La medida que otorgó arresto domiciliario a Stalling, emitida el pasado 30 de marzo, no había cobrado vigencia por una acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que señalaba posibles errores de procedimiento en el fallo.
La Sala rechazó lo manifestado por la Cicig y así se confirmó la decisión de permitir a la funcionaria salir de la cárcel para mujeres Santa Teresa, zona 18, y volver a su vivienda.
Stalling es procesada por posiblemente haber cometido tráfico de influencias en favor de su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien figura como acusado en el caso de corrupción IGSS-Pisa, por la supuesta contratación irregular de la Droguería Pisa para dar tratamiento a enfermos renales afiliados al Seguro Social.
La Sala, integrada por los magistrados Jaime González, Beyla Estrada y Edith Pérez, considera que no existe peligro de que la funcionaria se fugue o que perjudique el desarrollo de la investigación en su contra.
La decisión se tomó por votación de dos en contra de uno, ya que para Estrada sí existe riesgo para el proceso si Stalling permanece en libertad.
En el fallo se indica que la magistrada puede recuperar su libertad al cancelar una fianza de Q300 mil en la Tesorería del Organismo Judicial.
La resolución, que rechaza lo manifestado por la Cicig, puede ser impugnada en la CSJ y la Corte de Constitucionalidad por medio de apelaciones y amparos.
Suspendida
La funcionaria goza de la suspensión en el ejercicio de sus funciones en la CSJ, con goce de salario, mientras resuelve su situación jurídica, según las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, vigentes desde el 2016.
En la normativa no se estipula un plazo límite para la situación que afronta Stalling.
La Ley contra la Corrupción determina que el delito por el cual Stalling afronta a la justicia consiste en el aprovechamiento del ejercicio de un cargo público, por medio del cual la persona que ostenta una posición en la administración obtiene beneficios que no están contemplados en la ley, ni por la función que se desempeña.
Para ese delito se establece una pena de prisión que va de dos a seis años y la inhabilitación para optar o ejercer cualquier cargo público.
Stalling tiene un amplio historial en el servicio civil, el cual contempla haberse desempeñado en la Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública Penal, que fue la entidad que dejó para ocupar una plaza como magistrada en la CSJ para el período 2014-2019.
