Los magistrados Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, Roaldo Isaías Chávez Pérez y Eduardo Galván Casasola rechazaron la acción del exministro y del que fue su viceministro, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, hallado culpable de fraude y cuya pena fue de ocho años y seis meses de prisión.
La sentencia fue dictada el 20 de septiembre del 2018 por el Tribunal Noveno Unipersonal Penal, a cargo de Carlos Ruano, quien consideró que haber arrendado vehículos blindados por medio un procedimiento de excepción –sin cotizar– no era legalmente procedente debido a que no se cumplían con las condiciones reguladas por el Ley de Contrataciones del Estado, y no era coherente con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
El caso
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los exfuncionarios estuvieron involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos, por un monto total de Q32 millones 700 mil 491.09, entre 2014 y 2015.
La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.
Segunda condena
El pasado 17 de mayo López Bonilla fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión y a una multa de Q62 mil 500 por peculado por uso y fraude en el caso Patrullas fase II. La sentencia fue dictada por el Tribunal Octavo Penal.
López Bonilla habría autorizado las reparaciones inexistentes que derivaron en un desfalco de Q44.5 millones de 2012 a 2015.
Con esta sentencia, el exministro suma 22 años y tres meses de prisión.
Otros procesos contra el exministro
López Bonilla fue detenido el 11 de junio del 2016 y procesado en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, que tiene también en prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti -condenada a 15 años y seis meses de cárcel por el caso Agua Mágica-.
Está procesado por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y cohecho pasivo, este último es por supuestamente haber entregado miles de quetzales en los años 2012, 2013 Y 2014 al excolaborador eficaz del MP Juan Carlos Monzón para la compra de regalos ostentosos en los cumpleaños de Baldetti y Pérez Molina. Esta investigación fue denominada la Cooperacha.
Además, la Fiscalía contra la Corrupción tiene abierta otra pesquisa contra López Bonilla por el supuesto fraude de Q13 millones relacionado con supuestas irregularidades en los contratos de arrendamiento con opción a compra de la plataforma Appliance, un equipo con tecnología para la planificación, gestión y análisis de recursos de gobierno y la automatización de procesos de gestión institucional. La cartera de Gobernación efectuó el pago sin que recibiera el equipo que establecía el contrato.
Por último, el hombre de confianza de Pérez Molina deberá ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico después de la sentencia del Tribunal Tercero Penal del 30 de agosto del 2017.
Los indicios que enviaron las autoridades estadounidenses se centran en que López Bonilla “facilitó el comercio de drogas en el territorio nacional y evitó las capturas de narcotraficantes”. El requerimiento es para comparecer en la corte del Distrito de Columbia por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.
Los nexos son por la vinculación con los narcotraficantes mexicanos los Zetas.
