Después de tres horas el incidente fue rechazado. Entonces, fue el turno del fiscal González para iniciar con la descripción de los hechos.
La investigación
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público siguen la pista de Q19.5 millones destinados al financiamiento de la campaña electoral del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.
- El primero de ellos es el caso Traficantes de Influencias, por el cual Mario Leal Castillo se encuentra prófugo.
- La investigación apunta a que supuestas comisiones recibidas por Leal Castillo, fruto de su vinculación con Geovanni Marroquin Navas, y resultado de la agilización de la devolución de crédito fiscal, habrían sido utilizados por Leal Castillo como aporte a la campaña de la UNE.
- Geovanni Marroquin Navas es un nexo que relaciona a este nuevo caso con el de La Línea, pues Marroquín Navas fue uno de los presupuestos operadores de esta estructura criminal en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
- La investigación apunta que, al menos, una empresa de un hijo de Marroquín Navas habría sido también utilizada para triangular fondos destinados a la campaña de la UNE. Esta empresa sería Ingeniería Integral, manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva. Desde esta empresa se detectaron movimientos financieros hacia la entidad Maariv S.A. El MP afirma que al
rastrear los movimientos de la entidad Maariv S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo (hijo de Leal Pivaral y vicepresidenciable en 2015) para el financiamiento ilícito del partido UNE,por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta. - Estos aportes encuadran en la nueva definición de financiamiento electoral ilícito, (reformado por el Congreso en octubre de 2018) que detalla que este delito se produce cuando los aportes a las campañas proceden de ilícitos.
- Las empresas bajo investigación ya presentaban registros de financiamiento al partido UNE en el TSE, pero con montos menores a los ahora investigados. Estas son las compañías: Prohabsa, Maariv S.A. (ligadas a Mario Leal Castillo) y Grupo Empresarial San Felipe.
- El MP afirma que dichas empresas fueron usadas como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido UNE por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
- El Grupo Empresarial San Felipe se encuentra ligada al diputado por Sacatepéquez, Julio César Ixcamey, cuya inmunidad pidió hoy el MP que le sea retirada.
- En la investigación se indaga el uso de Proabsa, Maariv y Grupo Empresarial San Felipe para ocultar origen real de los aportes a la campaña de la UNE en 2015. El MP estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña.
- El caso de la UNE también se relaciona con el denominado Negociantes de la Salud. De manera extraoficial se conoce de intervenciones telefónicas que involucran a Sandra Torres, Mario Leal Castillo y Gustavo Alejos. Este último detenido nuevamente este miércoles 6 de febrero.
- Los elementos de prueba para este caso incluirían alrededor de 60 declaraciones testimoniales, análisis financieros bancarios y reportes de financiamiento remetidos por la agrupación política al TSE.
- Entre los citados a declarar se encuentran empleados de empresas de la familia Leal Pivaral que habrían sido utilizados para cobrar cheques de donantes del partido. Este dinero en efectivo fue utilizado en la campaña 2015. También se ha citado a primera declaración a
- Dos de las acusados hoy por el MP y la Cicig también ocuparon funciones en el gobierno del Partido Patriota. Mario Leal Castillo fue secretario de asuntos específicos de la presidencia durante el gobierno de Otto Pérez Molina, mientras que su asistente, en algunas de sus empresas, Karina Paz, fue directora de la Multisectorial del PP. El MP también solicitó hoy que se le retire el derecho de antejuicio a Paz, quien ocupó una curul por el partido Une luego de que el diputado César Fajardo, dejara el cargo por la investigación en su contra por el caso Plazas Fantasma en el Congreso.
- En el caso del diputado Julio César Ixcamey se investiga si algunos de los aportes registrados fueron utilizados para su campaña en Suchitepéquez, triangulando fondos a través de familiares. Fuentes internas del partido señalan que Ixcamey habría obtenido una gran autonomía de acción en el partido, para la nominación de los candidatos a las alcaldías de su departamento en 2019, derivado de sus apoyo previos a la campaña del partido.
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