Muadi fue sentenciado a 30 años y ocho meses por tres delitos: lavado de dinero, 13 años y cuatro meses más multa de Q4 millones 376 mil; asociación ilícita, nueve años y cuatro meses, y peculado, ocho años y una multa de 40 mil. Esa sentencia le prohíbe ejercer cargos públicos durante 50 años.
Pero la Sala Segunda anuló dos delitos, lavado de dinero y asociación, por lo que solo quedó vigente la pena menor.
Así, la reducción de la pena es de 22 años y ocho meses.
El Tribunal Octavo, que emitió la condena en marzo de 2020, expuso que hubo “participación coordinada” de Muadi con personal del Congreso y de la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A., de cual él era el accionista mayoritario, para contratar personal que no laboró. Gracias a esa operación Muadi sustrajo Q4.3 millones por plazas de personas que contrató en el Legislativo.
Este es el tercer caso reciente en el que la Sala Segunda ha resuelto a favor de los procesados. En diciembre anuló el caso en primera instancia contra Armando Escribá, exdiputado vinculado con empresas constructoras que tuvieron contratos millonarios, y caso Fénix, por lavado de dinero luego del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.
