Desde que comenzó el debate han declarado 30 testigos y seis peritos. “La tesis que sustenta esta investigación se ha comprobado paso a paso”, mencionó a Prensa Libre el fiscal Carlos de León.
“Existe mucha expectativa. El transcurso del debate ha ido lento por la cantidad de sindicados”, añadió el fiscal.
El año pasado, el tribunal realizó audiencias todos los días durante cuatro meses. Después le asignaron más casos y el proceso se fue distanciando.
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Desde que comenzó el juicio ya suman 70 audiencias y la previsión de De León es que este caso se extienda en alegatos durante uno o dos años más.
Morales se pronuncia
“Hoy se celebra un año de estar en debate. Se celebran también 70 audiencias de debate más todas previas que se hicieron en la etapa intermedia, en la etapa preparatoria, la primera declaración, la orden de aprehensión y el allanamiento de mi casa”, mencionó.
“¿Por qué tenemos tanto recurso del Estado destinado a un caso que pudo haberse resuelto de manera administrativa?”, se cuestionó Morales Cabrera durante un receso.
Añadió: “Lo que más me preocupa es que estamos privando a miles de guatemaltecos de recibir justicia porque hay una mora judicial de un millón 200 mil casos”.
Exdiputada en silencio
Anabella de León, quien fue diputada del extinto Partido Patriota (PP) y dirigió el Registro, prefirió el silencio al ser consultada. “Mire soy una de las procesadas, no puedo opinar”, dijo.
Solo uno preso
La audiencia de hoy se centró en el pedido de libertad de los únicos dos sindicados que están tras las rejas: Edwin Ariel Garcia Alvarado y Otto Flores Villeda.
García era el subjefe del departamento de Compras en el Registro General de la Propiedad y Flores era conserje en el Congreso y devenga un salario también como conserje en la entidad que lleva control de todas los inmuebles del país.
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La resolución de los jueces favoreció a García Alvarado y le otorgaron arresto domiciliario sin alguna caución. El único que permanece en prisión en este caso es Flores Villeda, a quien le denegaron la petición de libertad condicional.
El caso
La acusación se centra en que durante la administración de la extitular del Registro General de la Propiedad, del Anabella De León, se autorizaron 16 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.
También se hallaron indicios de pagos anómalos por servicios y montajes de banquetes durante actividades, así como compra de canastas navideñas, los cuales no fueron realizados por esa entidad, lo cual significó un desembolso aproximado de Q300 mil.
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