De esa cuenta, una apelación interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) fue rechazada.
El planteamiento de la Feci es que Baldizón, quien fue deportado de EE. UU. luego de haber cumplido una condena por lavado de dinero, es que el también exdiputado fuera investigado por cuatro delitos, pero el recurso no fue otorgado con lugar.
Tras la resolución de la Sala, en el caso Transurbano Baldizón solo será investigado por financiamiento electoral ilícito y se confirma la falta de mérito por asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado.
En octubre de 2022, Baldizón fue ligado a proceso en el caso Transurbano, que se ventila en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Virginia de León.
En esa oportunidad el MP confirmó que Baldizón quedó ligado a proceso penal por financiamiento electoral ilícito; sin embargo, “la jueza lo benefició con falta de mérito por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado”, por lo que apelaron el fallo.
En diciembre del 2018, la Feci explicó el entramado de empresas de cartón que habría usado el excandidato presidencial en las campañas presidenciales de 2011 y 2015.
Según la Feci, Baldizón creó “todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales”.
Las autoridades lo señalan de supuestamente financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de la empresa estatal de transporte Transurbano.
Baldizón, quien se declaró culpable en EE. UU. de lavado de dinero y que en Guatemala enfrenta procesos penales por los casos Transurbano y Odebrecht, abandonó el 11 de enero pasado la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, donde guardaba prisión preventiva desde el 5 de octubre del año pasado cuando Washington lo deportó.
Baldizón, quien en el presente evento electoral intentó postular como candidato a diputado, obtuvo la libertad luego de haber pagado Q1.8 millones de caución económica, la cual fue impuesta por dos jueces del Organismo Judicial (OJ) que lo beneficiaron con el arresto domiciliario.
El juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió el 9 de enero otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial en el caso Odebrecht.
