El número es significativo, pues 450 agentes podrían prestar seguridad a todo el departamento de Alta Verapaz; es decir, juntos podrían formar una comisaría completa.
Las denuncias están relacionadas con abuso de autoridad, intimidación, agresiones, extorsiones, homicidio y narcotráfico, según los datos oficiales obtenidos de la PNC y la PDH.
El 13 de agosto del 2015, a las 19 horas, una llamada alertó a la Policía. Un microbús con una veintena de hondureños no videntes fue asaltado en el kilómetro 35 ruta al Atlántico. El grupo se dirigía a una competencia en Guatemala, cuando fue interceptado por un autopatrulla, según informes de la Inspectoría General de la PNC.
La aprehensión de Bayron René Pérez López, Juan Antonio Galicia Carrera, Leonidas Ruano y Wílber López Ixcaraguá se produjo el 16 de agosto, en las instalaciones de la estación policial de San Antonio La Paz, El Progreso.
Los atacantes fueron reconocidos por el piloto y uno de los pasajeros que tiene algo de visión. El caso irá a debate la próxima semana.
Este es uno de los 159 procesos contra policías denunciados en el Ministerio Público (MP) en el 2015, de los que se han logrado ocho sentencias.
Quienes trabajan en localidades con mayor comercio, con más población y en donde los mandos policiales están saturados de tareas y la supervisión se dificulta, los agentes son más proclives a cometer hechos ilícitos, reconoció Ronald Revolorio, de la Sección de Operaciones de la Inspectoría General de la PNC.
Otro factor, según Revolorio, que se suma a la facilidad para delinquir es la época en que un mayor número de policías se encuentra de turno, como Semana Santa y Navidad.
El mayor número de agentes detenidos proviene de Guatemala y Escuintla.
En la PDH
De las 40 denuncias registradas en la PDH, 17 fueron por abuso de autoridad e intimidación, y corresponden al departamento de Guatemala.
Las denuncias atendidas por la PDH reflejan que los ciudadanos tienen miedo a represalias si acuden a la Policía directamente.
“Las personas tienen temor de presentarlas en la propia Policía, por las represalias o porque consideran que no le darán importancia a la denuncia”, comentó la procuradora adjunta Hilda Morales.
La mayoría de las acusaciones está relacionada con abuso de autoridad. En varios de esos casos cuando la Policía trató de imponer una sanción o hacer una captura, se justificó que la víctima había cometido un delito en flagrancia.
“Los sobornos son comunes. La Policía hace seguimientos y retenes ilegales”, agregó Morales.
Las denuncias en la PDH reflejan que cuando la gente se opone, es golpeada y maltratada. Otras revelan conducciones arbitrarias, incluso por policías ebrios.
En la institución también han ocurrido casos de acoso sexual.
Morales recordó que antes de ser procuradora adjunta, acompañó el caso de tres mujeres policías que denunciaron el acoso de un superior. La investigación determinó que el jefe no incurrió en ninguna falta y el resultado fue que las tres denunciantes fueron trasladadas a distintas comisarías.
A finales del 2015 había en el país 37 mil 23 policías, 8.6 por ciento más que en el 2014, indica el Informe Anual Circunstanciado de la PDH del 2015.
La cifra parece abultada, pero si se toma en cuenta el número de agentes suspendidos, los de vacaciones, quienes prestan servicios a funcionarios y diputados —dos mil 173—, la cifra se traduce en dos policías por cada mil habitantes.
Alerta roja
Catorce estructuras criminales integradas por policías fueron desarticuladas el año pasado, aseveró Carlos Tohoom, inspector general de la PNC.
El fortalecimiento de la Oficina de Responsabilidad Profesional y de la Inspectoría General es indispensable, opinó el exministro de Gobernación Carlos Menocal.
“Se ha desbordado la ausencia de controles internos. Eso provoca que la autonomía de los policías en las calles sea cada vez más fuerte”, agregó.
Menocal explicó la debilidad de la Policía como “descuido” de la relación entre la Inspectoría General y el MP para investigar las estructuras dentro de la entidad, el Sistema Penitenciario y la Dirección de Migración. A principios del 2010, se puso en marcha un convenio con este objetivo.
“El número es una alerta roja que refleja que hay una acción constante de ilícitos dentro de la Policía”, aseveró el exfuncionario.
Reglamento antiguo
Han pasado 13 años desde que, en el 2003, el último reglamento disciplinario de la PNC, el acuerdo gubernativo 420-2003, fue emitido.
La validación de la nueva propuesta del reglamento disciplinario está en el tintero desde el referido año.
La nueva propuesta contiene cuatro puntos medulares, explicó Juan Carlos Ríos, coordinador del eje de control interno de la Comisión de la Reforma Policial, además de endurecer las sanciones.
Se creará el Consejo Superior Disciplinario de la PNC. Los procesos administrativos serán separados de los penales. Aunque un policía sea absuelto en una corte, recibirá la sanción administrativa.
Un oficial, no importa el lugar del país en que se encuentre, sancionará a cualquier subordinado fuera de su jurisdicción. Ahora, por ejemplo, un comisario de Quetzaltenango no puede castigar a un agente de San Marcos.
La destitución podrá iniciarse al abrirse el proceso penal, y no esperar hasta la condena.
Queda pendiente por aprobar la nueva ley de la PNC y crear la Subdirección General de Incorporación y Mejoramiento del Proceso de Selección. Esta última fue propuesta para recibir las aplicaciones y encargarse de incorporar a los mejores aspirantes, explicó la ex comisionada presidencial para la reforma policial Adela de Torrebiarte.
De acuerdo con Tohoom, la inspectoría a su cargo cuenta con una nueva división de análisis estratégico que investiga a quienes trabajan allí.
El inspector general resumió que aunque la Policía escape a las leyes terrenales, “no puede escapar de la ley divina”.
