La defensa argumentó que Torres ha pasado cuatro meses en prisión preventiva, de esos ha estado 83 días en sanatorios.
Por su parte, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) esgrimió que existiría obstaculización de la averiguación de la verdad si Torres sale de prisión porque hay testigos que fueron sus subordinados y podría irlos a buscar.
Lourdes Magaly Samayoa San Juan abogada de la expresidenciable expuso ante el juzgado de Mayor Riesgo E que las condiciones que causaron la prisión preventiva cambiaron porque se especificó que era porque podría influirse en testigos “durante la investigación” y la fase de averiguación de la fiscalía concluyó.
“Se había establecido que había declaraciones de testigos y que pudiese en determinado momento presumirse que mi patrocinada -Sandra Torres- pudiera influir para que los testigos se comportaran de una manera desleal, esto fue manifestado por la fiscalía del Ministerio Público. La juzgadora -Claudette Domínguez- en aquella oportunidad que a su juicio sí estaba el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad y dijo que ese peligro está latente durante el tiempo de investigación”, expuso Samayoa San Juan.
La abogada de Torres citó la argumentación del fallo de Claudette Domínguez jueza de Mayor Riesgo A cuando resolvió la prisión preventiva.
Fernando Aldana fiscal de la Feci en la audiencia aclaró que “no han variados las circunstancias por las cuales se dictó prisión preventiva” debido a que la fiscalía considera que hay peligro de la investigación porque hay testigos que declararon y podrían ser buscados por Torres.
“Cada uno de estos testigos existe y existió una subordinación sobre ellos, una relación de poder y hay un peligro a que se puedan buscar a estos o que estos puedan entrar en temor y se comporten de una manera desleal y el Ministerio Público se pueda quedar sin elementos de investigación”, argumentó el fiscal.
Los testigos que han declarado ante la Feci son: Ronaldo Robles, Carlos Menocal, Gustavo Andrés Alejos Llansa, Roberto Rosales Sánchez, Jaime Eduardo Farach, Karin González Rímula y Jorge Ricardo Arévalo Solórzano.
Al final, Eva Recinos, jueza de Mayor Riesgo E, consideró que las condiciones que motivaron la prisión ya cambiaron y la argumentación de la Feci fue “subjetiva”.
Sobre la obstaculización de la averiguación de la verdad que expuso el MP, Recinos dijo que las circunstancias variaron porque esos dos testigos ya no tienen vinculación con la UNE y que, si bien la fiscalía señala que hay cinco testigos más, no ha dado un medio de investigación para que el juzgado determine que las circunstancias variaron.
Luego de la resolución, hubo quema de cohetillos afuera de la Torre de Tribunales.
“Le doy gracias y confió en Dios y confío en la justicia. No le debo nada a nadie”, se limitó a decir Torres en rueda de prensa.
En la sala de audiencias los familiares de Torres se abrazaron y hubo algunos miembros de la UNE presentes, entre ellos el diputado Carlos López Maldonado, hijo del exlegislador Carlos López Girón quien se encuentra prófugo.
Ahora, Torres deberá permanecer dentro del departamento de Guatemala -la defensa pidió sin éxito que ella pudiera movilizarse en todo el país- y deberá presentarse en la sede del MP registrar su huella dactilar.
Torres está procesada por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por Q5.9 millones de la campaña de 2015.
Según el Juzgado de Mayor Riesgo A, la exaspirante presidencial consintió al menos siete aportes de dinero para la la UNE y que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que la ligó a proceso el 16 de octubre último.
Polémica
El caso Financiamiento UNE lo conoce de manera titular el Juzgado de Mayor Riesgo A, pero debido a que entró a periodo vacacional el sustituto fue el juzgado que preside Recinos.
La defensa de Torres interpuso un amparo para solicitar una audiencia de revisión de medidas de coerción y la Sala Primera de Mayor Riesgo lo otorgó de manera provisional.
El Juzgado de Mayor Riesgo E programó para el 8 de enero la audiencia en que Torres solicitó arresto domiciliario, justo se celebró esa reunión un día antes que el Juzgado de Mayor Riesgo A regresara de vacaciones, además; antes había programado esa audiencia para el 17 de enero próximo, pero se adelantó.
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